Cuando se encuentran en el 70% de su mandato de cuatro años, muchos de los 1.203 alcaldes de distritos y municipios están en discusión porque la mayoría de ciudadanos no aprueba su gestión, según las encuestas, o sus maneras de gobernar. Llama la atención que los burgomaestres de tres de las principales capitales están en esta situación: Claudia López en Bogotá, Daniel Quintero en Medellín y Jorge Iván Ospina en Cali.

Es un hecho inherente a la tarea de gobernar que en el último año del mandato por lo general la imagen de alcaldes, gobernadores o del presidente de la República se ve erosionada por las decisiones que han tomado, por las que han dejado de tomar o simplemente porque ha pasado la novedad y los ciudadanos se cansan de ver la misma cara.

Sin embargo, en el caso de los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali su difícil momento va más allá de marcar mal en las encuestas, pues constantemente están en entredicho por las medidas que toman; también porque muchos consideran que no han dado respuesta a graves problemas que se han presentado e, incluso, porque su estilo frentero los ha llevado a fuertes polémicas.

A López, Quintero y Ospina intentaron el año pasado revocarles el mandato. Sin embargo, las iniciativas ciudadanas no lograron avanzar en el proceso que debía culminar con la convocatoria a las urnas para decidir si se mantenían o no en el cargo.

En el caso de Bogotá se inscribieron ante la Registraduría Nacional tres iniciativas de revocatoria. No obstante, las restricciones que hubo el año pasado debido a la pandemia para recoger las firmas de apoyo, terminaron acabando con la paciencia de los comités promotores, que finalmente desistieron de seguir adelante.

En Cali el comité ciudadano alcanzó a recoger 75 mil firmas que apoyaban la revocatoria del alcalde Ospina, pero no fueron suficientes pues la norma exigía al menos 90 mil.

En tanto que el proceso de revocatoria del alcalde Quintero en Medellín fue el que más avanzó en estas tres capitales, pues se recogieron más de 300 mil firmas, pero luego quedó frenado en el Consejo Nacional Electoral debido a la decisión de no entregar la certificación sobre los ingresos y gastos en que incurrió el comité promotor, necesaria para convocar a las urnas, hasta que la investigación que abrió determine si se respetaron los topes de ley.

En Bogotá

Esta semana ha sido especialmente difícil para la alcaldesa Claudia López por las críticas en su contra, tras el brote de violencia que se presentó durante una marcha de protesta que realizaron indígenas emberá porque, aseguran, la Alcaldía no les ha cumplido acuerdos a los que se comprometió. Los manifestantes destruyeron vidrios en el centro de Bogotá y agredieron a uniformados de la Policía, varios de los cuales resultaron heridos.

Esto ocurrió mientras que la burgomaestre participaba en la Cumbre Mundial de Alcaldes del Grupo de Liderazgo Climático C40, en Buenos Aires, en donde tuvo la oportunidad de exponer los avances de Bogotá en las agendas climática y de equidad social durante su gobierno.

López trinó por los graves hechos que se registraron en la marcha de los emberá, que “Bogotá es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los emberas por más de dos años. Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos. El Gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro”.

La oposición le pasó la ‘factura’ a la Alcaldesa por lo ocurrido. 

“Bogotá sin alcalde, Colombia sin presidente”, trinó el senador uribista Miguel Uribe.

Incluso desde la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde, este último Partido del que hace parte la alcaldesa, el senador Jonathan Pulido dijo: “Gustavo Petro, usted es el presidente; Claudia López, usted es la alcaldesa, hagan algo urgente. No más destrucción de lo público y no más agresión contra servidores y funcionarios. Así no se exigen los derechos, incumpliendo deberes y cometiendo delitos no. Autoridad ya”.

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Mientras que la concejal Lucía Bastidas, de Alianza Verde, al reprobar estos hechos de violencia, se preguntó “¿dónde está la Alcaldesa? Ah, viajando, se me olvidaba”.

