Cinco días. Ese es el plazo que le queda al director de Fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, para decidir si precluye la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, o si o lo acusa ante un juez por los delitos de soborno en actuación penal y falsedad procesal.

Y es que el plazo vence el próximo sábado 6 de marzo para que el fiscal Jaimes, designado por el Fiscal General de la Nación para llevar este proceso, tome una decisión de fondo que, en cualquier caso, será polémica.

Si precluye en favor del también expresidente, la oposición argumentará que fue una decisión sesgada, y si lo acusa el uribismo dirá que lo hizo presionado por sectores de izquierda y que no hay pruebas contundentes contra el jefe del Centro Democrático.

En cualquier caso, se trata del proceso penal más importante de los últimos años por la importancia de Uribe Vélez en la vida política del país.

En este momento son varios los hechos jurídicos que están pendientes de resolverse antes de que el proceso entre en la etapa de definiciones. En primer lugar, la propia Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado sobre una tutela que interpuso el propio Uribe contra el Juez Cuarto Penal que lo declaró imputado. El Tribunal Superior de Bogotá rechazó el recurso, pero este fue impugnado ante la propia Corte.

Esta decisión es clave porque si la Corte dice que la indagatoria que ya había rendido el exsenador ante la Sala Especial de Instrucción de esa corporación bajo la Ley 600/2000 no es homologable a la imputación de cargos bajo la Ley 906/2004, Sistema Penal Acusatorio, implicaría que el proceso pudiera comenzar de cero.

No obstante, el fiscal Jaimes Durán, desde el mismo 6 de noviembre pasado cuando el juez Cuarto Penal declaró formalmente imputado a Uribe Vélez, ordenó la práctica de más de un centenar de pruebas y testimonios, muchas de las cuales ya obraban en el expediente que le remitió la Corte Suprema en agosto pasado.

Por ello, el senador Iván Cepeda, parte civil en el proceso, se ha quejado de la “falta de garantías” del fiscal Jaimes, y ha pedido el cambio de instructor, petición que no ha aceptado el fiscal Francisco Barbosa.

También está pendiente la verificación de la información contenida en seis tarjetas sim que le fueron halladas a Monsalve en su celda y el proceso que se sigue contra los abogados Diego Cadena y Juan Carlos Salazar. Ambos están privados de la libertad precisamente por el mismo cargo que Urbe: supuesta manipulación de testigos.

De hecho, Cadena ya fue llamado a juicio y está privado de la libertad, mientras su socio Salazar está libre pero vinculado al expediente.

• Le puede interesar: ¿Los votos por las listas son un activo de partidos?

Nuevos testimonios

Por otra parte, en las últimas semanas la defensa de Uribe logró en la Fiscalía lo que durante varios años no pudo conseguir en la Corte Suprema: que fueran contrainterrogados dos testigos clave en este proceso: el exparamilitar Juan Carlos Sierra, más conocido como ‘El Tuso’ Sierra.

Su testimonio es determinante pues según la defensa de Uribe, el senador Cepeda le habría hecho ofrecimientos de asilo para su familia a cambio de testificar contra el expresidente Uribe Vélez y su hermano Santiago, también vinculado a una investigación penal por conformación de grupos paramilitares.

Por otra parte, la Fiscalía citó a rendir declaración jurada al testigo estrella contra Uribe: el exjefe paramilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de la finca Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque, que fue propiedad de la familia del exmandatario y donde, al parecer, nacieron varias Convivir durante su gestión como Gobernador de Antioquia.

Monsalve, no obstante, se ha negado a declarar y denunció a través de su abogado Miguel Ángel del Río “presiones y amenazas”. Es por ello que el fiscal Jaimes la semana pasada le remitió una carta en la que le recuerda que “es obligatorio” que cumpla con esa diligencia.

Jaimes Durán también ordenó realizar una inspección al proceso que se adelanta en el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín donde se da cuenta de la creación del ‘Bloque Metro’ de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, para “recopilar copias de las diligencias, versiones y demás piezas procesales que se consideren relevantes para la investigación que se sigue en este despacho”, es decir el proceso contra Uribe Vélez.

La Fiscalía de Jaimes Durán, así mismo, pidió copia del interrogatorio que rindió Cadena y de las entrevistas que rindió el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, de quien se dice el abogado Cadena habría favorecido con ayudas en dinero para su familia a cambio de testificar contra Uribe.

La solicitud del fiscal Jaimes Durán de repetir buena parte del trabajo procesal que ya había realizado la Corte Suprema de Justicia “es normal”, según ha dicho el abogado Jaime Granados Peña, apoderado de Uribe Vélez en su defensa técnica, pues dice que lo que busca el funcionario es “verificar la información” que ya había recopilado la Corte.

De otro lado, mientras avanza este proceso en la Fiscalía contra el exsenador del Centro Democrático, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió indagación en contra del exmagistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló, por supuestamente haber legalizado conversaciones de Uribe Vélez cuando se pretendía era hacerle seguimiento al congresista Nilton Córdoba.

La propia defensa de Uribe ha pedido que esas grabaciones no sean tenidas en cuenta, pero el tema apenas comienza en esa célula legislativa.

Tampoco se ha definido qué ha pasado con los pantallazos de chat que entregó el senador Cepeda como prueba de la supuesta manipulación a Monsalve, porque el senador nunca entregó su celular argumentando que se le dañó, pero la Corte sí valió ese material probatorio.

Lo cierto es que la presión mediática es cada vez mayor, pues mientras sectores cercanos al uribismo reclaman la preclusión del proceso, del otro lado del espectro político consideran reclaman del fiscal Jaimes Durán una decisión “en derecho”.

De cualquier forma, solo esta semana se sabrá el futuro jurídico del expresidente y exsenador, aunque vale recordar que este es apenas uno de los procesos penales a los que está vinculado, pues la Corte Suprema de remitió a la Fiscalía General solo este caso y los que tiene relación con las masacres de El Aro, La Granja y el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Sin embargo, en el alto tribunal cursan otros procesos contra el jefe del Centro Democrático relacionados con su actuación como congresista.