Por baja ejecución de recursos, indagan a 14 entidades del gobierno Petro | El Nuevo Siglo
DESDE 2023, el Ministerio Público investiga a diferentes carteras gubernamentales por su baja ejecución. / Foto Presidencia
Viernes, 28 de Junio de 2024
Redacción Política

UNA INVESTIGACIÓN contra funcionarios de 14 entidades por presunta baja ejecución de recursos de inversión durante la vigencia de 2023 ordenó la Procuraduría General de la Nación. Destacan entre ellos los ministerios del Deporte y de Hacienda, además del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Sobre este asunto se pronunció la Delegada para la Economía y Hacienda Pública, que afirmó que harán una exhaustiva evaluación de la ejecución de proyectos de inversión que fueron programados para el año 2023. Pero también harán una revisión de aquellos que fueron comprometidos por medio de convenios interadministrativos y que, por su naturaleza, fueron suscritos con entidades del orden nacional, como Findeter y EnTerritorio.

De acuerdo con un comunicado publicado por el Ministerio Público, se supo que ya comenzó una acción disciplinaria, en expedientes separados, al Fondo Nacional Ambiental, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Servicio Geológico Colombiano, Aeronáutica Civil, Escuela Superior de Administración Pública, Superintendencia de Notariado y Registro, Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Además, la Procuraduría General de la Nación hizo la solicitud de prácticas de pruebas y también buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad.

Bajo recaudo de la DIAN

El pasado jueves, la Procuraduría también abrió investigación previa contra funcionarios por establecer de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El motivo de la indagación fue, según el Ministerio Público, un bajo recaudo tributario entre enero y mayo de 2024.

De igual forma, hubo pronunciamiento por parte de la Delegada para la Economía y Hacienda Pública, quien informó que, según la información conocida en torno a este caso, “la brecha en el recaudo de impuestos superaría los $12 billones y de acuerdo con varios análisis el recaudo tributario bruto de Colombia entre enero y abril de 2024 acumuló un déficit de aproximadamente $10.98 billones en relación con la meta prevista para ese lapso”.

Asimismo, señaló que información publicada por medios de comunicación y que dieron a conocer que el recaudo tributario se redujo un 10,3 % será analizada. Esa misma cifra, según la Procuraduría, se había registrado por última vez en 2010 durante el mismo periodo de tiempo y que en su momento fue consecuencia de una gran crisis financiera a nivel internacional.

El órgano que dirige Margarita Cabello indicó que las indagaciones también están orientadas a conocer el impacto de una “posible desaceleración económica que estaría afectando a todo el territorio nacional, factor que deberá ser objeto de análisis teniendo en cuenta en que las cifras no fueron tan negativas ni siquiera durante la época de la pandemia del covid-19”.

Pero además, el ente de control disciplinario solicitó en este caso la práctica de pruebas, con la intención de determinar si la conducta está prevista en la normativa legal como falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad.​

Otras investigaciones desde la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios del Ministerio de Hacienda ha anunciado el ente de control, liderado por Margarita Cabello. En febrero, la entidad informó sobre indagaciones a personal de esta cartera, en vista de las presuntas irregularidades en liquidación del presupuesto de 2024.

Al respecto, la Delegada para la Economía y la Hacienda Pública sostuvo que, según dieron a conocer medios de información, habría material probatorio que evidenciaría posibles anomalías en el detalle de las apropiaciones y en la clasificación y definición de los gastos de cerca de $13 billones.