EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo avanza la seguridad en su departamento?

ADRIANA MATIZ: Avanza a paso lento, pero seguro. Seguimos en alerta y no bajamos la guardia trabajando de la mano de las Fuerzas Armadas, con quienes hemos dado resultados y golpes contundentes contra los bandidos durante este año de gobierno, gracias a nuestra estrategia de seguridad departamental enfocada en atacar el delito por regiones.

Un ejemplo de este avance es el golpe contundente, la reciente desarticulación completa del frente 26 de marzo de las disidencias de las Farc y haber dado de baja a alias ‘Miller’, uno de sus principales cabecillas. Este individuo, de hecho, llegó a quejarse de que lo teníamos asfixiado, de que le respirábamos en la nuca y no le dejábamos en su accionar delictivo. Esto nos confirma que vamos por el camino correcto para mantener el control territorial.

Aun así, no podemos ignorar la persistencia de otros delitos como la extorsión, promovida principalmente por estos mismos grupos ilegales y delincuentes comunes que intentan asentarse en el Tolima, procedentes del Huila y del Cauca. Ya hemos recibido denuncias sobre su presencia en el sur del departamento, y estamos actuando de inmediato para contrarrestar esta amenaza.

ENS: ¿Qué tanto ha afectado el cese el fuego el accionar de la Fuerza Pública en Tolima?

AM: Sin duda lo ha afectado significativamente. He sido una crítica permanente de esta figura por los escasos resultados que ha mostrado en los últimos años, porque me parece que ha beneficiado a los grupos guerrilleros y terroristas al darles tiempo para fortalecerse, descansar, tomar control territorial en ciertas zonas del país y desde allí avanzar hacia otras. Este respiro les ha permitido planificar actos terroristas, como los que hemos visto en diversas regiones, especialmente en el Cauca.

En el Tolima, por ejemplo, hemos evidenciado ataques con drones cargados de explosivos en varias ocasiones: tres veces en el puesto de Policía de Anzoátegui, así como en Casa Verde en Ataco, y recientemente en Planadas. Nuestra gran preocupación es que con este cese pareciera que en el Tolima retrocedimos 20 años. Han reaparecido de manera esporádica retenes ilegales, carnetización forzada en algunas zonas, intentos de reclutamiento de menores y la marcación de casas y vehículos con mensajes de estas guerrillas. Además, hemos visto hostigamientos a destacamentos policiales y militares.

Por todas estas razones, no puedo estar de acuerdo con algo que en mi departamento y en el resto del país ha significado un retroceso en el control del territorio y en la capacidad de acción de la Fuerza Pública para proteger la vida, los bienes y las libertades de los colombianos. No se trata de ser ‘guerrerista’ o ‘pro-guerra’, como algunos livianamente podrían pensar, se trata de permitir que nuestro Ejército y Policía actúen con rigor, contundencia y todas sus capacidades operativas e inteligencia contra estos delincuentes, mientras se busca que ellos se acojan a la mano generosa de la gran mayoría de la sociedad colombiana que anhela un acuerdo de paz y una convivencia pacífica.

ENS: ¿Se mantiene en las críticas a la paz total?

AM: Aprovecho para reiterar mi postura sobre la paz, o lo que ahora llaman “paz total”, ésta debe tener dos brazos: uno fuerte en presencia y control territorial de nuestras Fuerzas Militares y el otro que llega con inversión social real y no con anuncios ni retórica. Que se invierta allá puntualmente en esa Colombia profunda de la que muchos se vanaglorian hablando cómodamente desde escritorios en Bogotá, pero que ni conocen, o peor donde nunca llega un peso de inversión en vías, escuelas, hospitales, conectividad o apoyos a la producción, pero que lastimosamente sí sufre por la paquidermia del centralismo y la tramitomanía.

ENS: ¿Cómo analiza la reforma al Sistema General de Participaciones que está cerca de aprobarse en el Congreso?

AM: Este proyecto y el que lideramos con los demás colegas gobernadores y la Federación Nacional de Departamentos sobre el Sistema General de Participaciones buscan principalmente asegurar las inversiones en las zonas más vulnerables, pero también que haya una mayor y mejor distribución de los dineros desde el Estado central al Estado regional, es decir, a los departamentos y municipios.

Estas reformas además tratan de honrar la promesa consagrada en la Constitución de 1991, en cuanto a que caminemos hacia una verdadera descentralización y autonomía de las regiones, que se fue cercenando de a poco desde hace 33 años para no dejarla implementar por aquellos que hoy nuevamente tratan de poner palos en la rueda con el falaz argumento de que descentralización y autonomía sí, pero no así.

Lo que uno percibe es que existe una férrea disputa por el poder y la burocracia centralista que ha crecido desbordadamente y se queda con buena parte de los recursos que deberían ir a las regiones apartadas para acabar con la pobreza, la inequidad y en buena parte la violencia.

Algunos no quieren perder el poder del dedo y el bolígrafo: lo de aquí sí, acá no; allá sí, aquí no, que ha sido parte de los males que nos han consumido porque se ha prestado para ser absolutamente lentos en los procesos, en la aprobación de proyectos de inversiones y de viabilidades que duermen en el sueño de los justos a la espera de un comité, una firma o un visto bueno.

Como si en las regiones no tuviéramos las capacidades de hacer las cosas bien, como si fuéramos ciudadanos de segunda mesa que necesitáramos un tutor mayor de edad que nos dijera en qué gastar o invertir la plata. Y esos que hoy se oponen y señalan todo tipo de males, desconocen totalmente las realidades de Colombia porque nunca han pisado los territorios más allá que para una foto o un discurso.

También, otro argumento que usan para frenar estas reformas y en especial del incremento a la participación del Sistema General y de cómo acceder a las regalías para priorizar su inversión, se ha dado porque supuestamente las regiones son corruptas, y con todo respeto, creo que los hechos de los últimos años, sobre todo la podredumbre en corrupción que se ha conocido tanto en Bogotá, como en entidades del orden nacional, dicen otra cosa.

Es más, en ese proyecto que el Senado aprobó y la Cámara discute se estableció claramente que, si el Estado nos pasa más recursos y nos permite manejarlos con más eficacia y eficiencia, también nos está trasladando al tiempo las competencias y responsabilidades, no solo la plata.

ENS: ¿Qué ayuda ha recibido del Gobierno en temas económicos?

AM: No voy a decir que nada, sería injusto, pero sí puedo decir que muy poca, lo de ley y algunas pequeñas iniciativas. Pero lo que más se necesita en términos económicos es que el Gobierno trabaje, priorice, agilice y no empantane las iniciativas que requieren rapidez en las regiones, dadas las enormes necesidades en materia de inversión social.

Cobertura de energía

ENS: ¿Cómo está el tema energético en su región?

AM: En el Tolima, aún como en otras regiones del país, es increíble que en pleno siglo XXI haya territorios, sobre todo en la ruralidad, que no cuenten con el suministro del sistema energético. Nosotros tenemos una cobertura de energía eléctrica rural en el Tolima del 87,47%, y es claro que debemos trabajar para llegar a un 100% de cobertura.

Hace poco, en el municipio de Cajamarca, durante un encuentro con la comunidad, celebrábamos que en la vereda La Ceja, un territorio lejano, pero hermoso y santuario de la palma de cera, llegara la electrificación después de 50 años para el beneficio de 19 familias campesinas.