El Centro Democrático hizo claridad de que Pierre García, exdirector de Prosperidad Social, y Milton Restrepo, exsecretario de Gobierno de Ibagué, ya no hacen parte de ese partido. El primero de estos exfuncionarios es investigado y el segundo ha sido mencionado a causa de 'Las Marionetas', como se conoce el entramado de corrupción que según la Fiscalía armaron congresistas, alcaldes y contratistas para redireccionar contratación pública en varios departamentos.

El Centro Democrático dijo en un comunicado que “en atención a las preguntas de diversos medios de comunicación sobre la militancia de Pierre García y Milton Restrepo, informamos que ellos no pertenecen al Centro Democrático de tiempo atrás y militan en otros partidos políticos”.

Igualmente, en las últimas horas se pronunciaron algunos parlamentarios salpicados en este escándalo y que su nombre aparece en la compulsa de copias que la Fiscalía envió a la Corte Suprema, en donde pone de presente la ocurrencia de los presuntos hechos de corrupción: Mario Castaño, Juan Merheg, Carlos Jiménez, Juan Felipe Lemos, Ciro Ramírez, Carlos Motoa y Miguel Ángel Barreto.

El primer condenado por estos hechos fue el exsenador Mario Castaño, quien según las investigaciones era el líder de la red de corrupción. Tras aceptar cargos  fue condenado por la Corte a 15 años de prisión. El pasado 18 de noviembre se conoció que falleció en la cárcel La Picota, aparentemente por un ataque cardíaco.

En tanto que a mediados de diciembre pasado fue capturado el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático; y esta semana sigue la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento para Pierre García, en la cual la Fiscalía pidió circular roja de Interpol, porque está fuera del país.

El senador Lemos (partido de La U) indicó en un comunicado que “no es cierto que haya hecho parte de un supuesto entramado de corrupción… categóricamente niego mi participación en tales hechos”. 

Mientras que el senador Motoa (Cambio Radical) en un comunicado dijo que “el principio de presunción de inocencia y el de debido proceso deben orientar las actuaciones judiciales y de los medios de comunicación en pro de la garantía de los derechos a la dignidad, el buen nombre y la honra”.