ESTE 27 de agosto se adelantará un debate de control a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y al director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, a fin de que respondan sobre cómo va el proceso de tierras en Colombia, qué inversiones ha hecho el Gobierno nacional en esta materia. Al respecto, los citantes al debate, el senador Richard Fuelantala del Partido de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), y senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, indagarán por presuntas irregularidades frente a la compra de tierras.
Inicialmente, el senador Fulantala explicó que “el Gobierno ha invertido $6,7 billones de pesos en compra de tierras para los dos años, es decir 2023 y 2024. Pero según lo reportado, los avances en la compra de tierras son mínimos, según el contador oficial de la Reforma Agraria, se han comprado cerca de 100.000 hectáreas, y hasta marzo de este año llevaban compradas 80.000 hectáreas, gastando solo $400.000 millones de pesos. Entonces quedan muchas dudas, ¿Dónde está la plata?, ¿qué pasó con la plata de la Reforma Agraria?, y ¿dónde está esa tierra?”
Posteriormente, el senador agregó que “los cuestionamientos también se extienden a la compra de tierras porque se han comprado tierras en los departamentos de Vichada y Meta, donde se encuentran cerca del 70% de los terrenos, pero su densidad poblacional es muy poca. Mientras que en el departamento de Cundinamarca no se ha comprado ni un solo predio y es uno de los departamentos donde más campesinado hay en Colombia o Nariño y Antioquia”.
Asimismo, el senador advirtió que “hay unos escándalos con cerca de 40 predios que tienen serios cuestionamientos, por presuntos testaferros, especulación inmobiliaria, baldíos y adquisición de terrenos no productivos. Ahora, la ley de jurisdicción agraria busca aplicar mecanismos para tierras en conflicto especialmente en la restitución para campesinos que tuvieron terrenos pero que los perdieron en el marco del conflicto armado, por los fenómenos de violencia, o por desplazamiento forzado”.
La senadora, Isabel Zuleta, del Partido Pacto Histórico, explicó sobre el particular que “no solo son las fincas de la mafia en manos de campesinos, sino las fincas de los corruptos que ahora, en este Gobierno del Cambio, del presidente Gustavo Petro, llegan a las manos de los que más sufren con la corrupción, los más vulnerables”.
El Congreso advierte
Este Diario, consultó con los congresistas de diferentes partidos, sobre el ambiente para la discusión de la ley de jurisdicción agraria que el Gobierno va a llevar al Legislativo. Los parlamentarios advirtieron al respecto que se debe conocer inicialmente la propuesta, pero que la ley debe abarcar aspectos importantes en materia social.
Al respecto el senador Ariel Ávila explicó que “el tema agrario en Colombia ya tiene dos artículos aprobados en el Plan de Nacional de Desarrollo PND, y las figuras administrativas que permiten la compra de tierras para después entregarla a los campesinos, así que tal vez lo único que tengamos que hacer sean ajustes para que esos mecanismos funcionen más rápido. Ahora, para hacer esos ajustes en el marco de reforma, se requiere un proyecto de ley que ya fue anunciado por el Gobierno”.
No obstante, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático señaló que “el agro todo representa entre el 4% y el 7% del PIB, que con eso no se va a solucionar el problema de la pobreza. El problema no es sí la equidad de la tierra es suficiente en el país, el problema es si la entrega de tierras genera los desbalances que vive Colombia. No estoy de acuerdo con la idea de un derecho autónomo agrario que rompe un gran legado que ha construido que es todo el derecho civil. Por el contrario, se podría adicionar el derecho civil con algunas normas que agilicen y faciliten la resolución de problemas agrarios y que requiere la existencia de jueces promiscuos y jueces itinerantes que estén en todos los municipios, y que nada tiene que ver con las normas aplicables”.