Un llamado perentorio hizo ayer la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, al Gobierno nacional y a las entidades responsables de proteger la propiedad privada, refiriéndose así a la invasión de tierras que ha recrudecido en las últimas semanas en varios departamentos.  

De igual forma, la jefe del Ministerio Público dijo, sobre el propósito de la administración Petro de entregar tierras a los campesinos más pobres, que sería más importante avanzar en una reforma agraria.

“La Procuraduría General de la Nación tiene una función preventiva y de intervención muy importante, y hemos dicho que la propiedad privada en un  país democrático como el nuestro tiene que ser respetada, la propiedad privada tiene que ser protegida, y la Procuraduría General de la Nación estará atenta y vigilante para que esa propiedad privada esté protegida”, enfatizó.

Cabello Blanco dijo que “somos conscientes también de que hay unos derechos  adicionales de un grupo de personas que están queriendo acceder al derecho de tener tierras, y también trataremos dentro de nuestras facultades de intervención y preventivas ayudar a que sus derechos sean reconocidos”.

No obstante dijo que “hay un tema adicional que hay que tener en cuenta y en el que la Procuraduría quiere hacer mucho énfasis: el derecho de acceso a tierra es válido y vamos a protegerlo desde nuestra función constitucional  y desde nuestra misionalidad, pero la mirada tiene que ser no tanto hablar de petición de tierras o de entrega de tierras sino más bien hablar de una idea de una reforma rural integral que cubra todas las necesidades de los campesinos del país”.

Aseguró que este organismo de control está a disposición de las diferentes entidades involucradas para “buscar acuerdos en la definición de políticas públicas” relacionadas con entrega de tierras y acceso a la propiedad de personas y comunidades que carezcan de ello.

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La jefe del Ministerio Público destacó que se hace necesaria la definición de los criterios y términos de intervención para que la vulneración al derecho de la propiedad privada se conjure, al tiempo de ser atendidas las reclamaciones de los actores inmersos en esta coyuntura.

Finalmente hizo un llamado al diálogo a quienes hoy son protagonistas de estas situaciones y a quienes han anunciado propuestas tras sentirse vulnerados en sus derechos por causa de este fenómeno de invasiones, para que busquen respuestas y soluciones en la institucionalidad y el orden constitucional.

Ante el recrudecimiento de la invasión de fincas en varios departamentos por parte especialmente de indígenas y campesinos, al final de agosto pasado el Gobierno nacional manifestó su rechazo a esta práctica y dijo que va en contra de la política de  entrega de tierras que se propone el presidente Petro y de una reforma agraria.

En esa oportunidad la vicepresidenta Francia Márquez señaló que “reiteramos nuestro compromiso con presentar al Congreso de la República el proyecto de ley que avanzará con la reforma agraria integral que el país necesita” pero, continuó, “no aceptamos y rechazamos, y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país, para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”. 

Dijo también que la reforma agraria que busca efectivamente la distribución de la tierra de manera equitativa, “de ningún modo avala la violencia, de ningún modo avala la invasión” de tierras.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, dijo en esa ocasión que “son prácticas inaceptables para este Gobierno”, y como consecuencia ordenó a la Policía “actuar para impedir la ocupación de esos terrenos y dentro de las 48 horas siguientes, como lo consagra la ley, realizar las acciones necesarias para desalojarlos”.

No obstante, han pasado en la mayoría de las invasiones de tierra las 48 horas que da la ley a la Policía para proceder a su recuperación sin necesidad de orden judicial.  Entonces estos casos pasarán a los jueces por demandas de los propietarios, que seguramente terminarán con la orden a las autoridades para que hagan el desalojo.

CRIC anuncia que tomarán más fincas

En una misiva el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) respondió al pedido del Gobierno nacional de detener la invasión de tierras,  frente a lo cual señaló que no abandonarán el territorio que consideran les pertenece y que seguirán tomándose fincas.

“El gran jefe manda a decir que somos invasores y nos da 48 horas para que abandonemos nuestra lucha y la tierra donde luchamos o nos caerá todo el peso de la ley del Estado colombiano”, dice la  CRIC. Agregó que “no vamos a salir y hemos ido avanzando con entrar en estas tierras, tanto que ya contamos 24 fincas en proceso de liberación, son ya ocho mil hectáreas”.