En intentar demostrar que la demanda de Nicaragua carece de fundamento se enfocó la estrategia del equipo de defensa de Colombia, al hacer uso del turno que le correspondía en la segunda jornada de alegatos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Países Bajos), frente a la demanda que impetró la nación centroamericana por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe por parte de nuestro país.
El pasado lunes se iniciaron en esta Corte las audiencias orales que se extenderán hasta el próximo 1º de octubre, con la exposición del representante de Nicaragua, Carlos Argüello, quien sustentó las razones para la demanda en la que esa nación alega que Colombia no ha dado cumplimiento al fallo de 2012, en el cual fue ratificada la soberanía de nuestro país sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y 7 cayos más, como lo habían convenido las dos naciones en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1929, pero ante la falta de una delimitación marítima en el mismo, este Tribunal procedió a trazar una línea producto de lo cual Colombia perdió más de 75 mil kilómetros cuadrados de mar.
En la audiencia el equipo que representa a Colombia en este proceso, integrado por el exprocurador general, Carlos Gustavo Arrieta, quien funge como agente, y el exmagistrado de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda, como coagente, insistió en la línea de defensa que ha mantenido el país durante la etapa escrita frente a esta demanda, que fue radicada en 2013 ante la Corte Internacional de Justicia, y es que no ha incumplido el fallo sino que su aplicación según el artículo 101 de la Constitución depende de la firma de un acuerdo, en este caso con Nicaragua.
Cepeda dijo en su exposición que “Nicaragua no ha logrado demostrar, caso por caso, que Colombia ha violado los derechos soberanos de Nicaragua”. Añadió el jurista que “tan precarias pruebas, tantas distorsiones de lo ocurrido hacen pensar que ni en 2013 ni ahora Nicaragua tiene un caso serio".
Agregó el coagente de Colombia que "Nicaragua no pudo probar que sus barcos de pesca no hayan podido seguir pescando o que sus capturas hayan sido confiscadas".
En cambio, subrayó Cepeda, "las actividades pesqueras de Nicaragua han aumentado exponencialmente".
Cepeda respondió también a lo dicho el lunes pasado por el jurista Argüello, quien aseguró que la Armada de Colombia ha impedido a pescadores nicaragüenses desarrollar su labor en aguas que les corresponde según el fallo del 2012. Incluso presentó videos y audios de patrulleras nuestras en donde se observaría esta situación.
El coagente colombiano indicó que los “llamados incidentes” entre embarcaciones de ese país y guardacostas colombianos han ocurrido en “un mero 0,021% del total de jornadas de pesca realizadas por las flotas nicaragüenses”.
Cepeda dijo que, por el contrario, autoridades de Nicaragua han impedido a los pescadores raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia realizar esta labor en una zona en donde históricamente la han llevado a cabo.
"No solo se les impidió pescar sino que Nicaragua interceptó sus modestas embarcaciones. Dos siglos después de haber encontrado su libertad, Nicaragua pretende restringir el acceso de los raizales a sus caladeros tradicionales, de los que dependen su cultura y su subsistencia”, dijo.
Agregó Cepeda que “la presencia de Bogotá (los barcos de la Armada Nacional) en la región se debe a otros imperativos como la lucha contra el narcotráfico y el salvamento marítimo Internacional".
Interviene raizal
Un hecho inédito se presentó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya al intervenir también a nombre de Colombia un raizal de San Andrés, es decir del pueblo originario del archipiélago, quien hace parte del equipo de defensa de nuestra nación, quien explicó la forma como se ha visto afectada esta población tras el fallo del 2012.
Se trata de Kent Francis James, quien fue el primer gobernador que tuvo San Andrés, designado por el entonces presidente César Gaviria antes de que se implementara la elección popular de los gobernantes territoriales.
“Tanto las reclamaciones como las contrademandas involucran asuntos relacionados con el suroeste del Mar Caribe. La decisión de la Corte en este caso, tendrá un impacto importante en las personas que habitan esta zona, advirtió Kent Francis James.
Explicó a la Corte que el nombre raizales proviene de la palabra raíces en criollo. “Durante casi 400 años, los raizales han habitado y obtenido sustento económico del archipiélago de San Andrés y las áreas marítimas asociadas”, dijo.
Agregó que los raizales dependen de los derechos de pesca tradicionales que se extienden sobre grandes áreas marítimas en cuestión en este caso. “Debido a esa dependencia del mar, el sustento de los raizales solo se puede preservar si las áreas marítimas están protegidas y conservadas sin estar sujetas a prácticas pesqueras dañinas y destructivas”, subrayó.
Kent Francis James describió que los raizales generalmente navegan sin ver tierra, “con los mínimos instrumentos para ello; esto es parte del conocimiento ancestral del pueblo raizal. Los raizales siempre han navegado y disfrutado de los productos del mar sin ninguna restricción a los límites políticos establecidos por el hombre”.
Agregó “excelencias, como hemos dicho, los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen un vínculo natural con el mar: viven de él y lo consideran parte de su hábitat natural. Cualquier restricción de sus tradiciones históricas y culturales tendría un impacto significativo y negativo en su forma de vida e identidad”.
Las audiencias orales continuarán mañana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya con la intervención de los abogados de Nicaragua, en cabeza de Carlos Arguello, que responderán a las dos contrademandas que presentó Colombia.
En una de estas se alega que Nicaragua ha desconocido la existencia de derechos tradicionales de pesca de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder a las aguas donde se encuentran los bancos en los que han pescado por siglos, y también ha infringido estos derechos, como lo han atestiguado pescadores raizales.
La otra demanda es porque Nicaragua ha expedido un decreto que Colombia observa contrario al derecho internacional, relacionado con los puntos y líneas de base a partir de las cuales mide sus espacios marítimos en el mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia y de los demás Estados del Caribe.
Segunda demanda ‘nica’
Actualmente cursa en la Corte un proceso aparte por la segunda demanda impetrada por la nación centroamericana, que pretende la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense. Sin embargo, las audiencias orales correspondientes seguramente se realizarán el próximo año.