EL NUEVO SIGLO: ¿El proyecto ya tiene el consenso suficiente para ser aprobado?

ANTONIO ZABARAÍN: El proyecto tiene un muy buen ambiente. La bancada liberal va a apoyar el proyecto igual que los conservadores, la bancada del Centro Democrático, MIRA y Colombia Justa Libres. El Partido Verde dejó en libertad a sus miembros y hay algunos militantes que apoyan la iniciativa. Y en Cambio Radical, el día martes realizaremos una última reunión de bancada en donde conseguiremos que la bancada nos acompañe.

Pienso que con los últimos cambios que se hicieron en la subcomisión que se creó, el proyecto quedó completo. Logramos hacer unos ajustes en razón del gran número de proposiciones que se presentaron.

ENS: ¿Qué cambios se le hicieron al proyecto?

AZ: Las críticas estaban concentradas en lo que hace referencia al regulador convergente, donde había el temor de que eventualmente podría ser un vehículo para la censura. Con la nueva composición, importada desde el Reino Unido, vemos los cambios. Allí existen ocho miembros, con la diferencia de que allí todos son designados por el Gobierno. Aquí se crea un ente que tiene dos salas, por llamarlo así.

ENS: ¿Cómo quedan esas salas?

AZ: La primera, de comunicaciones, hace referencia a las tecnologías, al Internet y a todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Allí participan cinco miembros: uno puesto por el Presidente, otro por el Ministerio de las TIC y tres miembros designados por la sociedad civil, a través de un concurso que adelanta Función Pública.

La sala de contenido estará integrada por dos miembros designados por las universidades acreditadas ante el Ministerio de Educación y el tercer miembro es designado por los canales regionales, a través del mecanismo que ellos implementen. Esa sería la sala que regularía la televisión pública y que garantizaría que no haya censura. Ya que aquí no hay miembros del Gobierno, que era la preocupación de algunos medios de comunicación y las personas que propenden por una buena televisión pública.

ENS: ¿Por qué el modelo de la BBC de Londres?

AZ: Este modelo opera exitosamente en el Reino Unido. Allí hay una televisión pública con calidad de contenido y con la garantía que no va a haber censura. Un modelo acertado porque para nadie es un secreto que la mejor televisión pública del mundo es la BBC de Londres.

ENS: Los críticos dicen que el ente regulador estará en manos del Ministerio de las TIC. ¿Esa duda se disipa con estos cambios?

AZ: Esas son apreciaciones capciosas de los críticos. Uno no puede poner como Gobierno a que una entidad pública la gobierne la oposición o una persona que no tiene una línea de pensamiento afín. La democracia es para eso, para que si uno se elige pueda gobernar. Hay garantías para la oposición, pero no podemos poner a los derrotados en la contienda a que manejen el programa de Gobierno.

ENS: ¿Los operadores cómo quedan con las concesiones?

AZ: Estaban inicialmente a 10 años prorrogables a 10 más. En el proyecto el Gobierno quería que las concesiones fueran de 30 años prorrogables por el mismo tiempo y nosotros logramos el consenso para que sean a 20 años prorrogables a 20 más.

ENS: Dicen que este proyecto beneficia a los productores de televisión internacional acabando con la parrilla nacional, ¿es cierto?

AZ: De ninguna manera. Aquí se les brindan garantías a todos los productores. Lo que se está es abriendo el menú, no estrechándolo.

Difícilmente en este país se ha estudiado un proyecto con tanta rigurosidad como este que viene haciendo trámite con el Congreso desde septiembre de 2018. Este proyecto es el más importante que hace tránsito en el país en los últimos años.

ENS: ¿Qué beneficios le ve al proyecto?

AZ: Yo creo que el proyecto es bueno. Tiene detractores como cualquier otro y hay otras personas que usan eso para tener un protagonismo mediático. La oposición critica que los gobiernos no entran a la Colombia profunda, que no atienden a los más necesitados y que viven de espalda a la realidad nacional. Aquí lo que se propone es atender a esas personas que viven en lo más recóndito del país y ponerlos a tono con la conectividad.

Los puntos clave de la iniciativa

Si bien la ley TIC comenzó su difícil trámite en el Congreso con una oposición férrea, se espera que el próximo martes por fin sea discutida y como van las cosas, aprobada.

