CUANDO EL martes 13 de septiembre del año pasado el ministro del Interior, Alfonso Prada, y la plana mayor de los congresistas del Pacto Histórico radicaron el proyecto de acto legislativo sobre reforma política en el Congreso, todo era optimismo.

Y no era para menos: la agenda gubernamental avanzaba viento en popa, sobre todo en lo relacionado con el trámite parlamentario de las iniciativas de reforma tributaria, el proyecto de presupuesto general, el Acuerdo de Escazú y la reforma a la Ley 418, marco normativo para arrancar la política de “paz total”, entre otras.

Con una coalición mayoritaria en Senado y Cámara, las presidencias de ambas corporaciones en poder del Pacto Histórico (Roy Barreras y David Racero) y todavía en la “luna de miel” con los partidos Liberal, la U y Conservador, que se habían integrado al bloque gobiernista, todo hacía prever que la iniciativa que estaba radicando Prada ese día tendría un camino despejado, incluso con miras a poder aplicarse en las elecciones regionales y locales de octubre de 2023.

La reforma planteaba temas como el financiamiento estatal de campañas; ajustes a las personerías jurídicas de los partidos con el fin de reconocerlas no solo por tener candidatos electos, sino por acreditar un mínimo de afiliados; las listas cerradas, paritarias y en  “cremallera”, es decir, con hombres y mujeres alternándose y sin voto preferente; la modificación de los estatutos de las colectividades “bajo criterios democráticos”, así como la prohibición a la Procuraduría para suspender o destituir a congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

A ello había que sumar las nuevas reglas para las coaliciones de partidos y el impulso a la equidad de género en la organización de los mismos. Asimismo, se proponía que la edad mínima para ser senador y representante a la Cámara fuera de 25 y 18 años, respectivamente, entre otros aspectos.

“Este acto legislativo busca hacer realidad las medidas para garantizar una mejor representación ciudadana, una mejor calidad en la democracia colombiana y, adicionalmente, cumplir con los acuerdos de paz”, dijo Prada entonces.

Agregó que dicha reforma se complementaba con el proyecto de modificación al Código Electoral que, junto a la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, había radicado el 8 de agosto. Esa iniciativa prácticamente repetía el mismo articulado de la aprobada en diciembre de 2020 pero que la Corte Constitucional declaró inexequible en abril de 2022, en medio de la recta final de la campaña presidencial.  

Sin embargo, en la foto de la radicación hubo un hecho que llamó la atención: aunque el Gobierno dijo que la reforma estaba concertada con los demás partidos de la coalición, solo aparecían acompañando al ministro senadores y representantes del Pacto Histórico, pero no así de la Alianza Verde, como tampoco liberales, de la U o los conservadores.

Incluso, en una circunstancia que resultaba sintomática sobre lo que podría ocurrir más adelante, congresistas verdes, así como de las bancadas de oposición e independientes, anunciaron que también radicarían –o lo habían hecho– proyectos para reformar el sistema político.

A los líderes del Pacto Histórico no les preocupó mucho esta competencia, ya que, de un lado, estaban confiados en que las mayorías de la coalición terminarían por sacar avante su reforma y, de otro, que al ser una promesa principal de campaña, a los sectores opuestos al Ejecutivo les quedaría muy mal ir en contravía de lo que más de 11,3 millones de ciudadanos respaldaron en las urnas.

Sin embargo, tan pronto como aterrizó el articulado de la reforma en el Congreso, la primera reacción de muchos parlamentarios, dirigentes de partidos y analistas fue advertir que el Gobierno no se estaba ciñendo a sus promesas electorales y que, por el contrario, se evidenciaba la intención de impulsar una modificación a la legislación electoral y política estilo “sastre”. Es decir, a la medida de sus expectativas para fortalecer al Pacto Histórico de cara no solo a los comicios regionales y locales de 2023, sino con la mira puesta en las presidenciales y parlamentarias de 2026.

La otra cara

Con esa alerta temprana ya encendida comenzó el trámite de la iniciativa en las comisiones primeras y plenarias. La meta era clara: aprobarla en los primeros cuatro debates antes de mediados de diciembre y dejarla lista para completar la segunda vuelta a partir de marzo de 2023.

Sin embargo, la viabilidad de la reforma política se empezó a complicar desde el arranque, ya que al haber otros proyectos en el mismo sentido, era necesario acumularlos y que se rindiera una sola ponencia.

Ya entonces era innegable que en el Pacto no había una posición unificada al respecto. Barreras, el principal articulador político de la coalición de centro-izquierda, empezó a mover sus fichas para fortalecer las listas únicas y bloqueadas, en detrimento de las abiertas y con voto preferente. De inmediato, la Alianza Verde prendió alarmas, recalcando que este segundo mecanismo era el más democrático y acorde para movimientos independientes.

Pero no fue el único rifirrafe. De un momento a otro, desde distintos sectores de la coalición de gobierno se le empezó a meter mano al articulado. Tanto en las comisiones primeras como en las plenarias se dieron intensos debates sobre la conveniencia o no de la financiación estatal de las campañas, ya fuera en su totalidad o parcialmente.

