La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, entre el Gobierno nacional y las extintas Farc, publicó el informe trimestral de seguimiento, en donde da cuenta de que sigue incrementándose la violencia en los territorios.

En ese sentido, la Misión retoma los hallazgos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), cuyas cifras revelan “el impacto desproporcionado que enfrentan las comunidades étnicas en términos de desplazamiento y confinamiento, siendo el 64% de la población afectada. Entre el 27 de diciembre de 2023 y el 25 de marzo de 2024, 14.365 personas fueron desplazadas y 35.432 confinadas. Así como, las 42 denuncias de homicidios contra defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales durante el periodo reportado, con datos de ONU Derechos Humanos 2 verificados, 37 en proceso de verificación y 3 no concluyentes”.  

Además, señala que “el asesinato de diez excombatientes en el trimestre, para un total de 416 homicidios de excombatientes desde la firma del Acuerdo; de ellos 11 mujeres, 50 indígenas, 57 afrocolombianos. Así también, desde la firma del Acuerdo, 87 excombatientes fueron asesinados mientras se encontraban bajo medidas de protección o a la espera de recibirlas. La inseguridad fue particularmente grave en departamentos como Antioquia, Bolívar, el Caquetá, el Cauca, el Chocó, La Guajira, Nariño, el Putumayo y el Valle del Cauca, debido a los conflictos entre grupos armados y organizaciones criminales y a la presencia limitada del Estado”. 

Diálogos de paz

En torno a las negociaciones de paz entre la administración Petro y distintos grupos armados, en el informe se destaca que “el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) celebraron la sexta ronda de conversaciones en Cuba del 22 de enero al 6 de febrero. De todos los diálogos que se están manteniendo, este es el más avanzado. Las partes mantuvieron discusiones francas y en ocasiones complicadas, acordaron el cese al fuego bilateral, y una primera extensión en ese aspecto. Hasta la fecha, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego ha podido tomar medidas para prevenir 27 casos de posibles enfrentamientos armados entre las partes”.

En cuanto a las conversaciones entre el gobierno y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de alias Iván Mordisco, la ONU explica que “las partes celebraron otras dos rondas de conversaciones, una en Bogotá en enero y la otra en San José del Guaviare en marzo. Ambas se centraron en medidas para mejorar el impacto del cese al fuego en términos de protección para las comunidades, específicamente en los territorios afectados por el conflicto en los que está presente el EMC FARC-EP, entre otros grupos. Las partes también avanzaron en la definición de actividades de fomento del desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental, que se implementarán inicialmente en los departamentos del Caquetá, Guaviare, el Meta y Norte de Santander. Aún no se ha acordado una agenda general para las conversaciones”.

Las conclusiones

El organismo internacional cierra el informe sosteniendo que “la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continuó su labor esencial en la acreditación de víctimas y celebrando audiencias para que las personas que participaron en el conflicto contribuyan a la verdad. Pero, también debe ser uno de los pilares estructurales del acuerdo, ya que su éxito radicará en su capacidad para impartir justicia con prontitud a las víctimas de la violencia y en los casos que relacionan a miembros de la fuerza pública”. 

Finalmente, se destaca la intención del Gobierno de avanzar en la Reforma Rural Integral, “con los notorios incrementos presupuestales para 2024 de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, los cuales demuestran que la reforma sigue siendo prioridad para el Gobierno. Subraya la necesidad del uso estratégico de estos recursos y la coordinación interinstitucional como requisito previo para alcanzar los objetivos relacionados con la reforma en 2024 y así garantizar que los esfuerzos de entrega de tierras lleguen a grupos vulnerables”.