Rescatar la necesaria función resocializadora de la reclusión es uno de los objetivos de la reforma que presentó con mensaje de urgencia el Gobierno para humanizar y modernizar el sistema penitenciario y carcelario. El exmagistrado de la Corte Suprema Jaime Arrubla coincide en la prioridad de mejorar las condiciones de los internos, aunque advirtió que ello no debe llevar al extremo de desbordarse en otorgar libertades.

Arrubla consideró que a la par de humanizar las cárceles se requiere una política pública efectiva de educación y resocialización de los presos. Pero que también hay que hacer más establecimientos frente al fenómeno delincuencial.

El proyecto de reforma, que está a la espera de ponencia para el debate inicial en la Comisión Primera de la Cámara, tiene como principal objetivo reformar el marco normativo e institucional en materia penal y de la ejecución de las penas, con el fin de adecuarlo a los estándares constitucionales y a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, humanizar las penas y su ejecución, fortalecer un enfoque restaurativo, mejorar la eficiencia del sistema penal y avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte.

Resocializar

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opina del espíritu de la reforma que presentó el Gobierno para humanizar y modernizar el sistema penitenciario y carcelario, con énfasis en la resocialización? 

JAIME ARRUBLA PAUCAR: Estoy de acuerdo que nuestras cárceles son inhumanas, son unos centros de perdición. El que llegue allí por primera vez, sale graduado de delincuente. No hay rehabilitación, hay hacinamiento. En cárceles como El Pedregal, en Medellín, para poder dormir utilizan turnos, "pico y placa". 

Creo que con el sistema carcelario necesariamente hay que hacer algo y se necesitan políticas públicas que tiendan más a resocializar al delincuente. El problema es que la política pública no puede ser soltarlos, porque si se sueltan, qué hacemos con toda esa delincuencia otra vez en la calle. Van a salir a seguir delinquiendo. 

Entonces creo que se necesita una política pública que armonice educación, rehabilitación, resocialización y, obviamente, que esto se tenga en cuenta después de cierto tiempo que se cumpla con todas esas estrategias. 

¿Cómo se van a cumplir?, ¿quién va a estar a cargo de ellas?, ¿van a colaborar las universidades, los centros de educación para que a partir de que el recluso cumpla con esos parámetros pueda pedir los beneficios? Porque si no lo que vamos a hacer es liberar sin ton ni son y obviamente el problema de la delincuencia no se va a solucionar soltando a todos los reclusos a la calle.

ENS: El proyecto prevé que personas que sus condenas estén avanzadas en el cumplimiento, puedan solicitar salir a la calle a trabajar y regresar a dormir al penal, ¿qué piensa?

JAP: No sé qué estudios científicos tienen sobre eso, actualmente tenemos una norma parecida y es que el que cumpla las tres quintas partes de la pena puede pedir libertad condicional. Si lo que se quiere es bajar eso un poco para que pida prisión domiciliaria, cómo se va a controlar, bajo qué circunstancias, qué estudios tiene eso. O de lo contrario van a salir a delinquir más rápidamente. 

ENS: El fiscal general dice que hay un mico en el proyecto que beneficiaría a narcotraficantes, cuando se refiere al parágrafo que faculta al juez para suspender la pena a pequeños agricultores pobres que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito. ¿Usted cree que por ahí se podrían colar los ‘narcos’? 

JAP: No creo, creo que se cuelan más fácil en el tema de la paz total que en este sistema. Esa norma asimila al campesino y puede ser eficaz y efectiva. Si vuelve a su parcela y se compromete a una sustitución del cultivo y hay forma de que el Estado lo controle y que se haga así, creo que eso es beneficioso.

Distinción

ENS: Podría ser complicado diferenciar si es un campesino pobre que el cultivo ilícito apenas le da para vivir, o aquel que se lucra como eslabón del narcotráfico…

JAP: Creo que eso es algo en lo que hay que hacer una clara distinción, porque este lo entendemos como para campesinos que tienen parcelas de pancoger, pero no para el que tenga un cultivo ilícito casi que industrial para sacar cocaína y estupefacientes. 

Pero obviamente eso no sirve para el delincuente que tiene grandes cultivos dedicados a esto, ese es un traficante. 

ENS: La Procuraduría no comparte del proyecto, entre otras, que prohíbe imputar por concierto para delinquir y terrorismo cuando los hechos se presentan en manifestaciones sociales. ¿Cómo lo analiza? 

JAP: Creo que la manifestación hay que garantizarla, pero pacífica. No se puede satanizar que si un muchacho tiró una piedra o aporreó a un policía, ya es una asociación para delinquir. Creo que eso es acomodar las cosas de una manera ilegal e inconstitucional. 

Creo que al que no lo haga en forma pacífica y comete unos delitos, pues los jueces verán como los califican, pero no tienen que entrar a calificarlo desde ahora en una ley. 

ENS: El proyecto del Gobierno suprime nueve tipos penales, entre estos la inasistencia alimentaria y el incesto. ¿Lo comparte? 

JAP: El delito de incesto es casi que una moral cultural, y ponerle amenaza de pena creo que eso previene en cierta forma la comisión de ese tipo de conductas que no son de aceptación social, porque es que no está bien que entre las mismas familias se den ese tipo de uniones y se llegue a la procreación. 

Tratan de decir que en el libro de "Cien años de soledad" eso se repetía, pero eran otras épocas. Para mí, debería mantenerse en el Código Penal. 

En cuanto a la inasistencia familiar, creo que si se mete la persona a la cárcel, se podría de pronto darle la libertad si se compromete al trabajo y a cumplir con sus obligaciones alimentarias para con su familia. Pero creo que es un buen instrumento que persuade a la persona. 

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ENS: ¿Qué le falta a este proyecto para mejorar el tema carcelario o la ley penal? 

JAP: El proyecto tiene un mensaje útil y es resocializar al delincuente. Lo que creo es que eso no puede ser lo único, tenemos que hacer más cárceles y esas cárceles tienen que ser más humanitarias. 

Es que la reclusión no siempre es deplorable, para la persona sí, pero la sociedad a veces necesita que esas personas que están actuando en contra de ella misma se recluyan. Lo que pasa es que allá hay que reeducarlas, no en el delito sino en la resocialización. 

Creo que en el proyecto hay algunas cosas que son rescatables, pero faltan otras. Por ejemplo, en el sistema carcelario, hacer que las cárceles sean más humanas, más educadoras, más resocializadoras, y para eso se necesita presupuesto y se necesita pensar en las cárceles. 

Creo que el proyecto no mira sino a un lado: desocupar las cárceles, y eso no es la solución.