También empezaron a asomar propuestas controvertidas como aquella de que los congresistas pudieran ser designados ministros. Esto generó un fuerte debate dentro del bloque de centro izquierda, pues mientras algunos, con Barreras a la cabeza, defendían la utilidad de esta figura, otros señalaban que afectaba la separación de poderes y fomentaba el clientelismo.

Igual ocurrió cuando se analizaron a fondo las reglas para las coaliciones y las alianzas multipartidistas, en donde resultó evidente que cada colectividad trató de halar para su lado.

Aunque partidos como Cambio Radical y el Centro Democrático dieron la batalla contra buena parte de la reforma, lo cierto es que al ser minoría no tuvieron mayor oportunidad de un contrapeso real. De hecho, en esos primeros cuatro debates lo que comenzó a quedar en evidencia era que el Pacto Histórico iba por un lado, los verdes por otro, en tanto que liberales, conservadores y la U apoyaban unos ajustes y rechazaban otros.

Ni siquiera el tema de quitarle a la Procuraduría las facultades para suspender o destituir a funcionarios de elección popular (un punto de honor para el presidente Petro desde tiempos en que fue apartado de la Alcaldía de Bogotá) generó el consenso que esperaba el Gobierno. Más de un senador y representante advirtió que debía existir un régimen de transición o una adecuación judicial previa, dado el riesgo de que miles de procesos contra gobernadores, alcaldes, diputados y concejales quedaran en el limbo y la impunidad.

De sospechas a ‘micos’

Así las cosas, en cuestión de pocas semanas se pasó de la controversia por artículos sospechosos a hablar abiertamente de ‘micos’.

Por ejemplo, a la propuesta de listas cerradas y paritarias le colgaron un inciso que prácticamente obligaba a que en las elecciones parlamentarias de 2026 se repitiera el mismo orden de candidatos que en 2022. Los críticos, sobre todo de los verdes y partidos de centro derecha, advirtieron un intento de muchos parlamentarios por asegurarse la reelección.

El uribismo, por ejemplo, alertó que las normas sobre financiación de campañas cien por ciento estatal daban una ventaja a los partidos de gobierno en detrimento de las colectividades independientes y de oposición, ya que les restringía la posibilidad de recibir dineros del sector privado.

La reducción de la edad para ser parlamentario también generó mucha discusión. El Pacto y otros partidos defendieron la tesis de que por esa vía se permitía la renovación de liderazgos y la llegada de nuevos perfiles al Congreso. Pero los contradictores señalaron que se estaba haciendo una maniobra desde el Ejecutivo para tratar de captar el voto joven bajo la bandera del “cambio”. Además, se discutió sobre la conveniencia o no de congresistas tan jóvenes, incluso con apenas 18 años. Esta última propuesta al final se descartó, pero sí se bajó la edad para senadores.

Otro artículo catalogado de ‘mico’ fue el que abría la posibilidad de transfuguismo político, es decir, de que los congresistas y demás funcionarios electos, o que ocuparan alguna dignidad en determinado partido, se pudieran trasladar de toldas, sin sanción alguna ni estar obligados a esperar un año.

Para no pocas voces de la oposición, los independientes y partidos gobiernistas como liberales, la U y conservadores, esta propuesta escondía una evidente intención del petrismo de sonsacarles líderes a las demás colectividades con miras a las regionales de 2023 y los comicios generales de 2026.

También se puso bajo la misma lupa la propuesta de establecer en Colombia el voto obligatorio por algún tiempo. La bancada del Pacto lo impulsó, pero al final la alianza entre el resto de partidos derrotó esa posibilidad.  

En la misma línea de ‘mico’, aunque algunos la catalogaron de ‘orangután’, se ubicó la propuesta de ampliar en un año el mandato de los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales a elegir en 2027.  Incluso se alcanzó a plantear que el periodo de congresistas y el presidente también se extendiera a cinco años, lo que de inmediato obligó a la Casa de Nariño a advertir que no respaldaba esa propuesta y que el presidente Petro estaría solo cuatro años en el poder.

Otro de los temas que generaron gran controversia en esa primera vuelta de la reforma fue el relativo a limitar a tres el número de periodos que un senador, representante, diputado o concejal podría estar en la respectiva corporación. Al final de cuentas, en medio de un pulso de opiniones, la idea no progresó.

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Por último, pero no menos importante, están las polémicas en torno a cómo garantizar la democracia interna en los partidos, ya que algunas propuestas fueron consideradas como cortapisas a la selección transparente de candidatos en las colectividades y la toma de decisiones de los directorios.

No se ajustó

Visto lo anterior, si algo quedó claro durante los cuatro debates al proyecto, entre septiembre y diciembre en el Congreso, es que el Gobierno, una vez radicó la reforma, empezó a quedar un paso atrás en el ritmo de las propuestas y las adecuaciones al articulado, pese a que la mayoría fueron impulsadas por sectores del Pacto Histórico y del resto de la coalición. Asimismo, la acumulación de proyectos y la intención del ministro de complacer a todos, terminaron por configurar un texto difuso y con un equilibrismo temático disfuncional.

