La reglamentación de las curules de paz en la Cámara de Representantes debe hacerse mediante una ley estatutaria y, de esa forma, contar con un control previo por parte de la Corte Constitucional. Así lo advirtió la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, en un concepto que envió a este Tribunal.
La procuradora general recordó que la reglamentación de los asuntos electorales tiene reserva de ley estatutaria y, por ello, está sujeta al control previo de constitucionalidad. Lo anterior, para impedir que las ramas del poder público, cuyos titulares surgen del voto popular, utilicen sus atribuciones normativas con el fin de eliminar o restringir indebidamente los derechos políticos de los ciudadanos.
Por esa razón, sostuvo que el Congreso de la República deberá expedir una nueva ley que reglamente las curules de paz para las elecciones programadas para 2026, pues el Decreto Ley adoptado el 5 de octubre de 2021 por el Gobierno nacional para regular dichos comicios es inconstitucional, por no haber sido objeto de control previo.
La jefe del Ministerio Público recordó que, según la jurisprudencia constitucional, el control previo de los decretos de naturaleza estatutaria, que por mandato de un acto legislativo puede expedir el Gobierno nacional para regular las elecciones, resulta de suma importancia, dado que sirve de mecanismo de contención para evitar que “pueda alterar en beneficio propio las normas que regulan la función electoral para desconocer los derechos de las minorías”.
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Precisó que los efectos de la inconstitucionalidad del Decreto 1207 de 2021 deberán regir hacia el futuro, pues “durante la vigencia de la norma se adelantó la elección de los representantes a la Cámara para las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para el periodo 2022-2026, cuyos resultados deben salvaguardarse en virtud del principio de seguridad jurídica”.
El Decreto 1207 de 2021 fue expedido por el anterior gobierno y contiene las disposiciones para la elección de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, en desarrollo de lo previsto en el Acuerdo de La Habana que firmó la administración Santos con la Farc, que llevó en el 2016 a la desmovilización de esa guerrilla.
En el Acuerdo de Paz se estableció que por dos congresos habrá 16 escaños en la Cámara para ser ocupados por representantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado.