ACATE o no la citación que le ha hecho la Fiscalía, otra institución cooptada por el régimen, el presidente electo de Venezuela según las actas publicadas por la oposición, Edmundo González Urrutia, está en alto riesgo de ser encarcelado, como lo pidió Nicolás Maduro horas después de que fuera proclamado mandatario reelecto, pese a las fehacientes pruebas de fraude.

Alarmas encendidas y advertencias dadas no han menoscabado el intento de la dictadura de venezolana de judicializar tanto al exdiplomático y excandidato presidencial como a su mentora, la líder opositora María Corina Machado. Y, amparado por una validación y convalidación de su triunfo electoral, entregadas por otras dos de las instituciones a su servicio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maduro denunció un complot internacional contra su gobierno e instó a otro de sus incondicionales, el fiscal Tarek William Saab, a iniciar investigaciones penales contra González y Machado.

En esa directriz, la Fiscalía citó a declarar este lunes a González Urrutia, decisión que extendió para hoy martes y de seguro hará una tercera ante la previsible no presentación del excandidato, quién a través de la red social X ha denunciado que esta acción judicial se hace “sin garantías” ni “respeto” al debido proceso e, inclusive, sin establecerse las condiciones y motivos por los cuales fue citado.

A sus 74 años, forzado a “vivir en la clandestinidad” desde hace varias semanas, Edmundo González se enfrenta a la posibilidad de terminar en la cárcel, bien si acude a la comparecencia porque un fiscal del régimen tiene la potestad de ordenar su arresto inmediato e ‘in situ’ o también si no lo hace, ya que la ley venezolana contempla una orden de arresto cuando alguien ‘viola’ (no acata) una citación tres veces.

Desde que Maduro ‘instó’ a Saab a investigar penalmente a estas cabezas visibles de la oposición venezolana, les endilgó varios delitos bajo sus señalamientos conocidos de “conspiración” y “traición a la patria”. Así, fueron tipificados por el ministerio público como "usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración", según lo hizo público este fin de semana, al dar a conocer la citación a González Urrutia.

Sin embargo, tal y como lo destacó el llamado a comparecer en un video divulgado en la red social X, la misma no “precisa en que condición espera que comparezca (imputado, testigo o experto según la ley venezolana) y precalificando delitos no cometidos”.

Agregó González que la Fiscalía “me condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso", calificando a Saab de “acusador político”.

Como era previsible, el excandidato presidencial no se presentó este lunes a la Fiscalía, por lo que se expidió otra boleta que reza: "Citado por segunda vez Edmundo González para que asista este martes al Ministerio Público a las 10 de la mañana”.

El abogado Joel García, que defiende a opositores encarcelados, advirtió que "por todo ese catálogo de delitos que endilgan a González, la pena pudiese llegar a 30 años", la máxima en el país.

García denunció "vicios" en la citación, que convoca a González a "rendir entrevista" sin aclarar "en calidad de qué es citado".

"Pareciera que es imputado (...). Si es así (...), debe comparecer acompañado de su defensa. Entonces el citado va a los tribunales y en un tribunal de control se designa a su defensor y es cuando puede acudir", explicó el jurista a la AFP. "De no ser así, sería nula cualquier cosa que pudiese declarar", añadió.

Pero Maduro, que no desaprovecha ocasión ni tribuna para atacar a sus detractores, asegura que tanto González como Machado son “cobardes” al solo aparecer por internet, mientras que el fiscal Saab los responsabiliza por la violencia poselectoral que dejó 27 muertos -dos de ellos militares-, y casi 200 heridos. En la represión del régimen ya hay más de 2.400 detenidos, en su mayoría jóvenes, por el solo hecho de salir a las calles a pedir se respetase la voluntad popular expresada masivamente en el voto a favor del cambio encarnado en González y Machado.

