UNA ESPECIE de ‘batalla campal’ se prendió esta semana luego de que el Gobierno radicara en el Congreso el proyecto de ley para el sometimiento a la justicia de los cabecillas e integrantes de las bandas multicrimen de alto impacto, como el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’, facciones con las cuales el Ejecutivo tiene vigentes sendos decretos sobre cese el fuego.

Si bien desde hace más de tres meses se veía venir la controversia, que incluso ya había dado lugar a duras polémicas del fiscal general, Francisco Barbosa, con el presidente Gustavo Petro y el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, se llegó a pensar que la tensión había bajado algo tras la reunión entre los dos primeros en la Casa de Nariño semanas atrás.

Uno y otro expresaron que hubo un diálogo respetuoso y que el Ejecutivo se comprometía a tener en cuenta las advertencias del jefe del ente acusador sobre el riesgo de que en el anunciado proyecto se abriera paso a una amnistía disfrazada de narcotraficantes puros y criminales de alta peligrosidad, a los que por obvias razones no se les podía reconocer ningún estatus político, otorgar excarcelación automática, blindarlos contra el riesgo de extradición ni mucho menos plantearles una negociación de paz similar a la que se realiza con el Eln y otras facciones típicamente subversivas.

La creencia en torno a que el Gobierno sí les haría caso a las objeciones del fiscal general a los beneficios penales y penitenciarios que venía planteando para la 'Segunda Marquetalia' (facciones rearmadas de las Farc, bajo el mando de "Iván Márquez"), las 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' (‘Clan del Golfo’) y el grupo 'Sierra Nevada' ('Los Pachenca’) fue mayor cuando, en principio, la Casa de Nariño pareció descartar darles estatus político a los desmovilizados reincidentes y plantearles, en cambio, un esquema flexible de sometimiento a la justicia.

Cambio de tercio

Sin embargo, en cuestión de días la situación empezó a cambiar. De un lado, en un giro atropellado, el alto comisionado le fue dando vuelo a la tesis de que las reincidencias de "Márquez" sí podrían llegar a tener estatus político, esto bajo la tesis de que tanto la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) como el Informe de la Comisión de la Verdad daban veracidad a que hubo una maniobra de “entrampamiento” judicial contra el exjefe negociador de las Farc "Jesús Santrich" y otros cabecillas desmovilizados que regresaron a las armas tras ser sindicados de narcotráfico y quedar en la mira de extradición.

Como se sabe, la tesis de la Fiscalía y otros sectores, incluyendo partidos de oposición, es que el propio acuerdo de paz de 2016 con las Farc establece que los desmovilizados que reincidan en el delito no pueden ser objeto de los beneficios políticos ni jurídicos de este pacto ni de futuras negociaciones.

El cambio de tesis del Gobierno de inmediato prendió las alertas en torno a que el principio de acuerdo entre Gobierno y la Fiscalía para ajustar la ley de sometimiento a la justicia iba rumbo al fracaso. Más aún porque el propio ‘Clan del Golfo’ dio a entender que estaba dispuesto a una negociación de paz y no a un esquema de desactivación bajo las normas del Código Penal.

Lo cierto es que, tras mucho ir y venir, esta semana el ministro de Justicia, Néstor Osuna, junto al comisionado Rueda y la plana mayor del Pacto Histórico, radicó la iniciativa de sometimiento y la controversia se escaló de inmediato.

• Le puede interesar: Reforma laboral pondrá al país como Venezuela: expresidente Uribe

Bajo el nombre de proyecto “por el cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, Osuna dijo que la iniciativa “contiene una oferta generosa ​por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales para que, si se entregan, confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información sobre sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado les entregue un tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con la finalidad de que podamos vivir en una paz completa".

El ministro del Interior, Alfonso Prada, recalcó que “hay una sujeción, no una negociación de paz. Aquí estamos frente a organizaciones, estructuras del crimen que se mueven en la economía ilegal, por eso no hay diálogo ni negociación. No hay ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de prebenda al narcotráfico”.

