Después que hace unos días se archivara el polémico proyecto de ley que buscaba desmontar el Escuadrón Antidisturbios de la Policía y crear una Unidad Especial de Diálogo, no paran los debates sobre posibles reformas a la Policía.

De acuerdo con Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, con el proyecto se busca prohibir tácticas y procedimientos policiales agresivos, fortalecer el control externo y dar impulso al Sistema Nacional de Participación Ciudadana.

“Realizar una reforma a la Policía desde un enfoque democrático, que refuerce el carácter civilista de la institución, el respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de las funciones y el profesionalismo de los agentes en sus relaciones con la comunidad, y que, en últimas, conduzca a una mayor gobernanza democrática. Para ello, es claro que se requiere un mayor acercamiento entre la Policía y la comunidad, siendo necesario mejorar los niveles de confianza, con miras a elevar las capacidades de prevención del delito y lograr una convivencia más armónica”, señala la ponencia positiva.

También recuerda que la Corte Constitucional ha establecido que las actividades de policía, y de manera especial el registro de personas, deben darse sobre la égida de dos principios constitucionales: el de razonabilidad y la proporcionalidad.

Sanguino señaló que “esto significa que no basta una sospecha vaga del agente para iniciar la actividad de policía (requisar, solicitar documentos, etc.), sino que esta debe sustentarse en razones válidas, es decir que el agente debe tener motivos fundados”.

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“Con esto, es preciso afirmar que las actividades de policía invasivas de la intimidad, y sobre las cuales se prestan graves abusos de los uniformados de la Policía nacional, deben tener su límite en razones justificadas, en el que la subjetividad de quien aplica el registro personal no sea la fuente básica del ejercicio de esa medida”, sostuvo.

Para José Luis Pérez, senador de Cambio Radical, quien está en contra del proyecto, este adolece del principio de unidad de materia y desconoce el marco constitucional, con el único fin de desvertebrar las fuerzas armadas del Estado que durante más de 200 años han conservado la democracia y unidad de la nación, garantizando el goce de derechos y libertades de las personas.

“En cuanto al registro personal y a medios de transporte, se convierten en herramientas de policía fundamentales en un país como Colombia, donde por la situación que presenta en materia de eventos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, temas como el narcotráfico y microtráfico, minería ilegal, comportamientos contrarios a la convivencia, porte ilegal de armas, hurto, extorsión, secuestro, entre otros, se requiere una acción preventiva permanente, la cual se logra con acciones disuasorias como los puestos de control, planes de seguridad en las zonas urbanas y rurales, que llevan los registros”, señaló.

Hay proyectos de reforma a la Policía en trámite, por ejemplo los de nuevo régimen de carrera y ajuste al Código Disciplinario, que fueron presentados por el Gobierno nacional.