Conforme a su espíritu garantista, la Constitución Política de 1991 concedió a los ciudadanos un arsenal de mecanismos adicionales al voto para que su voz vaya más allá de la protesta o la opinión, haciendo que decisiones que adopten en las urnas tengan efectos concretos como revocar el mandato del alcalde o gobernador, reformar leyes o la misma Constitución, entre otros.

Sin embargo, cuando se cumplen 30 años de la Carta Política, dichos instrumentos no han logrado los efectos esperados, básicamente porque son muy exigentes los requisitos que estableció el Congreso en la reglamentación. Así se desprende de lo señalado por el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, quien fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, y Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, y quien fue constituyente y también se desempeñó como magistrado del Consejo Nacional Electoral, ambos consultados por EL NUEVO SIGLO a raíz de esta fecha.

Los mecanismos de participación ciudadana son la iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, el plebiscito, el referendo, la consulta popular y por supuesto el voto. Charry digo que "el Constituyente del 91 quiso fortalecer la democracia sumándole la participación ciudadana a la democracia de representación, que era la que tenía la Constitución anterior, y entonces se establecieron procedimientos como la consulta popular; el referendo; el plebiscito; la iniciativa ciudadana para proyectos de ley, incluso para proyectos de reforma constitucional".

Sin embargo el experto al entrar a hacer un balance de lo que han sido estos mecanismos de participación para el país, dijo que "hay que retomar una frase del constituyente Antonio Navarro Wolff, para aquella época uno de los tres presidentes de la Constituyente, que cuando vio la regulación que se le había hecho dijo que 'le habían entregado la criatura a Herodes'.

O sea los de la democracia representativa (congresistas) regularon la participación ciudadana de manera tan excesiva, le pusieron tanto requisito, tanto trámite, que en la práctica es muy difícil que un mecanismo de participación sea exitoso". Charry puso como ejemplo el referendo que impulsó el entonces presidente Uribe en el año 2003, en "donde teniendo la mayoría absoluta, recién elegido presidente de la República, tan solo logró sacar una pregunta de las 12 o 13 que tenía su propuesta".

Agregó que una situación parecida ha ocurrido con la revocatoria de mandato de alcaldes y gobernadores, así como "las consultas, no ha habido plebiscito propiamente, los referendos son prácticamente imposible de sacar adelante".

Reiteró que "la reglamentación que hizo el Congreso de la República, que es el máximo órgano de representación, fue excesivamente reglamentaria y en la práctica esos procedimientos de participación han sido poco exitosos por la dificultad de su trámite".

Por ello, Charry consideró que "hay que aflojar los requisitos y hacer pedagogía política, en el sentido en que la gente entienda que si no votan pues otros deciden por ellos”.

Le puede interesar: ¿Quién podría llegar a la Embajada de Colombia en Washington?

Alta participación

El constituyente Novoa consideró que "es un balance agridulce porque por una parte la gente sí ha acudido masivamente a esos mecanismos de participación, pero por otra parte la forma en que fueron reglamentados algunos de ellos por el Congreso de la República en la Ley 134 de 1994 y la Ley 1575 del 2015, han limitado mucho la capacidad de que esos mecanismos sean eficaces".

Agregó que estos mecanismos "han provocado una participación de más de 40 millones de personas, pero su nivel de impacto para cambiar las políticas públicas o para modificar las normas o las leyes, o la destinación de los recursos, o la protección del medio ambiente, han sido muy limitadas". Dijo que el referendo de Uribe en 2003 tuvo alrededor de 6 millones de votos; antes de 1997 en el Mandato Ciudadano por la Paz "participaron 10 millones de personas; después el plebiscito que contó con la participación de alrededor de 12 millones de personas; después la consulta popular de Claudia López y el Partido Verde, 12 millones de personas.

"Ahí no estamos mencionando mecanismos de participación a nivel local como la revocatoria del mandato de alcaldes o las consultas populares para la protección del medioambiente". Agregó Novoa que si consideramos a la acción de tutela como un mecanismo de participación para la protección de los derechos fundamentales, "según la Corte Constitucional han acudido a este mecanismo alrededor de 8 millones de personas en estos 30 años".

Señaló que por citar un caso "las leyes de iniciativa popular en su gran mayoría han sido infructuosas porque el Congreso reglamentó ese tema, las hizo quedar en el aire. Por ejemplo un referéndum en favor del agua como derecho fundamental, sus promotores debieron retirarlo porque en el Congreso en su trámite le desnaturalizaron su contenido". Concluyó que "lo que estamos viendo hoy en las calles en algo explica que la gente ha visto que esos mecanismos no son eficaces, y a mayor restricción de esos mecanismos, pues mayor radicalidad de la gente en las calles para reclamar que sea escuchada".