Este martes la juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, tendrá que decidir sobre la solicitud de preclusión que presentó semanas atrás la Fiscalía en el proceso penal que le abrió la Corte Suprema en 2018 al expresidente Álvaro Uribe por la supuesta manipulación de testigos, causa que en septiembre de 2020 pasó a la jurisdicción del ente acusador.
Para nadie es un secreto que la decisión que se tome, en uno u otro sentido, promete generar un tremor político, como ha ocurrido con otras determinaciones clave a lo largo de este caso que, incluso, llevó a que el año pasado el exmandatario estuviera en detención domiciliaria durante 67 días.
Como se sabe, el pasado 5 de marzo el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, presentó ante el Juzgado 28 de conocimiento solicitud de audiencia de preclusión de la investigación a Uribe Vélez.
En esa oportunidad, la Fiscalía explicó que luego de analizar los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, "el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente a Uribe no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe".
Estas conclusiones, indicó la Fiscalía, responden a la aplicación de los parámetros fijados en la Ley 906 de 2004, es decir, el Sistema Penal Acusatorio y serán expuestas en diligencia pública ante el juez Penal del Circuito, la misma que tendrá lugar este martes.
"A su vez, podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados", añadió en marzo el ente acusador.
Ese mismo día la Fiscalía General invitó “a la ciudadanía a seguir la audiencia de preclusión en la fecha que disponga la Judicatura y conocer con detalle los argumentos de la decisión, para formar un criterio propio sobre un caso que debe resolverse en sede judicial, alejado de opiniones, disputas personales e intereses políticos”.
Audiencia de preclusión
En la audiencia de este martes, el fiscal Jaimes debe argumentar en profundidad ante la juez Ortiz las razones que lo llevan a pedir la preclusión del proceso contra el expresidente Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal.
Como anticipó a principios de marzo pasado el fiscal Jaimes su petición de archivo se basa en que las conductas por las cuales se vinculó al exmandatario no constituyen delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir a éste como autor o partícipe.
A renglón seguido en la misma audiencia la Juez correrá traslado a las víctimas declaradas en el proceso, éstos son el senador Iván Cepeda, el exfiscal general Eduardo Montealegre, y el ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. También intervendrá el representante de la Procuraduría.
Al final la juez tomará una decisión en el sentido de precluir el proceso, como lo solicita la Fiscalía o, en caso contrario, el ente acusador tendría que decidir si presenta una acusación o si reformula su petición de preclusión.
Cualquier decisión que tome la juez será apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, ya sea por parte de la defensa de Uribe, si es que no se precluye la investigación, o por las víctimas si es que el operador judicial atiende la solicitud de la Fiscalía de precluir.
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La renuncia
La investigación al exmandatario por fraude procesal y soborno llegó a manos de la Fiscalía después de que éste renunciara a su curul en el Senado, con lo cual la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia y su caso pasó a la justicia ordinaria.
En agosto de 2018 tras ser llamado a indagatoria por la Corte Suprema, Uribe envió una carta a la mesa directiva del Senado manifestando su intención de renunciar a la curul que ocupaba. Sin embargo poco después anunció que “he pedido al senador Ernesto Macías, Presidente de la Corporación, que retenga sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria”.
Sin embargo en agosto de 2020, Uribe finalmente dejó la curul argumentando que "me siento moralmente impedido para actuar como senador y, al mismo tiempo, adelantar mi defensa. Por lo anterior renuncio al Senado de la República".
Frente al proceso en su contra el exmandatario asegura que no ha incurrido en delitos, “seguramente he cometido errores, pero jamás delitos. Yo defiendo mi honra con toda vehemencia, pero no he violado las leyes”, expresó.
En tanto que cuando el caso estaba en la Corte Suprema se quejó porque, según él, no le respetaron todas las garantías. “A nosotros nos violan 8 garantías procesales, trato de defender mi reputación contra 10 personas que la intentan comprar, me interceptan 22 mil veces, pero a pesar de que oyen y leen mis mensajes, en 22 mil ocasiones no hay palabras que violen el Código Penal”.
De igual forma, Uribe señaló en su momento a algunos magistrados de proceder en su contra por supuestos sesgos. “(El entonces magistrado José Luis Barceló) y el doctor Hernández participaron en la elección del magistrado Reyes (ponente de la investigación en el caso) y de los que me encarcelaron. ¿Qué independencia puede haber ahí?”, dijo el exjefe de Estado.
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El proceso
El expresidente afronta un proceso judicial después de que una denuncia suya de 2012 contra su homólogo del Polo Democrático, Iván Cepeda, fue precluida en favor del dirigente de izquierda y, en cambio, la Corte decidió abrir un proceso por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal al ex jefe de Estado.
Por unanimidad de sus cinco magistrados -la Sala de Instrucción la componen seis togados pero la magistrada Cristina Lombana fue apartada del caso tras una recusación aceptada por sus compañeros-, Uribe fue cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva.
No obstante el pasado 10 de octubre, la jueza 30 de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, decretó la libertad del exsenador, quien cumplió más de dos meses de reclusión domiciliaria en su finca El Ubérrimo, en zona rural de Montería.
La decisión se tomó después de que la Corte Suprema perdiera competencia sobre el caso luego de que Uribe renunciara a su curul en el Senado.