EN LA Comisión Primera del Senado, se adelanta el debate al proyecto de ley presentado por la Corte Suprema de Justicia, y la Fiscalía General de la Nación en el que se establecen cambios al Código de Procedimiento Penal en cuanto a beneficios premiales por aceptación de cargos y preacuerdos. Sobre el proyecto se ha generado una fuerte controversia en torno a que concede beneficios penales a quienes cometan delitos contra menores de edad. Frente a esta propuesta la Procuraduría General se pronunció en contra de esta propuesta por considerarla socialmente perjudicial.
Durante la audiencia pública de la reforma a la justicia, el procurador delegado ante la JEP, Christian Wolffhügel llamó la atención por las posibles consecuencias que esta medida podría tener para la protección de las víctimas de violencia sexual y el adecuado funcionamiento del sistema penal.
Durante su intervención, el delegado enfatizó en que los problemas de dilación de los procesos penales se solucionan con medidas vigentes y no con la rebaja de penas a agresores de niños y niñas, siendo las investigaciones robustas y adecuadas de los delitos, la clave para garantizar justicia a las víctimas. Para el ente de control la posibilidad de rebajar penas no garantiza una agilización de los procesos judiciales ni evitará la interposición de recursos. Rebajar las penas como incentivo podría interpretarse como una forma de reducir la gravedad percibida de crímenes tan severos como el abuso sexual, lo que afectaría la confianza en el sistema de justicia y en la protección de las víctimas sin establecerse realmente que este mecanismo mitigará la impunidad.
En el Congreso de la República, recién arranca el debate y según explica el senador Ariel Ávila del Partido Alianza Verde y presidente de la comisión, el proyecto se encuentra sujeto a modificaciones e incluso el polémico artículo que da beneficios a agresores y abusadores de niños podría ser eliminado de la propuesta en razón a que la legislación colombiana no permite subrogados penales por estos delitos.
Frente a estas afirmaciones, el presidente de la Corte Suprema, magistrado Gerson Chaverra explicó que este proyecto busca bajar la congestión procesal en los despachos judiciales. “Buscamos la resolución pronta de los procesos, pues el 70% de los casos que llegan a instancias de conocimiento a la Corte Suprema de Justicia, la respuesta llega 8 años después y cuando ya no representa nada para las víctimas", dijo el magistrado.
Asimismo, puntualizó que "este proyecto, pretende una aceptación de cargos, evitar el desgaste del aparato en juicio y garantizar la reparación y el acceso rápido a la justicia para la víctimas a cambio de beneficios contemplados por la ley. Es que la congestión judicial no es por culpa del sistema, sino que la incidencia delictiva es muy alta y por eso se hace necesario que tengamos un sistema que con eficacia utilice este tipo de mecanismo para una respuesta rápida”.
Autores del proyecto explican la iniciativa
A su turno, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo afirmó que “este proyecto tiene unas normas que generan preocupación en la sociedad y malestar por lo que se considera una rebajas para los delincuentes más repudiados del país, pero que con los mecanismos premiales que son de la esencia del sistema penal acusatorio que tenemos y el cual nos ha costado demasiado en lo relacionado a las sentencias preacordadas porque aún a los jueces y fiscales les cuesta entender que con los acuerdos nadie pierde, nadie pierde con las negociaciones".
Del mismo modo, explicó que "la ley 906 de 2004 buscaba que el procesado tuviera un acceso rápido y concentrado a la justicia y luego de 20 años estas son promesas incumplidas. La propuesta trae la posibilidad de adelantar una negociación sobre delitos que hoy tiene prohibición de preacuerdo y esto no es una obligación porque se trata de una alternativa. Son varios los casos en los cuales se pueden hacer preacuerdos y sobre los mismos, la Fiscalía impulsa las negociaciones a cambio de cerrar el proceso definitivamente, los beneficios no se ofrecen a todos los procesados porque se analiza el caso para establecer qué le sirve a las víctimas y que le aporta a la sociedad”.
En ese sentido, el exministro de Justicia Yesid Reyes, manifestó que “las dos principales características que tiene este proyecto es que se elaboró en base al análisis de problemas que se vienen presentando en el ejercicio de la acción penal. Lo que se propone resolver son problemas prácticos y no teóricos, una segunda característica es que se trata de un proyecto muy preciso porque tiene 11 propuestas y el texto permite reducir a 9 artículos sin problema y esto permitirá al Senado concentrarse en estos artículos junto con las soluciones de manera centrada".
Así mismo, acotó que "debemos destacar la concertación del proyecto entre la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia, pese a que este tipo de concertaciones son muy complicadas de alcanzar. Lo que convierte a este proyecto de ley en un texto fuerte en materia de discusión en el Congreso de la República”.
Por su parte, el senador Alejandro Chacón del Partido Liberal señaló que “el colapso que tiene el sistema es muy grande, faltó criticar la ley 906 de 2004 porque la verdad era mucho más efectiva la ley 600 y eso es algo que ellos saben, pero que poco lo dicen. A este sistema le hace falta más jueces y fiscales porque esto no es solo otorgando beneficios a pesar de que se trate de un mecanismo para descongestionar, pero la idea no es facilitar el acceso a la justicia únicamente, sino que se debe preponderar el derecho de los procesados".
Continuó "muchos congresistas no estamos de acuerdo en los beneficios a los agresores de menores y que lleguen a coartar los derechos de las víctimas a cambio de agilizar los procesos. Se trata de garantizar un juicio justo porque los beneficios procesales también deben ser para los inocentes, tenemos que analizar sobre los mecanismos para que estos no abusen de los derechos de las personas porque no se puede contemplar solo lo premial, sino el derecho de las víctimas a una sanción justa. El sistema penitenciario también debe integrarse con la resocialización efectiva, y se requiere una ampliación en el número de jueces y fiscales”.
Senadores estudian la propuesta
El senador de la Coalición Alianza Verde Humberto de la Calle, indicó en torno al caso que: “Con mi proyecto, el Congreso y el Gobierno tienen una gran oportunidad. El banco de datos ayudará a descubrir a los culpables y evitará que se repitan casos como el Monstruo de los Cañaduzales que acaba de morir, Garavito que abusó de más de 100 niños y el crimen contra Sofía Delgado”.
La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático ha señalado que: “En Colombia, solo en 2024, se han registrado 42.000 casos de violencia intrafamiliar de los cuales 5.200 son contra niños, de estos 375 son asesinatos. Es momento de actuar y proteger a nuestros niños y legislar en favor de ellos”.
De igual manera, la senadora María Fernanda Cabal de esa misma colectividad expresó que: “Esto es sencillamente absurdo cuando buscan disminuir la agresión sexual contra niños y proponen rebajas de pena hasta en la mitad a cambio de una descongestión judicial. En mi visión no se deben dar beneficios a quienes vulneran gravemente los derechos de los niños”.