Si los anuncios de las bancadas se cumplen, la reforma a la salud estaría prácticamente hundida en el Congreso.
El articulado del proyecto de ley 010 Senado-425 Cámara no pasaría de su primer y tercer debates conjuntos en las comisiones séptimas de ambas corporaciones, donde cuenta con mensaje de urgencia desde septiembre.
En ese orden de ideas, lo más seguro es que la iniciativa se archivaría por mayoría en Cámara (12 contra siete) y Senado (siete contra cinco).
De los 12 votos fijos para garantizar la continuidad del trámite del proyecto, la mayor parte provendría de los congresistas de Cambio Radical, colectividad que presentó la iniciativa el 20 de julio como parte del paquete legislativo que esa organización política ha trabajado en desarrollo de las propuestas que le expuso al país en 2018, durante la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras.
Está descartado que los senadores Carlos Fernando Motoa y Fabián Castillo, así como los representantes Ángela Sánchez, Jairo Humberto Cristo y Jorge Enrique Benedetti apoyen el articulado consignado en la más reciente ponencia positiva, fechada el 27 de abril.
Incluso Motoa comentó la semana pasada que los “argumentos contra la reforma a la salud son malintencionados”, indicando que el “texto presentado en julio ha sido ampliamente socializado y discutido por todos los sectores que se sienten impactados. Queremos presentar la mejor iniciativa para el país”.
A su turno, el senador Castillo al replicar algunas “mentiras que han creado frente al proyecto de transformación a la salud”, defendió que “el ajuste al sistema no privatiza la salud. El primer objetivo de esta propuesta es que los colombianos tengan atención ampliada, pública y de calidad, garantizando el derecho fundamental a la salud consagrado en la Ley 1751 de 2015”. Agregó que tampoco “cambiará el régimen de los maestros ni ningún otro. El artículo 28 del proyecto es claro en señalar que este sigue a cargo de los regímenes de excepción como ha sido siempre”.
“Vamos a abrir más foros con la ciudadanía para que realicen propuestas. Aclaro que son más de tres años presentando propuestas para mejorar la salud”, precisó Castillo.
¿Y el resto de votos? La iniciativa fue llevada al Congreso también con las firmas de las bancadas del Centro Democrático y el Partido Conservador, por lo que se anticipa el voto favorable de sus congresistas.
En las séptimas tienen asiento los uribistas Honorio Henríquez, Gabriel Velasco, Jennifer Arias y Jairo Cristancho, y las conservadoras Nadia Blel y María Cristina Soto.
Se prevé que también acompañaría la reforma el representante por Bogotá, Carlos Eduardo Acosta, de Colombia Justa Libres.
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Sin mayoría
Como se vio, esos 12 votos (cinco en Senado y siete en Cámara) no son suficientes para aprobar la propuesta en primer y tercer debates. De hecho la alerta pasó de naranja a roja la semana pasada cuando las bancadas de los partidos de La U y Mira, integrantes de la coalición de gobierno, anunciaron su voto negativo.
A través de un comunicado, La U informó el viernes que “el diálogo es el camino al entendimiento. Escuchar a la comunidad ha sido la premisa del partido de La U. Por esta razón, en bancada hemos decidido no votar la reforma a la salud, toda vez que no soluciona estructuralmente las necesidades en salud de los colombianos, como tampoco desarrolla la Ley 1751 de 2015, que regula, garantiza y protege el derecho fundamental a la salud”.
Los congresistas de La U consideraron que “es hora de construir verdaderos consensos que garanticen la salud como derecho fundamental de los colombianos”.
Ese mismo día, el partido Mira trinó en su cuenta oficial que “después de un estudio detallado del proyecto de reforma a la salud” decidió que “no apoyará esta propuesta porque no resuelve problemas estructurales, en especial la atención oportuna y de calidad para pacientes, así como condiciones más justas para los trabajadores del sector”.
Esas bancadas aportaban cuatro votos en las séptimas: tres de La U (José Ritter López, Norma Hurtado y Fáber Muñoz) y otro del Mira (Aydee Lizarazo).
