El ministro de Justicia, Néstor Osuna, conversó con EL NUEVO SIGLO sobre proyecto de ley que “busca humanizar la política criminal y penitenciaria”. De acuerdo con el jefe de la cartera, el objetivo de la polémica iniciativa es modernizar el sistema carcelario en todo el país, para que cumpla su finalidad de devolver a la sociedad personas que se han responsabilizado por los delitos que cometieron y que están comprometidas con no volver a delinquir.

ENS: Hay quienes han señalado que esta reforma va a producir una excarcelación. Inclusive, como en el caso de la alcaldesa de Bogotá, dicen que pondría en peligro la seguridad de las ciudades. ¿Qué responde usted?

NÉSTOR OSUNA: Que eso no es cierto. Que el proyecto lo que propone es mayor seguridad para la ciudadanía, en el sentido de aplicar políticas de resocialización, para que las personas que están condenadas por la comisión de un delito, cuando salgan de la cárcel tengan mucho menor riesgo de reincidencia de lo que ocurre ahora. Esa es realmente la finalidad de la propuesta. Por lo tanto, el contenido de la misma, que está desagregado en más de 50 artículos a los que se le introduciría alguna leve reforma, tiene todo ese sentido: favorecer, aumentar la resocialización dentro de la cárcel y la posibilidad de reparación a las víctimas, con la idea de que las personas que han superado exitosamente esos procesos de resocialización tengan menos propensión a reincidir, una vez que salgan de la cárcel.

ENS: A grandes rasgos, ¿cuáles serían las condiciones para esas personas?

NO: El punto de partida es la legislación vigente. No estamos creando ningún beneficio adicional a los que ya contiene la legislación; les estamos haciendo algunas modificaciones. Esos beneficios, que técnicamente se llaman subrogados penitenciarios, van desde beneficios de 72 horas, de fin de semana, libertad preparatoria, franquicia preparatoria. Es una graduación de beneficios que ya están en la ley, lo que proponemos es graduarlos de tal forma que vayan siendo premios a medida que se va superando un proceso exitoso de resocialización.

En la primera mitad de la pena, la persona está en la cárcel. Si estando en la cárcel estudia o trabaja, o ambas cosas… digamos que tiene una pena de 20 años, los primeros 10 los pasó en la cárcel, pero terminó su bachillerato y además aprendió un oficio; entonces puede ser que llegada la mitad de la pena, establece qué beneficios tendría y los solicita al juez. No son automáticos. Y el juez considera: sí, esa persona, como ha venido superando exitosamente un proceso de resocialización, tiene por ejemplo beneficios de permiso de 72 horas cada tres meses. Si pasa un porcentaje más de la pena y cumple satisfactoriamente con ese requisito, pero además trabaja en la cárcel o algo así, le puede solicitar al juez el permiso siguiente, el de fin de semana. Y así sucesivamente.

ENS: ¿Qué le dice a los críticos, quienes aseguran que esta medida puede subir los índices de inseguridad?

NO: Yo no me atrevería a proponer un proyecto y llevarlo al Congreso si pensara que eso es cierto. Por el contrario, tenemos la convicción de que el proyecto contribuye a mejorar la seguridad ciudadana. En ese sentido, nuestro proyecto no está hecho pensando en la gente que no ha sido condenada por un delito, que está en la calle y eventualmente cometa un delito. Ese es otro universo que no tocamos. El universo de nuestro proyecto de ley es la gente que está condenada en la cárcel. ¿Y el proyecto de ley en qué contribuye a la seguridad? En fortalecer todas las herramientas que puede tener el Estado para evitar que cuando esa persona salga pueda cometer delitos.