Otro dolor de cabeza de la alcaldesa ha sido la seguridad, pues a pesar de que hay resultados positivos, como una reducción del 12% en homicidios, así como el hurto a comercios y residencias, en comparación con 2021, han sido más mediáticos los crímenes cometidos por bandas del microtráfico, especialmente por la participación en estos hechos de algunas de origen extranjero como ‘Los Maracuchos’ y el ‘Tren de Aragua’; así como por la sevicia, pues han aparecido cadáveres embolsados y las autoridades han encontrado casas de tortura.

La Policía y la Alcaldía han mostrado resultados con la captura de integrantes del ‘Tren de Aragua’ y ‘Los Maracuchos’. Sin embargo hay polémica porque la alcaldesa asegura que no hay casas de pique en la ciudad, mientras que la Fiscalía dice lo contrario, tras descubrir en días pasados una casa en la localidad de Kennedy, en donde torturaron y asesinaron a cuatro personas.

El laberinto de Quintero

El hundimiento de la revocatoria no le trajo sosiego al alcalde Daniel Quintero en Medellín, porque luego fue suspendido por la Procuraduría durante 38 días por supuestamente participar en política en favor de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

En tanto que no baja la temperatura en el enfrentamiento entre el alcalde Quintero y la oposición representada en el Centro Democrático. 

El más reciente motivo: que el Concejo no aprobó un proyecto de acuerdo para enajenar las acciones que tiene EPM en la compañía de comunicaciones UNE. El mandatario culpó por ello a esta colectividad e incluso manifestó que el uribismo será derrotado en las urnas en las elecciones regionales del 2023.

“El uribismo cree que después de todo lo que le hicieron a Medellín y a Colombia tendrán una segunda oportunidad en Medellín. Ya Medellín los derrotó una vez, lo hará de nuevo”, trinó el alcalde el pasado martes.

Mientras que desde el Centro Democrático, que acusa al alcalde por supuesta corrupción, dicen que este quiere dejar un sucesor en las elecciones del otro año. “He notado al alcalde muy desesperado por su intento politiquero de dejar un sucesor en la Alcaldía de Medellín, pero está muy equivocado”, dijo el representante uribista a la Cámara Juan Espinal.

Ospina y Emcali

Un punto de quiebre en el mandato en Cali de Jorge Iván Ospina fueron las protestas durante el paro nacional de abril y mayo del año pasado, que en esta ciudad fueron las más violentas en todo el país y generaron desabastecimiento de alimentos, entre otras consecuencias.

La oposición política y algunos sectores ciudadanos criticaron al alcalde porque, según ellos, en lugar de mostrar autoridad y apoyar más a la Policía en su trabajo por restablecer el orden, habría sido indulgente con manifestantes violentos y con los que provocaron bloqueos, dialogando y llegando a acuerdos. 

El alcalde en su momento dijo que el diálogo era la única forma de solucionar una situación que incluso dijo podría llegar a “una guerra civil”.

En las últimas semanas al burgomaestre le cayó en las manos otra ‘papa caliente’ por las denuncias de corrupción en las Empresas Municipales de Cali (Emcali), después de que se descubrieran sobrecostos en unas compras. Las autoridades investigan y podría haber algo más.

Ospina ha sido blanco de críticas porque hace parte de la junta directiva de Emcali.

El senador Carlos Fernando Motoa le solicitó a la “Procuraduría y a la Contraloría que adelanten la suspensión de Jorge Iván Ospina”. Añadió que Ospina volvió esta ciudad  “la capital del derroche y la corrupción, ante la indolencia de órganos de control y clase política regional”.

Por su parte, Ospina pidió a las autoridades investigar a fondo la presunta corrupción en Emcali, aunque se quejó porque dijo que “el señor alcalde viene sufriendo matoneo producto de la situación que se presenta en Emcali, de la cual no forma parte porque no contrata y no gestiona los procesos contractuales de Empresas Municipales de Cali”.