La plenaria del Senado aprobó en primera vuelta la reforma al Sistema General de Regalías con el principal objetivo de incrementar un poco los recursos económicos que le corresponden a las regiones productoras de petróleo, carbón y otros minerales así como a los puertos de salida, los cuales se vieron reducidos por el Acto Legislativo número 05 de 2011.

Históricamente a las regiones productoras de minerales se les ha reconocido la mayoría de los ingresos que recibe la Nación por regalías, pues no solo en su suelo se encuentra esta riqueza sino que estas actividades generan impactos medioambientales y sociales.

Sin embargo, el Sistema fue reformado para que estos dineros beneficiaran también a las regiones no productoras de hidrocarburos, lo que hizo que los ingresos de departamentos productores como Cesar, Meta y Casanare se bajaran de un 60% a un 30%, perjudicando de paso sus inversiones en sectores clave como educación, salud y saneamiento básico.

Una de las promesas de campaña del presidente Duque fue mejorar los ingresos por regalías de las regiones productoras y para ello presentó una reforma constitucional, la cual terminó siendo acumulada con una iniciativa en similar sentido de parlamentarios de diferentes partidos.

La iniciativa establece que el 20% de los ingresos del Sistema General de Regalías será para departamentos y municipios en cuyo territorio se adelante la explotación de recursos naturales no renovables, así como los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos.

El articulado propone además que el mayor recaudo generado por la diferencia del precio, o mayor producción, con respecto al presupuesto bienal de regalías, se destinará en un 30% para mejorar los ingresos de las entidades territoriales productoras y el 70% restante se destinará para el ahorro.

El proyecto avanzó en su primera vuelta con el compromiso de que a las regiones no productoras les mantendrán los niveles de recursos.

La senadora metense Maritza Martínez advirtió que “no queremos perjudicar a los territorios que no producen hidrocarburos, simplemente queremos hacer justicia con aquellos que por la explotación reciben toda una serie de impactos sociales, ambientales y económicos que bajo el anterior sistema no se compensaban adecuadamente”.

Añadió la Parlamentaria de La U que “hoy, después de ocho años, el Gobierno nos da la razón y devuelve, lo que por derecho propio, es de los municipios y departamentos productores. Esperamos que este proyecto culmine su trámite legislativo rápidamente para que sus efectos positivos se vean reflejados en las regiones los más pronto posible”.

Por su parte el representante a la Cámara por San Andrés, Jorge Méndez, de Cambio Radical, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “frente a este tema el compromiso que hay con los autores, los ponentes, es que las regiones no productoras no iban a disminuirse. Hay una fórmula allí que es la parte que se queda como en la mitad del camino”.

Agregó el legislador que es necesario que en la segunda vuelta de la iniciativa “se dé el diseño puntual” acerca de los ingresos de las regiones productoras y no productoras. “O si no, no tiene sentido, no podemos pasar un proyecto que afecte a las regiones que representamos. Si afecta a San Andrés, obviamente no lo voy a apoyar”, aseveró.

Asimismo indicó que “hay un compromiso en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta que quede claro y garantizado para las regiones no productoras los ingresos que recibirán”.