En las últimas decisiones de los jueces y de la Fiscalía General, el Gobierno aparentemente ha encontrado obstáculos a sus argumentos para el desarrollo de su política de paz, sobre todo con los pedidos de suspender las órdenes de captura de miembros representantes de estructuras armadas ilegales.
“La única manera de tener la paz total es avanzar en el desmonte de las organizaciones que tienen tanto estatus político como las que no lo tienen; unas terminarán con acuerdos de paz y las otras con sometimiento y desmantelamiento de las organizaciones del crimen; son dos cosas completamente diferentes”. Así lo afirmó el portavoz del Gobierno nacional y Ministro del Interior, Alfonso Prada, en una declaración ofrecida desde la Casa de Nariño.
En este sentido, el portavoz indicó que la Ley 2272 de 2022, aprobada por el Congreso, “facultó al Presidente de la República para que pudiera avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones a las que se les reconoce estatus político”, al igual que en conversaciones exploratorias con estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado, que se mueven en la economía ilegal, con miras a que se avance en su proceso de sometimiento.
Con base en esta nueva normativa, explicó el ministro Prada, el Gobierno nacional ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación la suspensión de algunas órdenes de captura de miembros representantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y de la organización de la Sierra Nevada, dos grupos que son definidos como estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado.
Explicó que, de esta manera, se busca que estos miembros representantes puedan participar en las “mesas de diálogo que estamos adelantando, en forma exploratoria, para definir las condiciones de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones del crimen, con miras a obtener en Colombia la tan anhelada paz”.
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Versión de la Fiscalía
De acuerdo con la Fiscalía, no existe un marco normativo que precise los términos del sometimiento de grupos armados organizados sin carácter político, ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y, por ello, proferir una resolución de suspensión de orden de captura sería en desmedro de los derechos fundamentales de las víctimas.
“El que un fiscal general de la Nación pueda suspender medidas penales tomadas por jueces de la República es una limitación a los principios de separación de poderes y autonomía judicial”, indicó la vice fiscal general, Martha Mancera.
Sin embargo, la Fiscalía señaló que esta determinación no le impide al Gobierno nacional que acuda a los jueces de la República para que se pronuncien sobre este tipo de peticiones judiciales.
Gobierno busca diálogo directo
Al reiterar que el Gobierno respeta las decisiones de la Rama Judicial del Poder Público, el ministro Prada indicó que el Ejecutivo quiere “avanzar en un diálogo directo y formal con la Fiscalía General de la Nación”, para explicar las facultades que le otorga la nueva ley al Presidente de la República.
Indicó que el argumento de la Fiscalía “está fundamentado en dos decretos que reglamentaron la Ley 418, que acabamos de modificar; esos decretos se expidieron en el 2012 y en el 2015, y no están diseñados para levantar órdenes de captura de organizaciones armadas de alto impacto del crimen”.
Agregó que “eso es exactamente lo que acaba de cambiar la Ley 2272 del 2022, habilitando y facultando al Presidente de la República para solicitar este tipo de suspensión de órdenes de captura”.
Tales decretos en los que se fundamenta la Fiscalía –precisó– fueron modificados por la Ley 2272, que amplía el margen de facultades para solicitar estas suspensiones de órdenes de captura.
Y agregó: “aspiramos, en las próximas horas y en los próximos días, a tener todos los elementos de juicio jurídicos necesarios para que tengamos la posibilidad de avanzar en los diálogos exploratorios”.
De acuerdo con el portavoz, la “paz es clamada en los territorios por las organizaciones sociales de campesinos, de indígenas” y por la ciudadanía en los lugares donde se generan muertes de colombianos.
La paz total requiere “instrumentos y caminos para poder conversar, explorar, dialogar y tener la posibilidad de hacer diálogos de paz, que terminen en acuerdos de paz, y hacer conversaciones exploratorias que terminen en sometimiento al Estado de Derecho”, concluyó Prada.
Otras órdenes suspendidas
Del mismo modo, otra piedra en el zapato para el Gobierno se presentó en el transcurso de la semana, cuando la Fiscalía General confirmó que suspendió las órdenes de captura en contra de tres de los cabecillas disidentes de las Farc. Se trata de Willinton Henao Gutiérrez, ‘Olmedo’; Carlos Eduardo García Téllez, ‘Andrei’, y Sandra Milena Niño Guerrero, a quienes la organización nombró como sus representantes.
Esta decisión no fue bien recibida por parte de uno de los acusados, quien señaló que se le estaban vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, puesto que se debía resolver la solicitud de libertad. Esta situación obligó a la intervención del procurador del caso, quien aseguró que no existe tal vulneración dado que la decisión de la jueza estaba justificada y tenía que ingresar a otra audiencia.
De acuerdo con un comunicado la Fiscalía, explicó que “el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, expidió la Resolución No. 343, en la cual reconoció a tres ciudadanos como miembros representantes de la estructura disidente que se autodenomina Estado Mayor Central de las Farc, por una vigencia de 15 días”.
“El 2 de enero de 2023, con fundamento en ese acto administrativo, la Presidencia de la República remitió al fiscal general de la Nación la solicitud de suspensión de órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de tales personas”.
Indica la publicación que "la Fiscalía General emitió la Resolución 00003 del 4 de enero de 2023, en la cual dispuso la suspensión, por el término de 15 días, de todas y cada una de las órdenes de captura, incluidas las que tienen fines de extradición, que se hayan dictado o que se dicten en contra de los tres ciudadanos reconocidos por el presidente de la República como miembros representantes del Estado Mayor Central de las Farc”.
“Esta decisión se funda en el artículo 113 de la Constitución Política, que contempla la colaboración armónica entre los poderes públicos y tiene como base la decisión del señor presidente de la República de desarrollar acercamientos exploratorios y confidenciales para adelantar diálogos y negociaciones y lograr acuerdos con ese grupo armado organizado, de conformidad con las facultades constitucionales y legales que le confieren el artículo 189 de la Constitución y la Ley 2272 de 2022”, culmina la Fiscalía.
Vale recordar que en la primera semana del año el Gobierno había solicitado el levantamiento de órdenes de captura de miembros de grupos armados para tres representantes del autodenominado “Estado Mayor Central”, una facción de las disidencias de las Farc.