EN CADA Gobierno se ha hablado de hacer una reforma estructural a la justicia, sin embargo, a la hora de la verdad es uno de los objetivos que más ha quedado pendiente en lo corrido de este siglo. Por lo general, los proyectos se presentan, pero generan tanto debate que terminan empantanados en el Congreso.

Y cómo no recordar la reforma que impulsó en su primer gobierno Juan Manuel Santos, la cual en una intensa discusión logró el difícil reto de superar los ocho debates, pero cuando solo faltaba ser promulgada el entonces mandatario se negó a estampar su firma porque estalló un escándalo debido a que la comisión de conciliación introdujo ‘micos’ en el texto. Es decir, artículos que no habían sido debatidos y, por ende, aprobados.

En los últimos cinco gobiernos: los dos mandatos de Álvaro Uribe, dos periodos de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque, no se logró hacer una reforma integral a la justicia, a pesar de que todos presentaron proyectos en ese sentido.

En estos 23 años el Congreso ha aprobado reformas en algunos aspectos puntuales de la justicia, la más importante en 2015 la llamada reforma de equilibrio de poderes, que promovió la administración de Santos.

No obstante, sigue pendiente realizar una reforma integral a la justicia, a pesar de que en todo este tiempo han coincidido los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la necesidad de llevarla a cabo. Mas, no se han puesto de acuerdo en los términos de la misma, y esto es la principal razón para el fracaso de las distintas iniciativas.

A partir de 2015 se han escuchado voces, especialmente del Centro Democrático, que proponen una constituyente para llevar a cabo la reforma, dadas las dificultades que se han visto para hacerlo vía Congreso.

Sin embargo, la administración Santos ni la de Duque le jalaron a esto por la alta posibilidad, como lo han advertido muchos expertos, de que la constituyente desborde estudiar solo la justicia y termine abarcando los distintos temas, con unas consecuencias insospechadas.

Gobierno Uribe

Cerca de 2 años se tomó la administración de Álvaro Uribe para preparar y discutir los aspectos que consideró necesarios en la reforma a la justicia, antes de llevarla al Congreso.

Sin embargo, este diálogo se dio con los partidos políticos afines al Ejecutivo, no tanto con las altas Cortes debido al enfrentamiento que tenía, especialmente, con la Corte Suprema por el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, a los cuales el alto Tribunal determinó que no se les podía dar estatus político, y también por la macro investigación en el caso de la parapolítica, es decir, vínculos de congresistas con grupos de autodefensa, muchos de estos políticos cercanos a esa administración.

El proyecto de reforma de Uribe a la justicia se refería entre otros puntos clave a crear una Sala de Gobierno, integrada por los presidentes de las altas Cortes y un magistrado por cada Corte, para garantizar la segunda instancia a los congresistas.

También la obligatoriedad de la jurisprudencia reiterada para evitar congestiones derivadas de demandas sucesivas por casos idénticos; la simplificación del Consejo de la Judicatura; la elección de los titulares de los órganos de control sin participación de la Justicia para evitar que esta última se politice; el retiro de la competencia al presidente de la República para proponer candidato a la Procuraduría y ternas para la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La reforma a la justicia fue retirada en 2008 por el entonces gobierno cuando se discutía en la Comisión Primera del Senado, después de que varios parlamentarios se declararon impedidos para participar en el debate y, como consecuencia, los votos para su aprobación no estaban garantizados.

Administración Santos

En enero del 2013 el entonces presidente Juan Manuel Santos devolvió al Congreso la reforma constitucional a la justicia que su gobierno impulsó, pero que se negó a promulgar por los ‘micos’ que se incluyeron en la conciliación por parte de algunos parlamentarios.

Dicha iniciativa contemplaba medidas para descongestionar la justicia; eliminaba el Consejo Superior de la Judicatura, reemplazándolo por una estructura gerencial y disciplinaria; reemplazó la ineficiente, como es considerada por muchos, Comisión de Acusaciones de la Cámara; estableció una fórmula en el juzgamiento de congresistas y altos funcionarios para que tengan doble instancia en la Corte Suprema de Justicia.

