En un fallo que condena a 12 años de prisión al exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, por la tortura agravada a la periodista Claudia Julieta Duque, el Juzgado 10 Penal Especializado de Bogotá reiteró la compulsa de copias para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su posible relación con estos hechos.

El Juzgado 10 Penal Especializado de Bogotá, al emitir la sentencia de 12 años de prisión contra Narváez, reiteró la necesidad de que se investigue a Uribe. Esta decisión se basa en una compulsa de copias previamente ordenada en 2014 por la Fiscalía Novena de la Unidad de Análisis y Contexto, la cual sugirió que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes evaluara si existían méritos suficientes para investigar al expresidente por su presunta vinculación con los crímenes cometidos durante su mandato.

La condena contra Narváez se fundamenta en su participación en las interceptaciones ilegales, seguimientos y tortura psicológica contra Duque, quien fue perseguida por su labor como asesora del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar) en la investigación del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. Según el fallo, el G3, un grupo especial de inteligencia del DAS, fue utilizado para recopilar información destinada a acosar y torturar a Duque.

El fallo destaca además que Duque tuvo que enfrentar una serie de amenazas y hostigamientos, desde llamadas intimidantes hasta seguimientos, por su participación en las investigaciones sobre el asesinato de Garzón, en las que señalaba la presunta implicación de organismos del Estado. Cabe recordar que Narváez ya había sido condenado a 30 años de prisión en 2018 por ser el autor intelectual del asesinato de Garzón.

El juez también subrayó que en 2004, Duque coordinó el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el cual tuvo que ser trasladado de Colombia a Ecuador debido a los discursos públicos del entonces presidente Uribe, quien calificaba a los defensores de derechos humanos como "defensores del terrorismo," lo que generó un clima de inseguridad para los participantes.