La reiterada insistencia de la dirigencia del partido Farc en torno a negar que esa guerrilla tuvo como política reclutar niños, niñas y adolescentes (NNA), debería llevar a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a imponerles medidas severas que impliquen, incluso, penas de prisión.
Así lo consideran observadores desde distintas orillas políticas que condenaron de forma drástica lo que dijo el martes Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, presidente de la actual colectividad política, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.
El propio presidente Iván Duque advirtió este miércoles que si se quiere edificar la paz, debe ser sin impunidad, con legalidad, sanciones y reparación a las víctimas.
“Si queremos construir la paz, la paz tiene que ser sin impunidad y tiene que ser con legalidad, y se necesita la verdad incontrovertible, la justicia con sanciones ejemplarizantes, la reparación de las víctimas, frente a la cual también tienen que cumplir, y por supuesto, la no repetición”.
Duque sostuvo que “es realmente preocupante, es lamentable que en las últimas horas hayamos visto el testimonio de quien fuera el comandante militar de las Farc, y que dijera de manera descarada ante el país que las Farc nunca reclutaron menores, que las Farc nunca cometieron violaciones, y que nunca traficaron con drogas”.
Advirtió que “el país no necesita que se hagan procesos profundos de investigación para ver si esas tres conductas criminales se cometieron, porque se cometieron ante los ojos de toda la nación, y todos vimos a los niños instrumentalizados como máquinas de guerra en el territorio nacional”.
El presidente recalcó que “todo el mundo vio la sistematicidad en el reclutamiento de menores a lo largo de muchos años y así también el pueblo colombiano pudo apreciar por décadas esos vínculos y ese contubernio con los carteles y después con el propio ejercicio de narcotráfico por parte de esa organización”.
En la izquierda también hubo condenas a lo dicho por Londoño. Por ejemplo la representante por Bogotá, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, consideró en diálogo con EL NUEVO SIGLO que Londoño, “como uno de los gestores del acuerdo de paz, líder de las Farc, debe, está en la obligación de decir la verdad. No puede ser que a estas alturas de la fracasada implementación del acuerdo por parte del Gobierno nacional, el mismo ‘Timochenko’ desconozca situaciones como el reclutamiento de menores”.
“Decir la verdad es una obligación. Sin ella no hay paz. Recuerden que no reconocer los actos implica una pena de hasta 20 años de cárcel”, agregó.
Esto porque la Ley Estatutaria de la JEP (Ley 1957 de 2019) establece las sanciones que impondrá van desde restricciones de la libertad hasta penas de prisión de 20 años.
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Las sanciones ordinarias, artículo 130 de la Ley 1957, se impondrán a quienes comparezcan ante la JEP y no reconozcan verdad y responsabilidad. “Estas sanciones cumplirán las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad”, señala la norma.
Las privaciones efectivas de la libertad previstas en las sanciones ordinarias que impondrá la JEP no serán inferiores a quince 15 años ni superiores a veinte años, en el caso de conductas muy graves.
Más condenas
Para la también representante capitalina Ángela Sánchez, de Cambio Radical, “es indignante que no se acepte lo que ya toda la sociedad colombiana conoce, a través de denuncias públicas e incluso con informes hechos por la misma JEP”.
Sánchez le recordó a este Diario que “desde hace varios años he trabajado por los NNA víctimas. Ellos esperan verdad, justicia y reparación. Este tipo de declaraciones los revictimiza y dilata aún más la paz que todos anhelamos”.
“Las Farc no pueden negar este macabro accionar que sepultó el sueño de los niños y niñas que fueron víctimas de sus tácticas de guerra”, declaró, añadiendo que “el país necesita y demanda la verdad”.
Desde el Centro Democrático, el representante por el Valle del Cauca, Milton Angulo, se preguntó “¿qué sentirá una víctima que ha sido reclutada, abusada sexualmente y como si fuera poco le han inducido el aborto de su hijo, viendo a sus victimarios en el poder hablando de moralidad, en impunidad y negando los crímenes que destruyeron sus vidas?”.