El partido de Gobierno y los conservadores apoyan sin restricción a la ministra Sylvia Constaín, que ha estado muy pendiente de la aprobación día a día cuando la plenaria ha sido citada. La U no ha dado una posición en bancada pero la mayoría de los parlamentarios apoyan la iniciativa y los partidos Liberal y Cambio Radical al parecer ya resolvieron sus dudas.

El miércoles, el Senado logró resolver los impedimentos, una situación que tardó dos sesiones completas y dejó exhaustos a la mayoría de parlamentarios. Según dijo el presidente Ernesto Macías, se presentaron 85 impedimentos, es decir, tantos impedimentos como senadores en el recinto.

Pese a que algunas voces sugerían que el próximo martes se presentarían más, Macías zanjó la discusión diciendo que ya se discutieron los impedimentos presentados y que ya solo queda votar la ley.

Una situación que llamó la atención y que deja ver el miedo de los senadores a las recusaciones fue el de Soledad Tamayo, quien cinco minutos después de posesionada presentó ante la mesa directiva un impedimento que fue negado por la corporación.

El quorum entonces queda con siete senadores menos, que son Fernando Nicolás Araújo (Centro Democrático), Iván Marulanda (Alianza Verde), Juan Samy Mehreg (Partido Conservador), Arturo Char (Cambio Radical), Gustavo Bolívar (Lista de la Decencia), Andrés Cristo (Partido Liberal) y Miguel Amín (La U).

Puntos clave

El proyecto pretende, según el Gobierno, incluir al país en la cuarta revolución industrial que “está cambiando por completo nuestra manera de vivir, estudiar, producir y organizarnos como individuos y como sociedad”.

Sin embargo, critica que Colombia está en mora de actualizar su marco regulatorio e institucional “y adoptar las reformas estructurales necesarias para poner en marcha la gran ola de conectividad y garantizar que todos podamos beneficiarnos. El acceso de todos los colombianos a soluciones de conectividad sostenibles y de calidad es lo que nos permitirá lograr la verdadera equidad”.

La iniciativa está ligada al Plan de Desarrollo aprobado hace pocos días por el Congreso en el que el Gobierno nacional estableció la necesidad de masificar la banda ancha en Colombia y generar mayor transparencia y eficiencia en el mercado de telecomunicaciones colombiano.

“El proyecto de ley contempla las reformas estructurales esenciales que nos permitirán dar un salto hacia adelante para acelerar el cierre de la brecha digital y define reglas claras que convertirá a Colombia en un país atractivo para la inversión”, asegura el Gobierno.

Debido a que el Ejecutivo considera que cerrar la brecha digital en Colombia es necesario como una cuestión de equidad, pues “20 millones de colombianos no cuentan con Internet de banda ancha”, este proyecto brinda herramientas para que esa tecnología llegue a todos los lugares del país.

El Gobierno aún no puede alcanzar este propósito pues según sus propias cifras Colombia está quedada frente al resto de los países de la región en materia de conectividad, “en los últimos 10 años, mientras que los otros implementaban reformas y políticas que permitieron ampliar significativamente el acceso y la cobertura, Colombia avanzó tan lentamente que aún no supera la barra del 50% de la población con acceso a banda ancha móvil”.

Uno de los puntos más criticados fue el de la creación de un regulador único del sector que unifique la Comisión Reguladora de Comunicación y la Autoridad Nacional de Televisión, que según el Ministerio de Tecnologías “no será sometido a control jerárquico ni de tutela y con un mecanismo de designación que garantiza la alternancia de los Comisionados respecto del periodo de Gobierno”.

Esto debido a que el sector “ha dado claras y preocupantes señales de desaceleración y contracción en los últimos años: la inversión privada se ha disminuido en un 33% en los últimos cinco años. Hoy el rezago normativo dificulta el financiamiento ni el despliegue de la infraestructura que necesita el país”.

Por último, plantea que los permisos de uso del espectro radioeléctrico para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, pueda otorgarse hasta por 10 años, entregando a las empresas que prestan este servicio la posibilidad de crear infraestructura para expandir sus propios mercados al interior del país.

Según el articulado el Ministerio podrá “establecer obligaciones de hacer como forma de pago de la contraprestación económica por el otorgamiento o renovación de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, para ampliar la calidad, capacidad y cobertura del servicio, que beneficie a población pobre y vulnerable, o en zonas apartadas, en escuelas públicas ubicadas en zonas rurales y otras instituciones oficiales como centros de salud y bibliotecas públicas, así como prestar redes de emergencia”.