Cerca de cumplirse cuatro años de que la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal, por su supuesta participación en un caso de manipulación de testigos, este miércoles la juez 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, tiene previsto tomar una decisión frente a la petición de la Fiscalía de precluir el proceso, porque el ente acusador no encuentra responsabilidad del exmandatario en estos hechos o, por el contrario, ordena pasar a la siguiente etapa, la de juzgamiento dictando una resolución de acusación.

El último en intervenir en este largo proceso para dar su versión fue el expresidente Uribe en una audiencia el pasado 18 de marzo, pues antes, durante cerca de un año, participaron en las diligencias ante el juez los abogados del exjefe de Estado así como de las víctimas. 

En esa oportunidad el exmandatario aseguró que no dio orden alguna a su entonces abogado Diego Cadena (hoy investigado en el mismo caso) para que contactara a Juan Guillermo Monsalve, ficha clave en la investigación, porque el exparamilitar asegura que lo buscaron en la cárcel donde está recluido y que le ofrecieron beneficios penales a cambio de que cambiara su versión de que Uribe Vélez tendría vínculos con grupos de autodefensa.

El exmandatario en su intervención en esa ocasión dijo que "yo simplemente quise corroborar, como lo ha dicho mi defensa, versiones que llegaron de que el señor Iván Cepeda (el Senador) estaba buscando testigos contra mi hermano y yo".

Se refirió Uribe también al exrepresentante a la Cámara por el Huila, Álvaro Hernán Prada, quien por los mismos hechos es investigado  por la Corte Suprema, por el delito de soborno en calidad de cómplice.

"Abordan al doctor Prada porque él me informa. Lo único que le digo yo es que digan la verdad... después aparece que estábamos presionando a (Juan Guillermo) Monsalve a través de 'Caliche' y que el doctor Prada era cómplice mío en una tipificación que sería un delito", señaló Uribe Vélez.

Asimismo, el exmandatario hizo referencia a unos dineros que le entregó su entonces abogado al condenado Monsalve. "Cadena me dijo que era por razones humanitarias. Le dije al doctor Cadena: 'Hombre, si me hubiera consultado le hubiera dicho que de ninguna manera'. Confío en que el doctor Cadena pueda demostrar que fue un aporte humanitario, nunca un soborno, tampoco un pago para mentir". 

Además, el exmandatario se refirió al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien es el testigo principal contra el abogado Cadena, porque supuestamente hizo ofrecimientos para que declarara a favor de Uribe Vélez.

"El doctor Cadena me transmitió que Vélez tenía información valiosa. Él no era abogado a la sombra, presentó una carta en papel membrete de su oficina, no hay una finalidad de engañar", señaló el expresidente.

Uribe concluyó su participación en dicha audiencia señalando que "me siento triste por la afectación de mi reputación, por mi familia, por los antepasados, por mis compatriotas a quienes he procurado servir con honradez. Muchos temas se omitieron por respeto a usted, señora juez, ojalá haya una jurisprudencia que permita la completa respuesta y refutación de lo que se dice en un proceso. No pude cumplir la tarea de refutar todas las acusaciones que me hicieron las víctimas para que usted, señora juez, que oyó de las víctimas las referencias a mi persona como un criminal, también conociera la otra versión de los antecedentes de esta persona indagatoriada que hoy se ha referido a usted".

El 24 de julio de 2018, la entonces Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema abrió proceso formal contra los entonces congresistas Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada; al primero por su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, y al segundo por el delito de soborno en calidad de cómplice.

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La Corte asumió la investigación al exmandatario por estos hechos, al considerar que las conductas imputadas “fueron presuntamente cometidas cuando se desempeñaba como congresista”, dijo el alto Tribunal. 

Como se recuerda, la providencia fue adoptada el 4 de agosto de 2020, con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, tras lo cual la Sala encontró posibles riesgos de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucraron al entonces senador Uribe.

En agosto de 2020 la Corte ordenó la detención domiciliaria del exmandatario; sin embargo, estando en esta condición decidió renunciar a su curul, por lo cual la Corte perdió competencia y como consecuencia la investigación pasó a manos de la Fiscalía.

Poco después, una juez dejó en libertad a Uribe y que en esta condición afrontara el proceso en su contra. El exmandatario estuvo bajo detención domiciliaria durante 67 días.

Petición de la Fiscalía

En abril del 2021 el proceso dio un vuelco total, puesto que el fiscal Gabriel Jaimes pidió la preclusión del caso al considerar que no había pruebas de que Uribe hubiera cometido delito alguno en cuanto a los testigos en el caso Cepeda.

"Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe", señaló la Fiscalía en un comunicado.

El ente acusador explicó que se aplicaron los parámetros fijados en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio) y que serán expuestos en diligencia pública ante el juez Penal del Circuito que disponga el sistema de reparto.

"Las mismas podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados", señaló la Fiscalía.

Por su parte, en febrero pasado, en el marco de las audiencias de este caso, la Procuraduría en su exposición respaldó la petición de preclusión que hizo la Fiscalía, pues considera que no hay elementos probatorios que vinculen al exmandatario. Incluso subrayó que, en lo dicho por el testigo, Juan Guillermo Monsalve, hay una alta posibilidad de que no sea cierto. 

Ratifican calidad de imputado

Hace un par de semanas, la Corte Constitucional ratificó en un fallo la calidad de imputado del expresidente Uribe en la investigación que se le sigue por presunto soborno a testigos y fraude procesal. La decisión tiene que ver con una tutela que presentó el exmandatario argumentando que le violaron sus derechos procesales.