Denuncia de un rector de CNE

En la antesala de cumplirse un mes de elección presidencial y en un ambiente tan tenso como incierto por la no publicación de las actas electorales que muestren el real triunfo de Maduro, en contraposición con las divulgadas por la oposición que son copias de las que tiene el CNE, uno de los cinco rectores principales de esa autoridad electoral, Juan Carlos Delpino Boscán, denunció la "falta de transparencia y veracidad" de los resultados oficiales del 28 de julio.

"Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial, señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados", sostuvo Delpino en un comunicado. "Carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados", subrayó.

"Lamento profundamente que el resultado y su reconocimiento no les sirvan a todos los venezolanos, que no dirima nuestras diferencias y no promueva la unidad nacional y que en su lugar subyace la duda en la mayoría de los venezolanos y en la comunidad internacional sobre los resultados", agregó.

Delpino considera que "el proceso se desarrolló con relativamente pocas incidencias". Sin embargo, tras el cierre de las mesas de votación "se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas, lo que constituyó una violación directa a los principios de equidad y de inobservancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas de votación, comprometiendo la legitimidad del proceso en esos centros de votación".

Además, destacó que, según los protocolos establecidos, "la transmisión de resultados debía hacerse inmediatamente al cierre de las mesas", pero "la transmisión fue interrumpida (...) por un presunto hackeo, habiendo silencio y una demora no explicada".

A las 21.00 horas del día de las elecciones se informó a Delpino de este presunto hackeo que redujo la transmisión a un 58 por ciento. "Ante el desalojo de testigos en no pocos centros, la falta de transmisión del código QR a los 'data center' de los comandos y la falta de solución efectiva al presunto hackeo, tomé la decisión no subir a la sala de totalizaciones y no asistir al anuncio del primer boletín", que daba a Maduro como vencedor con un 51%.

Delpino se negó posteriormente a asistir al acto de proclamación de Maduro como presidente electo, el 29 de julio, "manteniendo mi postura en desacuerdo con la falta de transparencia en el proceso".

El rector considera alerta además de "la falta de publicación oportuna de los resultados mesa por mesa (...) afectando la cadena de confianza de la auditoría y generando incertidumbre".

También se refirió al recurso de Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que presuntamente cotejó las actas con los resultados del sistema electrónico, tras lo cual convalidó la reelección del mandatario.

"Considero que la resolución del conflicto debe hacerse dentro del propio organismo comicial, convocando a los técnicos y peritos electorales a cotejar las actas que posee el CNE desde el día de la elección con las que tienen los diferentes comandos de campaña y que las mismas sean auditadas por veedores internacionales y certificadas de manera independiente" argumentó, argumentado en línea con la postura de la oposición.

Delpino, ahora también en la clandestinidad, enumeró otra serie de circunstancias que también habrían afectado a los comicios previos a la fecha de la votación, como la "preocupante falta de reuniones" del directorio del CNE "que impedía su funcionamiento efectivo", "se discutió el derecho al voto de los venezolanos en el exterior", el proceso de inscripción de candidatos con "falta de equidad en los horarios asignados a las organizaciones políticas" o el veto a la participación de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

Entre tanto, como era obvio, el CNE acató la sentencia del TSJ que “certificó de forma inobjetable" el material electoral peritado y, por tanto, "convalidó categóricamente" el triunfo de Maduro pero no alude a la requerida -nacional e internacionalmente- publicación de las actas electorales y, de seguro, se limitará a cumplir la orden de publicar los “resultados definitivos”. Es precisamente ese secretismo y misterio el que sostiene la duda sobre el fraude.

Este miércoles se cumple un mes de la elección presidencial de cuestionado resultado y, por ello, Machado instó a volver a marchar por las calles. El miedo, por la feroz represión del régimen, puede influir en este llamado.

La comunidad internacional, enfatizando la diplomacia y una posibilidad de diálogo de la dictadura con la oposición, dice seguir atentamente el desarrollo de la crisis poselectoral venezolana, así como hasta dónde será capaz de llegar Maduro y su entorno para acallar a sus detractores. Las líneas rojas se delimitaron. La incógnita es: ¿se respetarán?