La organización Human Rights Watch (HRW) criticó a los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Andrés Manuel López Obrador (México) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) por su propuesta de realizar nuevos comicios en Venezuela a raíz de múltiples denuncias de fraude.
Como se sabe, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro vencedor con el 52% de los votos, aunque sin publicar el detalle del resultado, y éste a su vez fue convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La ONG señaló que "repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico”.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas, también expresó su preocupación por otras dos propuestas, como la de confiar en el Tribunal Supremo de Venezuela para resolver el resultado de las elecciones y la de conceder una “amnistía general”.
"En lugar de proteger el derecho de los venezolanos a participar en elecciones libres y justas, el Tribunal ha desempeñado un papel destacado en el debilitamiento del proceso electoral de 2024. En enero de 2024, el Tribunal confirmó la decisión de impedir que Machado, así como Henrique Capriles, se presentaran a las elecciones. El Tribunal también ha nombrado en repetidas ocasiones a partidarios del gobierno para ocupar cargos de dirección en partidos de oposición como Acción Democrática, Primero Justicia y, más recientemente, el Partido Comunista de Venezuela, lo cual socava la autonomía de estos partidos políticos”, dijo Goebertus
En cuanto a la propuesta de una amnistía general, HRW explica que “los gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales. La Misión de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, al igual que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, ha documentado graves violaciones de derechos humanos en el país”.
Finalmente, sostienen que “la Misión ha identificado motivos razonables para creer que miembros del gobierno de Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios y torturas. Por otra parte, la Fiscalía de la CPI lleva a cabo, desde 2021, una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en el país”.