Con la sanción de la Ley, que beneficia a madres cabeza de familia condenadas, más de 5 mil mujeres podrán sustituir la pena con servicios de utilidad pública, no remunerados, en actividades educativas, restauración ambiental, recuperación del espacio público, apoyo al transporte masivo y ayuda a poblaciones vulnerables, entre otros.

La norma, que fue sancionada por el presidente Petro en Quibdó (Chocó), permite que las beneficiarias no solo tengan la oportunidad de compartir y trabajar para suplir las necesidades de sus hijos, sino que también puedan estudiar y desplazarse sin restricciones mientras están cobijadas por la medida.

Al sancionar la norma, el presidente Petro indicó que el objetivo es evitar que “si ellas siguen presas y los niños sin su madre, esos niños crezcan sin afecto y muchos, en el futuro, se conviertan en criminales”.

Para conmutar la pena, las mujeres cobijadas por la ley deberán prestar los mencionados servicios de utilidad pública con una intensidad mínima de 5 horas semanales y máximo 20 horas semanales.

En la norma quedó establecido que la pena sustitutiva será concedida por un juez de conocimiento al momento de imponer la pena o por un juez de ejecución de penas para aquellas mujeres que ya están cumpliendo la pena.

Cabe señalar que la Ley beneficia a las mujeres condenadas por delitos de hurto y/o tráfico de estupefacientes con penas inferiores a 8 años de prisión.

Asimismo, con medidas alternativas a la prisión como la que brinda esta norma, el Gobierno considera que se contribuye a reconstruir el tejido social y favorece la inclusión social de mujeres cabeza de hogar en estado de marginalidad.

Además, favorecen la reducción de la reincidencia y evitan el rompimiento de vínculos sociales, familiares, y la generación de estigmas y discriminación.

• Le puede interesar: Colombia sigue preocupando internacionalmente por narcotráfico

Reglamentación

En el mismo sentido es importante aseverar que la implementación de la citada Ley no será automática, sino que debe reglamentarse por el Ministerio de Justicia, en un plazo no mayor a seis meses.

De hecho, el Ministerio ya está trabajando en la reglamentación de la Ley para que las mujeres que cumplan los requisitos puedan acceder lo más pronto posible a esta medida alternativa.

Precisamente, para fortalecer el proceso de implementación de esta nueva medida sustitutiva, en los próximos días se realizará una socialización a jueces de conocimiento y de ejecución de penas y medidas de seguridad sobre la Ley.

Límites

Sobre esta sanción, Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, dijo a El NUEVO SIGLO que se pueden tener dos interpretaciones: “la primera es que todo aquello que atienda específicamente a beneficiar a madres cabezas de familia, puede recibirse con beneplácito. En ese caso en particular se les asigna un permiso para que ellas puedan salir hasta 20 horas semanales para atender sus hogares, eso es lo que fundamentalmente dice la ley”.

“Vale la pena tener en cuenta que esta no fue una ley promovida por el actual gobierno, esta ley fue aprobada por el Congreso en 2021, que hubo objeción del presidente de aquel entonces, Iván Duque, y que la Corte Constitucional señaló que esas objeciones no cabían”, recordó Herrera.

“Lo que nosotros proponemos con independencia de que la ley nos parezca positiva, sobre todo, para beneficiar a los menores, es que tenga siempre unos límites que sean relevantes. Primero que se trate de personas no reincidentes, es decir con tan solo un delito o un primer delito. Segundo que se trate de delitos de bajo impacto social con penas de prisión menores a los ocho años. Y tercero que esa sustitución de condena pos salidas temporales a sus hogares sea vigiladas y si hay algún quebrantamiento de los protocolos de seguridad, ese permiso, para casos individuales sea revocado”, agregó.

La iniciativa legislativa fue presentada por el excongresista Rodrigo Lara quien dijo: Las penas alternativas que ahora se aplicarán consistirán en cumplir su condena mediante la prestación de servicios de utilidad pública que estas mujeres prestarán, extramuros. Se trata de un enfoque de la pena restaurativo que permitirá cumplir el fin resocializador de la pena. Asimismo, permitirá que las mujeres puedan pagar su deuda con la sociedad sin afectar sus hogares.