Desde el jueves, el senador López, presidente de la Comisión Séptima, había dicho que “he dado todas las garantías democráticas al proyecto de ley de reforma a la salud. A través de 10 audiencias públicas y foros, que abarcaron todo el territorio nacional, diferentes sectores de la salud hicieron críticas, sugerencias al texto inicial”.
Recalcó el congresista que “ante las numerosas críticas que recibió el informe de ponencia, los integrantes de esta Comisión presentamos más de 370 proposiciones para modificar y mejorar la ponencia inicial, por lo que nombré una subcomisión que hizo un juicioso estudio de cada una de estas propuestas”.
“Buscando transparencia para los colombianos, he convocado dos grandes foros, el 14 y 17 de mayo. Actores de la sociedad y de la salud seguirán dando sus opiniones y aportes a este nuevo informe que modifica radicalmente el articulado del informe inicial, con adiciones importantes”, anunció.
Pero el mal panorama para la reforma, que ha sido defendida por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, de manera reiterada, no termina ahí. A la suerte del proyecto podría aplicársele el corolario de la Ley de Murphy -según la cual no hay situación por mala que sea que no sea susceptible de empeorar-, porque aun en las filas uribistas hay voces que piden considerar el retiro del proyecto.
Por ejemplo, el representante por Bogotá, Edward Rodríguez, del Centro Democrático, aunque no pertenece a la Comisión Séptima de la Cámara, dijo este fin de semana: “Invito respetuosamente a Germán Vargas y Cambio Radical a retirar la reforma a la salud. La ciudadanía reclama mayor pedagogía y abrir el debate de la salud en Colombia”.
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Dicen no
Las muchas críticas vertidas sobre el proyecto hicieron que el mensaje de urgencia emitido en septiembre no fuera determinante. Aun así contando durante todos estos ocho meses con el respaldo de las bancadas oficialistas (Centro Democrático, Partido Conservador, La U, Mira y Colombia Justa Libres) e independientes (Cambio Radical y Partido Liberal) el futuro de la reforma dependía de los ajustes que se pudieran hacer.
Esa situación cambió cuando el liberalismo le dijo no a la iniciativa, incluso con los arreglos que se le hicieron. Se perdieron entonces cinco votos: Laura Fortich, Juan Carlos Reinales, José Luis Correa, Henry Correal y Juan Diego Echavarría.
Aunque solo Correa y Reinales firmaron la carta que 26 congresistas liberales (más de la mitad de los 49 legisladores de esa colectividad) le dirigieron el jueves al senador López anunciando “nuestro voto negativo”, esa ya es una posición mayoritaria de la bancada.
Para los liberales, “este proyecto no mejora las condiciones del talento humano en salud, ya que continúa permitiendo la vinculación del personal mediante las modalidades legales para el sector público o privado, es decir continúa permitiendo las contrataciones mediante OPS que desmejoran las condiciones de los trabajadores. Así mismo tratándose de trabajadores de las Empresas Sociales del Estado continúa el detrimento de sus derechos como trabajadores al no garantizar el pago de la nómina como a todo servidor público, si no por el contrario modificarles las condiciones laborales”.
Con los opositores al proyecto también estaría el representante por las comunidades afrocolombianas John Arley Murillo, de Colombia Renaciente, quien no ha rechazado rotundamente la reforma, pero al tenor de las proposiciones que hizo para mejorarla se da por hecho que tomaría la misma posición de los liberales.
Finalmente, desde hace varias semanas están fijos por el no a la iniciativa los nueve votos de la oposición, es decir de la Alianza Verde (José Aulo Polo, Mauricio Toro y Fabián Díaz), el Polo Democrático (Jesús Alberto Castilla), el partido Dignidad (Jorge Alberto Gómez), el partido Comunes (Victoria Sandino, Jairo Cala y Ómar de Jesús Restrepo) y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO (Manuel Biterbo).
Visto todo ello, la reforma está prácticamente hundida.