A su vez, la representante por Antioquia, Margarita Restrepo, copartidaria de Angulo, apuntó que “los principales enemigos del proceso de La Habana son las mismas Farc, al no reconocer sus crímenes”.
Sí era política
Según se conoció ayer, en su versión ante la JEP Londoño sostuvo que “sobre esas situaciones en particular no tengo ningún conocimiento, porque no hacía parte de la política de la organización. Por lo tanto, no tengo registros de ese tipo de procedimientos”.
Paradójicamente, esa declaración se contradice con lo manifestado con otros jefes guerrilleros desmovilizados, como Martín Vega (‘Rubín Morro’), quien dijo que “con profunda tristeza me permito manifestar ante el pueblo colombiano que nos equivocamos y que el ingreso de menores a las filas guerrilleras fue un error político que hoy lamentamos y por el cual pedimos perdón a las víctimas”.
Es más, el propio Londoño había pedido, antes de comparecer ante la JEP, “perdón por las conductas que miembros de nuestra extinta guerrilla hubieran podido cometer en estos asuntos”, es decir en lo referente a “nuestra política de ingreso, nuestra política del cuidado, y de la salud sexual y reproductiva”, anotando que “eso nunca debió haber ocurrido”.
Como se sabe, el 6 de marzo de 2019 la JEP abrió el Caso 007 que abarcará hechos de reclutamiento y utilización de NNA en el conflicto armado que ocurrieron entre el 1 de enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016.
La hipótesis inicial que tiene la JEP en la investigación del reclutamiento de NNA se basa en que este delito sí era una política de las Farc. De hecho vinculó al caso a 37 de sus jefes y citó a rendir versión voluntaria a 14 de ellos.
Dicha hipótesis está planteada en el auto 029 la Sala de Reconocimiento de Verdad:
“La incorporación de niñas y niños a las filas de los grupos armados, o su utilización en actividades propias del conflicto, fue una política orientada a incrementar la capacidad militar de las Farc-EP, apoyar sus necesidades de operación como grupo armado, asegurar el desarrollo de sus actividades y, en consecuencia, el conflicto armado influyó en la determinación y la capacidad del autor para cometer la conducta”.
La política –agregó- quedó definida en la VII Conferencia de las Farc, reunida entre el 4 y el 14 de mayo de 1982, en la que se especificó que los reclutados debían tener entre 15 y 30 años.
En el auto se precisó que no hay información que indique que esa política fuera modificada posteriormente, en cambio sí se puso de presente que para la JEP existe evidencia sobre que “la directriz de incorporar a sus filas personas con mínimo 15 años de edad no fue respetada por el grupo armado, y que casi la mitad de los niños y niñas que se tiene registrado que ingresaron a las filas de este grupo armado, fueron vinculados antes de los 15 años”.
Apuntó, además, que “al tratarse de una política decidida por los más altos estamentos del grupo armado o, en todo caso, una práctica sistemática adoptada al parecer con su consentimiento de acuerdo con la información con la que se cuenta hasta el momento, sus posibles autores influyeron decididamente en otros miembros de la organización para concretar las violaciones generadas con el reclutamiento”.
Reclutamiento de NNA
El 16 de julio de 2018 la Fiscalía llevó a la JEP dos documentos, uno de ellos correspondiente a los procesos adelantados por vinculación y utilización forzada de NNA.
Según lo documentado por la Fiscalía, la vinculación y utilización de NNA se convirtió en una estrategia funcional a los objetivos políticos-militares de las Farc, que continuamente requería el engrosamiento de sus filas.
Las Farc usaron la violencia física y las amenazas hacia los menores y sus familiares. En otros casos, también se aprovecharon de la inmadurez de los menores y de las difíciles condiciones socioeconómicas y familiares que atravesaban, haciendo uso de estrategias persuasivas y de engaños para lograr su incorporación.
