EL presidente Iván Duque le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se dé apertura a un nuevo macrocaso que adelante una investigación frente a los crímenes cometidos contra miembros de la Fuerza Pública en el país, por parte de grupos armados al margen de la ley.
De acuerdo con el mandatario, las principales causas por las que se solicitó esta nueva apertura fueron los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), principalmente en el factor de participación en la guerra, por cuanto se efectuaron distintas medidas extramilitares que afectaron la integridad de los uniformados como el secuestro, la tortura y la violencia sexual, y se evidenciaron las condiciones de salud física y mental tanto del retenido forzadamente como de las familias.
Vale mencionar que la privación de la libertad usada por la anterior insurgencia tenía como propósito obtener réditos económicos para financiar sus actividades ilícitas como el narcotráfico o nuevo armamento. De igual manera, aspectos como el uso de minas antipersona y otro tipo de artefactos explosivos también fue parte de una estrategia planificada por las estructuras criminales para atentar contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Adicionalmente, el Presidente indicó que con la apertura de este macrocaso, se podría concretar la “anhelada” reparación y no repetición para las víctimas, un aspecto en el que no se ha cumplido formalmente.
En su pasada visita a la Corte Penal Internacional, el Mandatario se comprometió a que “la Jurisdicción siga ejerciendo sus responsabilidades y construyendo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición como los elementos que deben otorgar a todos los colombianos la confianza para una verdadera derrota de la impunidad en nuestro país”.
Cabe recordar que la Sala de Reconocimiento de la JEP anunció una convocatoria para que las organizaciones de víctimas participen en las audiencias públicas, donde podrán socializar sus propuestas sobre nuevos macrocasos que consideren deba abrir la entidad. Sin embargo, el Gobierno nacional también instó a la Jurisdicción a considerar estos casos, en búsqueda de la verdad sobre el conflicto armado que vivió Colombia durante cinco décadas.
Delitos ambientales
Otras entidades del Gobierno también han expresado sus propuestas de macrocasos que debe considerar la JEP. Inicialmente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó el mes pasado investigar, sancionar, esclarecer y reparar por los graves crímenes ambientales cometidos por las Farc durante el conflicto armado.
Mediante una carta, el director Camilo Gómez Alzate invitó a la Jurisdicción a iniciar un macroproceso encaminado a la sanción de los graves delitos ambientales que cometieron las Farc antes del 1 de diciembre de 2016.
“Es de público conocimiento que las Farc perpetraron, durante muchos años y de manera sistemática, atentados terroristas que afectaron gravemente el medio ambiente, ataques contra la infraestructura petrolera que produjeron enormes derrames de crudo, atentados con cilindros de gas que causaron grave daño ambiental”, señaló la Agencia.
Agregó que las Farc actuaron de la mano del narcotráfico, siendo cómplices de la deforestación sistemática, protegieron los laboratorios de procesamiento de drogas, “participando directa o indirecta en el vertimiento de miles de toneladas de insumos químicos sólidos y millones de litros de químicos vertidos en los ríos”.
Otras peticiones
Por su parte, la Procuraduría General solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad la apertura de cuatro macrocasos con relación a desaparición forzada, violencias basadas en género, desplazamiento forzado y medios y métodos de guerra ilícitos.
En la petición, el Ministerio Público incorporó un análisis cualitativo y cuantitativo de cada uno de los hechos victimizantes que se recopilaron de diferentes fuentes de información, incluidas instituciones del Estado y las organizaciones de víctimas que pidieron a la Procuraduría intervenir ante la JEP para que se materialice la selección de estos nuevos macrocasos y se cumpla con la obligación de juzgar los graves crímenes internacionales.
El ente de control advirtió que los hechos de desaparición forzada ocurridos en el marco del conflicto armado afectaron a más de 80 mil víctimas, constituyéndose en una práctica sostenida y deliberada por parte de los diferentes actores que son competencia de la JEP y que, a la fecha, registran altos índices de impunidad. Finalmente, se espera también la apertura de un macrocaso respecto a la reparación del pueblo étnico del país.