A grandes rasgos el proyecto plantea que a los jefes o cabecillas de estas estructuras se les imponga una pena de privación efectiva de la libertad en establecimiento carcelario de seis a ocho años, de acuerdo con el grado de responsabilidad individual, sin derecho a detención domiciliaria, libertad condicional, permiso de 72 horas, ni redención de penas por trabajo o estudio. También tendrán un periodo de cuatro años de componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo, extramural, con participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración.

Un tema clave es que las penas impuestas con anterioridad a la sujeción a la justicia de jefes o cabecillas se acumularán y serán sustituidas por la nueva de ocho años. Para ello deberán cumplir tres etapas: acercamiento, conversación y términos de sujeción; procesamiento; y cumplimiento.

Igualmente se propone dejarles hasta un 6 % de los bienes de origen ilícito que entreguen, siempre que su monto no pase de 11 mil millones de pesos.

Como es apenas obvio, todos los beneficios se pierden si hay reincidencia en el delito, retoma de armas o se incumple la participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración.

Peros a granel

Sin embargo, tan pronto como fue presentado el articulado, el fiscal Barbosa prendió las alarmas. No solo habló de ‘micos’ y advirtió que no se tuvieron en cuenta las objeciones que le había planteado al presidente Petro, sino que recalcó que se estaba planteando una especie de indulto disfrazado a narcotraficantes.

“No fue recogida, por ejemplo, la idea de tratar de mostrar que el concierto para delinquir agravado es un mecanismo que va a tener una suerte de indulto a través del principio de oportunidad en Colombia. Es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”, explicó.

Barbosa alertó que se estaría permitiendo que todos los grupos ilegales, sin distinción y sin importar su categoría, reciban un tratamiento de justicia transicional.

“Tampoco se les puede aplicar el mismo rasero que se les aplicó en La Habana por la distinción de procesos, que uno es un proceso de paz y otro es un proceso donde se benefician estructuras derivadas del paramilitarismo y el narcotráfico”, advirtió.

Asimismo, resaltó que las víctimas siguen desprotegidas porque el proyecto no define los mecanismos de reparación.

No solo exigió que se respeten las competencias de la Fiscalía y que no se le pida entregar información judicial, expedientes e información relacionada con indagaciones, entre otros elementos, a la Oficina del Alto Comisionado, sino que advirtió que se viola la separación de poderes, ya que el fiscal general no es subalterno del Ejecutivo.

La procuradora Margarita Cabello también advirtió que el proyecto desampara a las víctimas y concede enormes beneficios con principios de oportunidad a los que perpetraron masacres, asesinatos de líderes sociales y acciones del narcotráfico. “¿Será adecuada esa rebaja de penas (ocho años) para todos indiscriminadamente?”, se preguntó.

También criticó que el Gobierno quiera entablar conversaciones previas con las estructuras criminales para acordar condicionamientos, lo que pondría en riesgo la aplicación de la extradición y sin recibir contraprestación alguna, “lo que sería un cheque en blanco”.

Otros juristas y voces de partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical también alertaron un alto riesgo de impunidad y excarcelación masiva a quienes hayan sido procesados por el delito de concierto para delinquir agravado, beneficiando así a sindicados o condenados por extorsión, terrorismo, tortura, desplazamiento, tráfico de menores y otros delios graves.
Como se ve, el proyecto de sometimiento a la justicia resultó ser una especie de ‘campo minado’ político y judicial. De hecho, el fiscal se viene reuniendo con los partidos para advertir los riesgos de la iniciativa, en tanto otros juristas prevén que, de llegar a la Corte Constitucional, sería declarada inexequible.

Salvo el Pacto Histórico, que reiteró apoyo total al articulado, en las toldas liberales, de la U y los conservadores hay cautela. Igual pasó con el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’, que todavía no se han pronunciado oficialmente.

Tocará esperar a que arranque el intenso y álgido debate en el Congreso para saber si esta pieza clave de la discutida política de “paz total” del gobierno Petro podrá salir adelante, se hundirá o terminará fuertemente ajustada.