En cualquier caso, la vinculación de menores fue un hecho violento que siempre tuvo latente la amenaza de fusilamiento a aquellos que consideraran desertar. La Fiscalía cuenta con 4.219 investigaciones atribuibles a las Farc en todo el país por delitos relacionados con lavinculación y utilización de 5.252 NNA, por los cuales hay 5.043 procesados.
Con respecto al sexo de las víctimas, se estableció que 3.350 son hombres y 1.790 mujeres. Aunque tuvieron un porcentaje menor de victimización, las niñas sufrieron delitos graves contra la libertad y formación sexual.
En lo que tiene que ver con la edad de vinculación de NNA a las Farc, se encontró que la edad más recurrente corresponde a los 14 años. Sin embargo, hay que señalar que en total se encontraron 910 víctimas entre 10 y 14 años.
De otra parte, los diez departamentos que concentra el 77% de las investigaciones son Meta (23%), Antioquia (11%), Guaviare (11%), Putumayo (9%), Caquetá (7%), Tolima (3%), Cauca (3%), Cundinamarca (3%), Chocó (3%) y Nariño (3%).
Simultáneamente, existe otra información que aunque no puede ser usada judicialmente confirma la anterior.
Se trata del Informe Génesis, compilado por el Grupo de Reconstrucción Documental Histórica del Ejército, bajo la coordinación de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, que le fue entregado a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad el 27 de agosto de 2018.
Con base en información extraída de computadores, memorias extraíbles y documentos físicos, se puede establecer una sucesión de decisiones, como por ejemplo la divulgada por el órgano de propaganda Resistencia, en su edición Nº 65, de agosto de 1971 que sobre las conclusiones de la IV Conferencia Nacional Guerrillera, celebrada entre el 20 y el 29 de abril de ese año, reseñó que “la guerrilla crecerá si nos lo proponemos y por esto esta IV Conferencia reclama la incorporación de nuevos contingentes de muchachos a las filas de las Farc. De hoy en adelante nuestra política es de crecimiento en todos los sentidos y desdoblamiento hacia la creación de nuevas columnas para golpear en dirección de los centros nerviosos del sistema”.
Proceso en la JEP
En la convocatoria hecha a los jefes desmovilizados de las Farc, la JEP planteó que "es la primera vez en la historia del país que el máximo comandante de las extintas Farc comparece ante la justicia a rendir cuentas por el reclutamiento de menores", exponiendo la expectativa que Londoño habría tenido "que hablar de la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de niños y niñas y adolescentes en las Farc".
El 19 de agosto la JEP empezó a escuchar las versiones de 15 excombatientes que ostentaron puestos de mando en las Farc sobre el reclutamiento forzado de NNA, una violación sistemática, masiva y dolorosa que ha vivido la niñez colombiana.
Esas primeras 15 versiones recogidas por la Sala de Reconocimiento de Verdad tienen como objetivo ahondar en las decisiones que se tomaron desde las directivas de las Farc frente al reclutamiento de NNA menores de 18 años. Por eso, entre los primeros citados se encuentran los exintegrantes del Estado Mayor Central y el Secretariado entre 1978 y 2007.
Una de las razones que tuvo en cuenta la magistratura para convocarlos a la primera ronda de versiones tiene que ver con la posibilidad real que tuvieron estos jefes guerrilleros de influir en la toma de decisiones relacionadas con el reclutamiento, como régimen de vida y disciplinario, sanciones y definición de instancias de control. Esto, en la medida que la gran mayoría participó de las VI, VII, VIII y IX Conferencias Nacionales Guerrilleras y los Plenos del Estado Mayor Central de 1997 y 2000, donde se perfiló esta práctica.
Las sesiones se hacen a puerta cerrada y, además de los comparecientes y los magistrados, solo las víctimas que están acreditadas ante la justicia transicional pueden escuchar lo que suceda allí.
Lo es claro es que diversas organizaciones protectoras de derechos humanos han volcado sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición años de investigaciones e informes sobre lo sucedido en los años de violencia.
Entre estos grupos está la Coalición contra la Vinculación de Niñas, Niños y Jóvenes al Conflicto Armado (Coalico).