Es más, en varias oportunidades senadores y representantes de distintos partidos alertaron que el Gobierno perdió el control del proyecto y terminó haciendo las veces de ‘bombero’, apagando incendios creados por artículos controvertidos.

Es decir, que ante los evidentes ‘micos’, le tocó a Prada maniobrar aquí y allá para tratar de desmontarlos o morigerarlos. En algunos casos lo logró, pero en otros hubo de resignarse a decir que el Gobierno no compartía esos temas pero respetaba la autonomía parlamentaria. Incluso, en comisiones y plenarias la misma oposición les replicó insistentemente al Pacto y al ministro que la reforma que estaban sacando adelante profundizaba el clientelismo y la politiquería que el gobierno del “cambio” dijo en campaña que iba a acabar de una vez por todas.

Es más, en alguna ocasión un senador uribista alcanzó a decir que a Prada le tocaba ‘tragarse los sapos’ que le estaba creando su propia bancada. Y que lo hacía para evitar que la reforma se hundiera, sobre todo ante la fisura innegable entre sectores del Pacto, de estos con los verdes, y las reservas de liberales, la U y conservadores, que en determinado momento hicieron alianzas con otras bancadas para frenar algunos artículos.

En ese orden de ideas, al cierre de la primera vuelta fue claro para todo el país político que la reforma distaba mucho del articulado inicial y que tenía puntos claramente en contravía del discurso de “cambio” en la Casa de Nariño.

De allí que, cuando la iniciativa se aprobó en cuarto debate, en diciembre pasado, el Gobierno se comprometió a ajustar el articulado para la segunda vuelta. Incluso, Prada anunció reuniones con las distintas bancadas con ese objetivo.

Sin embargo, comenzaron la semana pasada las sesiones ordinarias y si bien hubo reuniones de Prada y Petro con distintas bancadas en enero y febrero, lo que quedó claro al comienzo del quinto debate es que el proyecto no se enderezó y, por el contrario, cargó uno que otro ‘mico’ más.

Se alertó, por ejemplo, que se estaba proponiendo que los congresistas no solo podían pasar a ser ministros, sino que se les guardaría la curul. También, que el elevar el umbral electoral de 3 a 5 % terminaba afectando a las colectividades más pequeñas en favor de las más grandes. A ello se sumó la protesta porque no se quitaron del articulado los beneficios adicionales que se darían a las listas cerradas, obviamente en detrimento de las abiertas…

Sin margen

Toda esa traumática historia terminó el jueves. Ese día, en la Comisión I del Senado la reforma se hundió.

De hecho, desde el miércoles ya en la propia Casa de Nariño se empezó a hablar de la alternativa de retirar el proyecto. Aunque algunos sectores del Pacto Histórico alcanzaron a oponerse e incluso pidieron una última oportunidad para depurar la iniciativa, lo cierto es que Petro, en una mala hora en las encuestas y con problemas de gobernabilidad en varios frentes, dio a entender que el articulado no tenía nada de “progresivo” y que era muy riesgoso para el discurso de “cambio” seguir apoyándolo. Toda una paradoja si se tiene en cuenta que Prada llevaba seis meses impulsándolo y que fue la propia coalición petrista la que impuso sus criterios en comisiones y plenarias.

Resignados, Barreras y el resto del Pacto se vieron forzados a pedirle al jefe de Estado optar por el retiro de la reforma. Prada procedió en consecuencia y así lo propuso en la Comisión I, obteniendo una votación mayoritaria.

De esta manera, el Gobierno aplicó una especie de ‘eutanasia’ a una iniciativa que era clave en este primer año de mandato. Incluso, no pocos congresistas oficialistas advirtieron que este proyecto resultaba más importante que las reformas de salud, pensional, laboral o que la propia “paz total”. Esto porque la bandera del “cambio” siempre priorizó lo político antes que otros campos.

Aunque Barreras, el resto del Pacto Histórico, el propio ministro y el jefe de Estado trataron de esquivar la culpa del primer gran fracaso legislativo de este Gobierno, no tuvieron ningún eco ni mayor credibilidad. Para el uribismo, Cambio Radical, la U, conservadores, liberales y los verdes, así como para analistas y el país político en general, es innegable que el Gobierno fue, por acción u omisión, el único culpable de este grave yerro, que viene a sumarse a un comienzo de año crítico para la Casa de Nariño, con escándalos, reveses y alertas tempranas al por mayor.

¿Y ahora? Varios analistas advierten que no solo debe analizarse lo que implica el hundimiento de esta reforma clave, sino lo que podría pasar con las otras iniciativas en curso. Ya el Gobierno se vio obligado a ‘negociar’ la de salud, tiene a los conservadores y la U poniéndole peros a la laboral, en tanto que la ley de sometimiento a la justicia generó más críticas que respaldos en una coalición parlamentaria fisurada. Un panorama que se torna más complicado porque el gabinete pareciera hacer agua y algunas problemáticas se le están saliendo de control al Ejecutivo.