La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, exhortó a los gobernadores y alcaldes a fortalecer las acciones necesarias para la correcta implementación de medidas de bioseguridad que garanticen el retorno a la presencialidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los establecimientos educativos del país. 

A través de la Directiva 012 de 2021, la jefa del Ministerio Público pidió a los mandatarios territoriales aplicar las medidas que permitan el retorno de las actividades laborales, contractuales y educativas presenciales de los docentes y directivos docentes, personal administrativo y de apoyo logístico, en la forma y los tiempos previstos por los ministerios de Educación Nacional y de Salud y Protección Social. 

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“Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes han sido unos de los principales afectados por el aislamiento al que nos ha sometido la pandemia, y por esta misma razón no podemos seguir aplazando su regreso a los establecimientos educativos. Los derechos a la educación y a la salud deben ser garantizados y por eso desde la Procuraduría General de la Nación exhortamos nuevamente a quienes tienen el deber y la responsabilidad de asegurar su retorno a clases, en condiciones seguras, a que actúen conforme a los lineamientos que ya han sido emitidos por los ministerios de Salud y Educación”, señaló la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Viviana Mora Verbel.

En la directiva se insta a docentes, directivos docentes, personal de apoyo logístico a retornar a las actividades educativas de manera presencial, de acuerdo a los lineamientos, directrices y orientaciones del Gobierno nacional y las autoridades territoriales. 

En desarrollo de su acción preventiva y de control de gestión, la Procuraduría vela por la garantía y adecuada prestación del servicio de educación, en las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. 

Ya el Ministerio de Educación dijo que los profesores del sector público que no vayan a trabajar una vez terminen las vacaciones de mitad de año, no recibirán sueldo alguno.