“Estamos aquí, apostándole a la JEP, pensando que no fue la justicia ordinaria la que permitió llegar a los responsables de crímenes de reclutamiento. No fue a través de la justicia ordinaria que se mandó un mensaje claro de que esto no debería pasar”, le expresó a la Agencia Anadolu la coordinadora de la secretaría técnica de Coalico, Hilda Molano.
La experta enfatizó que Colombia está ante violaciones sistemáticas, masivas y muy complejas en escenarios donde la justicia no funciona en el caso a caso. Por eso la apuesta por los escenarios transicionales.
“Queremos encontrar dentro de la justicia lo que es sancionable. No podemos simplemente pasar la página y decir: perdonamos y aquí no ha pasado nada, sino que reconocer que hubo cosas, como el reclutamiento y la utilización de niños y niñas, que no debieron pasar y que aquí hay una responsabilidad”, subrayó Molano.
Grupos armados siguen enrolando niños
Mientras la JEP busca adentrarse en las causas del doloroso crimen, la utilización de NNA por parte de grupos armados en Colombia va en ascenso.
“Hemos registrado un aumento del reclutamiento forzado desde el segundo semestre de 2017. La reconfiguración de los actores armados que quedaron en los territorios ha hecho que aumente el fenómeno”, explicó Julia Castellanos, coordinadora del observatorio de niñez y conflicto armado de Coalico.
En el primer semestre de 2020 la Coalición registró al menos 40 eventos de vinculación y reclutamiento en los que se vieron afectados al menos 190 NNA.
Las cifras, advirtió la organización, son apenas un reflejo de la realidad. “Sabemos que el subregistro es muy alto, más en una coyuntura como esta en la que es tan difícil registrar los hechos”, le indicó a la Agencia Anadolu la coordinadora de la secretaría técnica de Coalico, Hilda Molano. La pandemia del coronavirus y el aumento de la violencia en diversas zonas rurales hace difícil tener registros claros.
6.377 menores recuperados
Desde 1999 hasta agosto del 2017 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) registró que 6.377 NNA fueron recuperados de los grupos armados ilegales en Colombia, siendo el 30% víctimas femeninas.
De los NNA “que fueron recuperados de los grupos armados 30,9% de la población denunció maltrato, el 66,8% de los niños, niñas y adolescentes fue golpeado por lo menos en alguna oportunidad en su infancia, y para una cuarta parte de ellos y ellas los golpes fueron una práctica frecuente”, según el informe.
Quienes han ingresado al programa de restablecimiento del ICBF, dieron cuenta del grupo por el que fueron reclutados: en primer lugar están las Farc (51%), Eln (43%), grupos armados organizados, GAO (8%) y Los Pelusos, disidencias del Epl (5%).
Evolución de la práctica en el tiempo, según la JEP
- VI Conferencia Nacional Guerrillera (1978). Las Farc funcionan como un ejército revolucionario con unidad de mando y objetivos. Como se desplegaron con frentes en los territorios, empezaron a incorporar un mayor número de combatientes y a adoptar normas sobre cómo debía hacerse dicha vinculación.
- VII Conferencia Nacional Guerrillera (1982). La organización crece de 24 a 48 frentes y se aprueban los estatutos en los que se fija la edad de reclutamiento entre los 15 y los 30 años. En las evidencias allegadas a la Sala, sin embargo, se encuentra que hubo una cantidad representativa de menores de 15 años vinculados.
- Pleno del Estado Mayor Central (1997). Se reajustó el Plan Estratégico y se propuso la creación de nuevos bloques móviles. Se definieron las estructuras que debían incrementar el reclutamiento y aportar un 20% del personal para la creación de una columna móvil.
- Pleno del Estado Mayor Central (2000). Se aprueban los Estatutos del Partido Comunista Clandestino Colombiano y el Movimiento Bolivariano. Ambos incorporaron reclutas a partir de los 16 años.
- IX Conferencia (2007). Las Farc se proponen reconstruir al grupo armado y crecer en integrantes de las tropas.