Al iniciar ayer la audiencia preparatoria del juicio al suspendido magistrado Gustavo Malo, la Corte Suprema ordenó su captura y llevarlo a un centro carcelario por considerar que es un peligro para el proceso que se adelanta en su contra por su presunta participación en el llamado ‘Cartel de la Toga’, el mayor escándalo de corrupción que se ha registrado hasta el momento en la justicia.

Con esta decisión siguen rodando cabezas de juristas abogados y políticos. EL NUEVO SIGLO presenta un balance de cómo avanzan las investigaciones.

Malo fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, cohecho, y uso de asuntos que debían tener una reserva, pues según las investigaciones y testimonios del principal testigo por el ‘Cartel de la Toga’, del cual también fue parte, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, este jurista fue una de las fichas principales.

Previamente el Senado le quitó a Malo el fuero como aforado al acoger la acusación que por este escándalo hizo la Cámara.

El ‘Cartel de la Toga’ habría operado entre 2013 y 2015, integrado por magistrados, exmagistrados y abogados para torcer el rumbo de procesos en la Corte Suprema a congresistas y otros políticos que pagaran por ello.

Los salpicados

1. Leonidas Bustos: el exmagistrado de la Corte Suprema tiene abierto un proceso desde 2017 en la Comisión de Investigación de la Cámara. El martes el representante investigador en este caso, Edward Rodríguez, presentó un proyecto de fallo de acusación, diciendo que hay indicios de que recibió bienes y dinero para cambiar fallos.

2. Eyder Patiño: el actual presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema fue mencionado por Moreno, pues supuestamente iba a intermediar a favor del parlamentario Nilton Córdoba en un proceso que le adelanta este alto Tribunal.

3. Francisco Ricaurte: el exmagistrado de la Corte Suprema está privado de la libertad desde septiembre de 2017. La Fiscalía lo acusó por los delitos de concierto para delinquir en calidad de autor, en concurso con cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente. Sería uno de los ‘socios’ del ‘Cartel de la Toga’ y habría participado en la manipulación de testigos. Está en etapa de juicio.

4. Camilo Tarquino: exmagistrado de la Corte Suprema rindió interrogatorio ante la Fiscalía en abril de 2018 por su presunta participación en el ‘Cartel de la Toga’. Empero de esa fecha a hoy no se ha producido una decisión. Es señalado por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, de pedirle $20.000 millones para que saliera limpio en las investigaciones por el robo a este departamento.

5. Álvaro Ashton: en octubre de 2017 la Corte Suprema abrió una investigación formal en contra del ahora exsenador por el delito de cohecho. El exfiscal Moreno lo señaló de pagar $600 millones para ‘amañar’ el proceso en su contra por parapolítica. Está en la cárcel investigado por escándalo de Odebrecht.

6. Musa Besaile: Está privado de la libertad desde 2017. El entonces senador fue el primer político en caer por este escándalo, después de reconocer ante la Corte que le pagó $2.000 millones de $6,000 que, dijo, Moreno le pidió para frenar una supuesta orden de captura por parapolítica. Está a la espera de juicio.

7. Nilton Córdoba: en abril de 2018 la Corte Suprema abrió investigación formal contra el congresista por su presunta responsabilidad en la entrega de $200 millones para favorecerse en un proceso por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

8. Morales, Lizcano y Gallardo: en enero de 2018 la Sala Penal de la Corte Suprema abrió indagación preliminar en contra del entonces senador Mauricio Lizcano y los excongresistas Martín Morales y Julio Gallardo por su presunta responsabilidad en el ‘Cartel de la Toga’. En el caso de Lizcano, Moreno dijo que el exmagistrado Bustos le mencionó que había un nuevo cliente de apellido Lizcano a quién le cobrarían $5.000 millones.

9. Luis Alfredo Ramos: en septiembre de 2017 la Corte abrió una indagación preliminar al exgobernador por el ‘Cartel de la Toga’, después de que la Fiscalía compulsara copias pidiendo investigarlo junto con entonces parlamentarios Besaile y Hernán Andrade, a quien hace unos meses el alto Tribunal le archivó la investigación.

10. Argenis Velásquez: en noviembre de 2017 la Corte abrió investigación a la exrepresentante por Putumayo porque supuestamente pagó $380 millones para dilatar un proceso en su contra por corrupción.

11. Luis Gustavo Moreno: el exfiscal anticorrupción confesó que trabajó para el ‘Cartel de la Toga’, siendo encargado por Ricaurte para contactar a políticos encartados en la Corte y pedirles plata. El año pasado fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada por el ‘Cartel de la Toga’. Fue extraditado a Estados Unidos en donde fue condenado a 4 años de cárcel por los sobornos que pidió en ese país al exgobernador Lyons para supuestamente ayudarlo con sus procesos en la Corte.

12. Leonardo Pinilla: Hace pocas semanas el abogado regresó a Colombia tras pagar una pena en Estados Unidos por los sobornos que con Moreno pidió al exgobernador Lyons. Tras su llegada fue capturado porque es investigado por el delito de concusión en el ‘Cartel de la Toga’.

La semana pasada Pinilla estuvo durante 3 días en la Corte entregando testimonio sobre los políticos que se habrían beneficiado con el ‘Cartel de la Toga’.

 Montealegre y Perdomo

El exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo serían investigados por la Comisión de Investigación de la Cámara, después de que el representante Rodríguez adicional al proyecto de acusación al exmagistrado Malo, compulsó copias contra estas personas para averiguar si están relacionados con el ‘Cartel de la Toga’.

En el caso de Montealegre tiene que ver con el contrato de asesoría que le fue entregado a Moreno, al parecer por recomendación de Bustos y de Ricaurte. Mientras que Perdomo ha sido señalado por testigos que ayudó al entonces senador Ashton en el proceso que se adelantaba en la Corte Suprema.