El balance del paquete legislativo del Gobierno en este primer período fue superlativo porque logró sacar adelante la totalidad de las iniciativas que presentó, comenzando por la tributaria. Sin embargo, hay grandes reformas que quedan en el tintero, que  seguramente serán radicadas en el 2023, como la de salud y la laboral. También hay proyectos de origen parlamentario que están en las cuentas. 

El proyecto de reforma a la salud seguramente se radicará después del primer trimestre del próximo año, si se tiene en cuenta que la ministra Carolina Corcho indicó que previamente debe darse una discusión entre los diferentes actores del sistema. 

Uno de los principales aspectos de esta reforma es la intención que tiene el Gobierno de suprimir las EPS en su papel de aseguramiento, pues considera que no están funcionando, y prueba de ello sería que más de un centenar han sido liquidadas en los últimos 30 años. 

Por ello el nuevo modelo implicaría un sistema público de aseguramiento que gire los recursos directamente a los operadores. 

La ministra de Salud, tras explicar que solo 30 EPS están funcionando, dijo en días anteriores que “planteemos una transición entre todos para ir haciendo el desmonte progresivo de las EPS e ir saneando las deudas con las clínicas y los hospitales”. 

El proyecto también contemplará, entre otros aspectos, gratuidad en la atención en salud, se crean instituciones sanitarias del Estado y desplazamiento de equipos médicos al territorio.

Reforma laboral 

En agosto pasado, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, invitó a todas las partes para iniciar mesas de diálogo y abordar los temas que contendrá la reforma laboral.  

La agenda inició en el último trimestre de este año y la construcción del texto final se presentará en la primera legislatura del 2023, según anunció la ministra. 

“Esta reforma laboral la vamos a construir con las partes involucradas, o sea, empresarios, trabajadores a través de sus centrales sindicales y vamos a llamar a la academia, para que nos acompañe”, dijo Ramírez. 

Según lo que ha explicado el Gobierno la reforma busca desarrollar el artículo 53 de la Constitución, que ordena al Congreso expedir un estatuto del trabajo que fije unos criterios mínimos para garantizar el trabajo digno y decente. 

Entre los propósitos puntuales de la reforma está volver a establecer que la jornada nocturna comience a las 6 de la tarde, revirtiendo lo que hoy es a partir de las 10 de la noche. 

También buscará suprimir los contratos temporales, así como establecer un salario mínimo vital y móvil, estabilidad laboral y protección especial a la mujer.

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Reforma pensional 

Sin duda será una de las discusiones más fuertes en el Congreso y en los diferentes sectores de la sociedad, como ya se ha visto en los últimos meses por las manifestaciones del presidente Petro en favor de poner el fondo público por encima de los fondos privados de pensiones. 

La reforma integral al sistema de protección a la vejez, como la ha denominado el Gobierno, se basará en tres pilares: el pilar solidario con una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente y que cobijará a las personas que no alcanzan a obtener una pensión; el contributivo, para las personas que devengan hasta cuatro salarios mínimos y harán sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones.

Y el tercer pilar para personas que tienen ingresos por encima de los 4 salarios mínimos que hacen aportes adicionales al Régimen de Ahorro Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, AFP.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha dicho que “es una reforma estructural, no es una reforma paramétrica, lo que estamos buscando es cómo generar mayor cobertura para que todos los adultos mayores que hoy están por fuera de la posibilidad de tener una vejez digna, tengan unos elementos que les permitan a través del apoyo del Estado liberar sus recursos y así potenciar una vejez con dignidad y que no vivan de la caridad de sus familias”.

El primer mandatario aclaró a Semana que los fondos de pensiones privados “no se acaban. Lo que estamos diciendo es que se complementan, en el sistema de pilares, porque hoy están separados. Hoy estás en el uno o en el otro. La mayoría está en el que no da pensión. La mayoría de los trabajadores jóvenes está allí”. 

Reforma a la justicia 

En un acto en que se entregaron condecoraciones a magistrados de las altas Cortes la semana pasada, el presidente Petro dijo que un nuevo intento de reforma al sector judicial  debe enfocarse en tener más jueces, mayor independencia y un impulso a la justicia restaurativa. 

“Necesitamos más jueces, es decir, más dinero, más independencia de la rama judicial. Necesitamos, quizás, un paso mayor como una justicia restaurativa que logre indemnizar a la víctima.  Que logre devolver hasta el máximo posible a la condición que existía antes del delito a la víctima. La justicia restaurativa, más jueces y más independencia, me parecen que son los ejes centrales que debe contener, hoy por hoy, un proyecto de reforma judicial”, declaró. 

Explicó que desde que fue congresista, los intentos de reforma a la justicia no han tenido éxito en el Legislativo porque “se han centrado en una especie de búsqueda del poder administrativo del poder judicial”. 

Dijo que esa reforma debe ser más simple, buscando que la justicia llegue “más al ciudadano y ciudadana del común”. 

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Ley de sometimiento 

Las conversaciones que eventualmente iniciará el Gobierno nacional con los grupos armados al margen de la ley en 2023, como el ‘Clan del Golfo’, los ‘Pelusos’ y las disidencias de las Farc, requieren de un piso jurídico que debe entregar la ley de sometimiento. 

Dicho proyecto fue anunciado desde hace más de dos meses por el Gobierno; sin embargo, sin mayores explicaciones no se radicó este año. 

La norma establecerá las condiciones y requisitos para que los grupos armados interesados en la propuesta de paz del presidente Petro puedan hacerse partícipes en los diálogos con el Gobierno, con miras a su sometimiento a la justicia. 

En la ley de sometimiento también se establecerán los beneficios penales que recibirían los integrantes de estas organizaciones por dejar la actividad criminal, incluso conservar un porcentaje de los bienes obtenidos de forma ilícita. 

Es previsible que la norma, que como se dijo lleva más de dos meses de discusión en la entraña del Gobierno, sea radicada a principios del próximo año para que empiece a ser debatida a partir de marzo, cuando se reintegra el Congreso a sus labores. 

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Educación y carcelaria 

El ministro Alejandro Gaviria manifestó que el próximo año se presentará la reforma a la educación.

Uno de los principales objetivos que tiene la Administración Nacional es que ingresen a la educación superior medio millón de jóvenes. No obstante, para ello, advirtió el ministro Gaviria, es necesario “reformar la Ley 30 y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, y hacer un plan ambicioso de infraestructura”.   

Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, indicó que en marzo próximo radicará un proyecto para reformar el sistema penal y la política criminal del país. 

Destacó que, en líneas generales, se trata del uso racional de la cárcel, tras indicar que la Corte Constitucional ha dicho que “el hacinamiento no se soluciona siempre con más cárcel, a veces se soluciona con menos cárcel ¿Qué quiere decir eso?, penas más cortas, que permitan que sea cierta la idea de la resocialización y redención de las personas”.