Uno de los fracasos que ha tenido nuestra política penitenciaria actual es que no evita la reincidencia de un modo satisfactorio. Todas las medidas, como que la persona trabaje, estudie o que mantenga nexos con su familia, está comprobado que tienden a disminuir el riesgo de reincidencia. Le voy a poner un ejemplo de una medida que está incluida en el proyecto, y es que para quienes ya han cumplido la pena se borre de su hoja policial el hecho de que fueron condenados y estuvieron en la cárcel. ¿Qué pasa en la actualidad? Si una persona que ha estado en la cárcel, que estuvo siete años en la cárcel por algún delito que cometió, ya salió, pagó su pena y va a pedir empleo, y el empresario le pide su certificado policial y aparece que fue condenado por siete años, no lo contrata. Y si uno no lo contrata y el siguiente tampoco, y el siguiente tampoco, y además perdió el lazo con su familia y no tiene otra opción de vida, pues termina cometiendo de nuevo un delito. Esa información de que ya pagó la pena y que estuvo condenado por supuesto que estará a disposición de la Policía y las autoridades, pero no en general del comercio, porque el estigma que crea la cárcel es tan grave que impide un proceso efectivo de resocialización, aun cuando en la cárcel hubiera sido exitoso.

ENS: Una de las grandes preocupaciones es la ocupación máxima que hay en las URI, que ya raya en el hacinamiento. ¿Esta ley de qué manera ayudaría a desocupar las URI?

NO: Le reconozco que más que esta ley, a esa finalidad específica de las URI, de las estaciones de policía, contribuye una iniciativa legal que presentó Asocapitales, ya cuando iba a terminar el periodo de elecciones anterior, que el Gobierno acompaña y apoya, que lo que intenta es darles recursos económicos a los municipios, a los departamentos y a la Nación, para que construyan centros de detención preventiva. La ley establece que las personas condenadas en cárcel están a cargo de la Nación, en las cárceles del Inpec, y que las personas que están sindicadas, aún no condenadas pero que tienen auto de detención preventiva, su cuidado, su custodia, está a cargo de los entes territoriales. Y a los entes territoriales lamentablemente no se les ha asignado recursos suficientes para que puedan construir centros carcelarios de detención preventiva adecuados y suficientes en cupos. Por eso esa confusión tremenda de las estaciones de policía y de los centros transitorios de reclusión, de las URI, y de algunos otros. ¿Nuestro proyecto de ley en qué medida puede referirse a eso? Digamos que disminuye la reincidencia total de ese número de personas detenidas preventivamente.

ENS: Señor ministro, en el proyecto de la reforma carcelaria se eliminarían ocho o nueve tipos penales. ¿Tiene un estimativo, más o menos, esto en cuánto, en qué porcentaje podría reducir el hacinamiento carcelario?

NO: Muy poco. De esos tipos penales cuya supresión proponemos el único que tiene número significativo de personas privadas de libertad es la inasistencia alimentaria, que son alrededor de 500; a propósito, todos hombres. En uno de esos delitos el número de condenados es mínimo y la razón por la cual proponemos suprimirlos del Código Penal se base en la racionalización del proceso penal, del derecho penal en general. Uno de los delitos que está ahí, que sé que ha causado controversia, y el señor fiscal general, a quien le profeso profundo respeto y amistad, ha dicho que no está de acuerdo con que se suprima el tipo penal de injuria y de calumnia. ¿En eso por qué hemos obrado proponiendo que se elimine? Por una parte existe una recomendación de organismos internacionales de libertad de expresión que consideran que tipificar penalmente la injuria y la calumnia puede conducir a una restricción indebida a la libertad de expresión y que, por lo tanto, conviene tener mecanismos no penales para resolver esos asuntos, pero también hay un número escasísimo de personas condenadas por injuria aunque sí es bastante numerosa la cantidad de denuncias por injuria que terminan, casi invariablemente, en conciliación o en desistimiento. Entonces, uno se preguntaría para qué congestionar más el sistema del proceso de penal, es decir, Policía, Fiscalía, juez de control de garantías, juez de conocimiento, para un delito cuyo comportamiento histórico en nuestro país hemos visto que termina, casi siempre, con conciliación y el desistimiento.

Pero por supuesto, el Gobierno propone y el Congreso dispone. Ya veremos en la discusión parlamentaria si nuestras razones son persuasivas para la mayoría parlamentaria o si prefieren mantenerlos.