La reforma a la justicia es uno de los propósitos del Gobierno para la tercera legislatura, que comienza en julio próximo, y para ello habilitó una comisión de más de treinta expertos que ya presentaron sus propuestas. EL NUEVO SIGLO preguntó a la academia los elementos principales que debería contener este proyecto.

La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, Emilssen González de Cancino, explica que “la administración de justicia en Colombia debe emprender o acelerar el cubrimiento de las necesidades de acceso a la justicia, especialmente en las regiones apartadas. El acceso implica capacitar a los jueces, pero también abrir el sistema hacia el reconocimiento de solución de desencuentros y conflictos mediante mecanismos autóctonos según las regiones (factor geográfico) o los colectivos (factor cultural), que congregan tradicionalmente a grupos importantes de población”.

En similar sentido opinó la decana de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Olga Illera. “El proceso adelantado por el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y de la comisión de expertos, buscó mostrar este proceso de reforma como algo cercano a la ciudadanía.  En ese sentido se ha querido evidenciar que la reforma llevará temáticas planteadas por los diversos sectores sociales, por ejemplo, desde la academia, las comunidades indígenas. Se habla mucho de que esta reforma tendrá precisamente en cuenta esas variables, dar un enfoque racial, étnico a la justicia”.

A su turno, Carlos Arévalo, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, explicó que “lo principal es partir de un diagnóstico muy juicioso a la hora de construir cuáles son esas necesidades que se tienen a nivel local y a nivel nacional en la justicia. Por encima de todo se requiere que se trate de una reforma que sea intersectorial, interdisciplinaria, pero que contenga una muy buena metodología para lograr efectivamente identificar esas necesidades y buscar la manera de suplirlas”.

El Estado de derecho 

Los decanos se manifestaron sobre la necesidad de que la reforma a la justicia en sus alcances no afecte en modo alguno el Estado social de derecho.

Emilssen González de Cancino, del Externado, afirmó que “todas las instituciones de la vida política que tienen como fundamento la libertad, están en todas las épocas sometidas a amenazas, por eso se dice que el precio de la libertad es la eterna vigilancia”.

Posteriormente, Olga Illera, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, señala que “el Estado de derecho, el imperio de la ley, es un estado, un constructo que busca que todos los ciudadanos, independientemente de su condición en todo el territorio, estén amparados por la ley, pero también se les aplique la ley. Es decir, que haya una aplicación uniforme, clara, constante. Los privilegios, las excepcionalidades, podrían ser elementos que abrirían espacios para que la ley se aplique de forma diferente, de ahí el viejo dicho de que la justicia es para los de ruana. Allí en ese contexto hay una amenaza a ese Estado de derecho”.
 
Del mismo modo, Carlos Arévalo, de la Universidad de la Sabana, afirmó que “hay riesgos muy latentes para el Estado de derecho hoy en día porque finalmente cuando existen modelos populistas, siempre, no importa de qué ideología sean los populismos, que no respetan ideologías, sean de izquierda, de derecha o de lo que sean, lo que se genera es una tensión frente a las instituciones y siempre que se genere esa tensión contra las instituciones, pues va a haber una tensión en contra del Estado de derecho. Entonces, creo que ahí el principal riesgo que existe es que precisamente se busque tomar medidas y disposiciones que vayan en contra de ese Estado de derecho y de los principios que emanan del mismo”.

Reforma es esquiva

Los expertos analizan por qué en Colombia hace tanto tiempo que no ha sido posible hacer una reforma a la justicia.

Al respecto, Emilssen González de Cancino señala que “tengamos en cuenta que en las aulas universitarias se han modificado los contenidos de las asignaturas; se han actualizado los métodos de interpretación de las normas; se ha recalcado que el derecho no es solo un conjunto de normas; se han tendido puentes entre el derecho y la realidad social y se ha subrayado la centralidad de la persona y sus derechos. Todo esto debe haber influido en jueces y litigantes y, por lo tanto, en los fundamentos de las decisiones judiciales, así como la renovación de las normas procesales ha mejorado el desarrollo de los procesos”. 
   
Por su parte, Olga Illera, de la Tadeo, señala que “el contexto de hoy es bien complicado, las principales reformas no han contado con el apoyo requerido en el Congreso. Quizás esta reforma tenga una suerte similar, en particular porque además de lo que hemos hablado arriba, hay temas como la estructura propia de la justicia, la conformación de las cortes, la elección del fiscal, los roles de otras entidades que suponen un cambio importante, transversal y fuerte de todo el sistema”.

Igualmente, Carlos Arévalo, de la Sabana, afirmó: “Muchas veces se ha intentado hacer reformas a la justicia y es verdad que hasta ahora no han logrado cumplir el propósito ni tampoco ser desarrolladas. Algunas cosas se han hecho, pero incluso los resultados obtenidos por esos cambios que se han generado no han sido totalmente estructurales y de fondo. Es posible que esta reforma logre ese objetivo, lo importante es conocer muy bien el resultado producto de ese trabajo que se ha hecho dentro de la comisión que se ha creado para trabajar con sectores muy distintos, que creo que es fundamental”.

Propuesta de constituyente 

Todavía resuena la propuesta de constituyente y la posibilidad de verla reflejada en esta iniciativa de reformar la justicia. Al respecto, la decana de la Universidad Externado explica que “la Constitución del 91, así como sus intérpretes, es decir, los jueces constitucionales y la doctrina, han logrado grandes avances en materia de derechos y libertades, y gestión de las grandes amenazas contra la vida en el planeta. Como obra humana, la Constitución es perfectible y ella misma tiene previstas varias vías para realizar los ajustes. La modificación necesaria para poner en consonancia la Carta con la evolución social son una opción siempre abierta”.  

Del mismo modo, la decana de la Universidad Jorge Tadeo Lozano manifestó que “es bien interesante analizar que cada vez que se piensa en un ajuste o reforma se habla inmediatamente de la necesidad de ajustar o modificar nuestro documento o norma esencial. Mientras que en otros países las constituciones son elementos básicos y vertebrales, y desarrollados posteriormente por otro tipo de normas, la nuestra es detallada, compleja y extensa, lo que hace que muchos de los ajustes, adaptaciones o debates contemporáneos parezcan reñir o contravenir lo establecido en nuestra norma de normas”. 

Finalmente, el decano de la Universidad de la Sabana expresa que “sin duda alguna, nuestra Constitución es muy joven para no ser una Constitución que no atienda las necesidades de un Estado. Lo que pasa es que no se puede engañar creyendo que la Constitución es la solución a todos los problemas de la sociedad. Esta es una carta política que busca marcar un derrotero con unos valores y principios esenciales para un Estado, y que debe señalar el norte de hacia dónde va esa sociedad desde una perspectiva jurídica, pero también reconociendo las fuerzas políticas y sociales que existen dentro de esa sociedad.”