LA PROCURADURÍA General de la Nación exhortó al Gobierno nacional poner en marcha acciones enfocadas en atacar la extorsión desde las cárceles, delito que, según el Ministerio Público, ha aumentado de forma indiscriminada.

En ese contexto, el ente de control propuso al Ejecutivo analizar la creación de una Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional para desarticular el flagelo de la extorsión extramural a nivel nacional.

“Y es que para el ente de control resulta preocupante que este tipo de extorsión vaya en aumento, pues representa el 41% del delito desde las cárceles”, manifestó el Ministerio Público, a través de un comunicado.

De acuerdo a la Procuraduría, el caso que más les preocupa se ha registrado en Tuluá, Valle del Cauca, donde organizaciones criminales como “La Inmaculada” viene azotando a comerciantes y empresarios de la región. Desde el presidio, los integrantes de dicha agrupación exigen gruesas sumas de dinero a sus víctimas. “De lo contrario, sus establecimientos serán blanco de atentados”, estableció.

“Desde la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos se ha hecho especial seguimiento a esta problemática, alertando que este delito corre el riesgo de extenderse a otras regiones del país tal como está sucediendo ahora en Barranquilla”, informó el Ministerio Público.

Para la Procuraduría, la falta de operatividad del Gobierno y del INPEC se evidencia hasta en el mal funcionamiento de equipos bloqueadores de señal, pues de 22 instalados en igual número de penitenciarias solo funcionan 2.

Por lo mismo, el ente de control cuestionó que “se permita el ingreso de elementos prohibidos a las prisiones bajo complicidad de guardias y sin recato de autoridad, dando oportunidad a los delincuentes para que amenacen la institucionalidad estando tras las rejas”.

Ante las dificultades que presentan las entidades y el incremento de la inseguridad, “la Procuraduría llama a los ministros de Defensa, Justicia, Tecnología y Comunicaciones y a las directivas del INPEC a que adopten mecanismos que solucionen esta grave problemática”.

Igualmente, se conoció sobre una reunión entre el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y los alcaldes electos de las principales ciudades de Colombia.

Entre los mandatarios estuvieron presentes el de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez; el de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán y el de Cali, Alejandro Eder.

El encuentro entre mandatarios con el alto funcionario tuvo como motivo la evaluación de la situación de inseguridad en los diferentes territorios, siendo la extorsión uno de los principales delitos a atacar.

“Tenemos la necesidad de fortalecer la inteligencia y la investigación judicial. ‒Tenemos la necesidad de fortalecer con urgencia la inteligencia‒. Sin inteligencia es imposible luchar contra la criminalidad, pero, además, con investigación judicial. Y ahí será necesaria la coordinación que debemos tener de la inteligencia con la investigación para que podamos enfrentar la criminalidad, con una respuesta judicial efectiva”, aseguró Velásquez, al término de la reunión.

De la misma manera, habló sobre la posibilidad de colocar cámaras de seguridad en puntos clave de las distintas ciudades.

“Les planteé una posibilidad de cómo fortalecer este mecanismo de vigilancia, que es tan conveniente en todo el país, que examinaran la posibilidad de que en las licencias de construcción que se expiden en cada municipio se incluyera la exigencia del establecimiento de un número determinado de cámaras, de acuerdo con la reglamentación de cada Alcaldía”, dijo.

Las cifras

El informe ‘Seguimiento a indicadores de seguridad y resultados operacionales’ publicado por el Ministerio de Defensa, con fecha de corte a noviembre de 2023, reveló que el delito de extorsión incrementó un 8%, frente al mismo periodo de 2022.

En tal sentido, se informó que entre enero y noviembre del año pasado hubo un registro de 9.297 casos. Si ello se compara con las 8.608 extorsiones reportadas durante los primeros 11 meses de 2022, se puede concluir que el incremento fue de 689 casos.

En cuanto al caso de secuestro extorsivo, Mindefensa comunicó que para 2023, se anotaron 203 casos, sobre los 121 del año 2022, lo que representa un incremento de 68%.