Además, esta reforma garantizaba recursos adicionales de inversión por 2 billones de pesos en 6 años para el sector justicia, en temas como mejoramiento de la infraestructura e implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, la puesta en marcha de la oralidad y la descongestión judicial.

Al explicar Santos las razones por las cuales entonces no promulgó la reforma a la justicia, dijo sobre la etapa de conciliación que “en esta última instancia, la comisión decidió sesionar sin la presencia del ministro de Justicia y del Derecho; hicieron los cambios que a bien tuvieron, y solo le informaron al ministro de estos después de 10 horas de discusión, cuando ya, por razones de tiempo, había muy poco por hacer”.

Añadió el entonces mandatario que “infortunadamente −y después de todo este gran esfuerzo−, el Gobierno ha detectado que se introdujeron unos cambios que en nada favorecen a la justicia y la transparencia y, en particular, algunos que son verdaderos micos”.

Posteriormente, el gobierno Santos sacó adelante, como se dijo, la reforma de Equilibrio de Poderes, que hizo algunos ajustes importantes en la justicia, pero luego la mayor parte del bloque judicial terminó hundiéndose en el control de la Corte Constitucional.

Mandato de Duque

Una de las primeras reformas que promovió Iván Duque fue la de justicia, sin embargo, se hundió en diciembre de 2018, pues no logró ser discutida en la Cámara, en tercer y cuarto debate, para cumplir la primera vuelta.

Según se dijo entonces, la iniciativa naufragó no solo porque el proyecto de reforma tributaria (llamado Ley de financiamiento) había creado un candente ambiente político en el Congreso, sino porque algunos partidos estarían condicionando su apoyo a la reforma judicial a cambio de cuotas burocráticas, lo que fue negado por todas las bancadas tanto oficialistas, independientes y de oposición.

También se señaló que parte de la responsabilidad del fracaso de la reforma era de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que tuvo roces con distintas bancadas. El hecho es que al final la funcionaria tuvo que renunciar.

El hundido acto legislativo proponía un nuevo modelo de administración y gobierno de la Rama Judicial. Creaba una Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, una Dirección General compuesta por un Consejo Directivo y un Gerente. Además, instituía la Comisión de Carrera Judicial. Igualmente, planteaba cambios para descongestionar los despachos y agilizar la justicia, como la obligatoriedad de las sentencias de unificación, la desjudicialización de asuntos para ser resueltos por particulares y autoridades administrativas, así como la habilitación del arbitraje legal.

Iniciativa de Petro

El presidente Petro indicó que en marzo del 2024 se debe presentar al Congreso el proyecto de ley de reforma a la justicia en materia penal, de manera concertada y cuyos ejes sean la verdad y la restauración a las víctimas.

“Para el año entrante, y es la tarea que les propongo a ustedes, presentar de manera concertada un proyecto de reforma a la Justicia basado en que logremos verdad y restauración de las víctimas”, dijo el jefe de Estado.

Con ese propósito el mandatario instruyó al ministro de Justicia, Néstor Osuna, conformar una comisión de expertos y en representación de los distintos sectores de la sociedad para que hagan propuestas sobre los alcances de dicho proyecto.

Ya se anunciaron 34 personas entre presidentes de las altas Cortes, magistrados y jueces, el fiscal general, integrantes del Gobierno, presidentes de sindicatos y representantes de la sociedad.

Entre las personas convocadas está el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.

Vargas Lleras dijo en las últimas horas que “mi optimismo en la Comisión para la Reforma a la Justicia es moderado, pues ya se han hecho muchos esfuerzos por hacer una reforma a la justicia. Seguiré siendo un contradictor del gobierno Petro y ejerciendo una oposición de forma constructiva”.