¿Puede un gobierno de izquierda pretender $50 billones con una reforma tributaria en medio de las heridas que dejó en los contribuyentes la peor crisis económica del país producto de la pandemia y de los paros y bloqueos?

Esa es la gran pregunta que hoy se hace el país, luego de que el ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, ha venido anunciando con reserva algunos de los sectores que se van a tocar con impuestos en la nueva carta de recursos que el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, radicará en el Congreso el 7 de agosto, es decir, dentro de 15 días.

Y la pregunta que se hace el país, sobre todo los partidos políticos y gremios económicos es válida. En la mente todavía está la reforma que presentó en abril de 2021 el gobierno de Iván Duque, con el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, y que pretendía “apenas” $15,2 billones.

En la retina de los colombianos todavía está lo que provocó este proyecto, con cuatro días de revueltas y violencia, lo que finalmente forzó al presidente Duque a retirar la iniciativa y a Carrasquilla dar un paso al costado.

Claro, en ese momento la economía colombiana venía de una de sus peores caídas en 2020 con -6,8% y el déficit fiscal había trepado hasta casi el 10%.

Otro panorama

Hoy, con una economía creciendo por encima del 7%, y un descuadre que ya entró en el 5,8% del Producto Interno Bruto (PIB), con un empleo que ya recobró casi dos millones de puestos que se perdieron con la pandemia y buscando la tasa de desocupación a un dígito, el gobierno entrante es optimista para proyectar una reforma tributaria que enderece un poco las finanzas.

Además, hoy encuentra un panorama donde el dólar está empujando fuerte, hasta el punto que muchos creen que podría llegar a $5.000, y la inflación puede terminar el año en 9,7%, una de las más altas en mucho tiempo.

Juan Fernando López, docente de Administración de Empresas de la Universidad CES, dijo a EL NUEVO SIGLO que “sobre el papel este podría ser el ajuste estructural que busca el país, pero un recaudo de entre $50 y $75 billones suena descabellado. Habrá que ver la reacción de los ciudadanos una vez se presente el proyecto, pues el contexto en el que se hará será de precios altos y un dólar que parece no dar tregua”.

A todas estas, el país sufre un alza sucesiva en el costo del dinero y todo indica que el Banco de la República, elevará las tasas de referencia que le cobran al sistema financiero en 8,5%, una cifra que significa frenar un poco la demanda de créditos y controlar el consumo, como pretende el gobierno Petro.

No en vano, pese a las protestas de Fenalco y de otros gremios, es un hecho que el Día sin IVA ya no continuará, incluso el que restaba para este año.

En línea con la OCDE

El programa de Petro apuesta a un aumento de 5,5% del PIB en la recaudación de impuestos, con el argumento de poner a Colombia "de manera gradual al nivel de tributación de los países de la OCDE".

En 2020, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que está compuesta por cerca de 40 países, Colombia estaba considerablemente por debajo de la media de la OCDE. El promedio de estos países era de ingresos tributarios que representaban un 33,5% del PIB, mientras que en Colombia el porcentaje ascendía a 18,7%.

Pese a todas estas cifras, el proyecto de reforma tributaria del gobierno Petro toma forma. El líder del Pacto Histórico ha insistido en que se necesita un sistema "más progresivo y justo".

Las claves

En unas primeras declaraciones el director designado de la DIAN, Luis Carlos Reyes, dijo que la clave está en un sistema donde quien tiene más ingresos progresivamente pague más, en eliminar beneficios fiscales y luchar contra la evasión.

Asimismo, el ministro Ocampo ha explicado que la mayor carga impositiva recaería sobre "las 4.000 más grandes fortunas de Colombia", una cifra que al parecer salió de una misión canadiense de expertos que analizó el tema y concluyó que ese número de personas no estaba pagando lo que les correspondía según los ingresos.

En su momento, Ricardo Bonilla, el asesor económico de la campaña de Petro, dijo al respecto: "Hoy las personas naturales de medianos y altos ingresos no tienen completamente identificados sus ingresos, muchos están sumidos en gastos de las empresas y no tienen identificados totalmente sus activos, por lo que debe haber un trabajo de ‘depuración’. Una vez que se haga, el número podría aumentar a unos 40 mil declarantes, que son el 1% de los declarantes de renta, que son cuatro millones”.

Además, Reyes dijo que quienes progresivamente deberán pagar más son aquellos que ganan más de $10 millones por mes.

Respaldo político

A todas estas, el gobierno de Petro confía plenamente en que con el acuerdo que ha logrado con varios partidos, en el Congreso tiene las mayorías suficientes para avanzar con esta reforma, sobre todo porque algunos de sus puntos cuentan con respaldo de muchos parlamentarios, como es el caso de sus objetivos en materia de energía.

"Desmontaremos gradualmente aquellos beneficios tributarios que sin debida justificación económica y social introducen graves distorsiones a la competencia, incentivan la extracción minero-energética y privilegian primordialmente a, o son utilizados mayormente a su favor por, personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio", dice el programa de Pacto Histórico.

Al respecto, Reyes dijo que las exenciones que se eliminarán, tanto para personas físicas como para negocios, equivalen a casi el 2% del PIB del país.

Otro de los pilares en los que ha hecho reflexión Reyes, y que también está en el programa del Pacto Histórico, es la evasión. "Para que la progresividad del sistema tributario no se quede en las buenas intenciones de la letra de la ley se requiere una lucha decidida contra la evasión, y la daremos", escribió. No en vano, la evasión le cuesta a Colombia unos $17,6 billones anuales.

Dividendos y bebidas

Asimismo, en el programa del Pacto Histórico se proponía una reforma tributaria que, entre otros aspectos, se enfocara en los dividendos: que sea obligatorio declararlos y siempre tengan que pagar impuestos. Una de las propuestas que se manejó en este sentido es aumentar el porcentaje de pago por dividendos a partir del 2%, como es ahora, al 15%.

Sin embargo, este punto ha despertado inquietud en muchos empresarios y políticos. Reyes aseguró que, con la reforma que proponen, la mayoría de negocios que no tienen beneficios especiales de hecho pagarán menos impuestos.

Respecto al IVA, Bonilla insistió en que no se va a "tocar" la canasta básica y que se puede esperar más tiempo para tener una "discusión ordenada" sobre los bienes que quedan excluidos del impuesto.

Otro elemento que se suma a la discusión y que se presenta otra vez al Congreso, es el impuesto a las bebidas azucaradas. La ministra de Salud designada, Carolina Corcho, explicó que los recursos recaudados por este tributo serán destinados para la atención en salud de los menores. Señaló que “es una propuesta gradual para gravar las bebidas azucaradas y que nos van a implicar desincentivar el consumo de gaseosas y este tipo de bebidas. Eso va a tener un impacto sobre la diabetes, la hipertensión, sobre las enfermedades crónicas no transmisibles (...) además es un impuesto que descarga un porcentaje importante en salud, en enfermedades prevenibles”.

En fin, el Gobierno entrante ha esbozado lo que puede ser “su” fórmula tributaria, pero falta ver qué recibe el Congreso el 7 de agosto y, en definitiva, qué sale del Legislativo finalmente. Esta será la prueba y el pulso que dará el sector político al nuevo Gobierno y marcará su derrotero de hasta dónde puede llegar con sus reformas.