“El Comité Nacional de Paro ha decidido suspender unilateralmente la interlocución con el Gobierno nacional. El Gobierno refrenda su voluntad de diálogo”, sostuvo este domingo a través de un comunicado el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.

A su vez, en otro comunicado, el Comité alegó “que el Gobierno nacional no está interesado y ha dilatado, a propósito, la negociación del pliego de emergencia” y que esa “actitud del Gobierno nos lleva a suspender la negociación y evaluar la continuidad de las conversaciones adelantadas con el Gobierno”.

Volver a sentar las partes será el reto que asumirán los mediadores Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia, y el padre Héctor Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC).

Como se sabe, las partes vienen reuniéndose desde el 16 de mayo buscando un preacuerdo para instalar la mesa de negociación del pliego de emergencia presentado en julio. Desde el comienzo estaba claro que mientras el Comité buscaba frenar la represión, el Gobierno aspiraba al levantamiento de los bloqueos.

El primer borrador estuvo listo el 24 de mayo, pero el 29 el consejero Archila planteó que, junto a otros ajustes, como mínimo el preacuerdo debía condenar los bloqueos.

Sin embargo, este domingo las delegaciones del Gobierno y el Comité acudieron al Auditorio Compensar de la 68, pero para hacer reuniones por separado. Cerca de las 7 de la noche los voceros sindicales y sociales se reunieron con los delegados del Ejecutivo para informar que declaraban suspendida la negociación del preacuerdo.

“Damos importancia al trabajo que se ha venido adelantando”, señaló Archila,

“Damos importancia al trabajo que se ha venido adelantando”, señaló Archila, reiterando que, “en todo momento, el Gobierno nacional ve en asegurar garantías de protesta pacífica una gran responsabilidad. Así hemos venido actuando y lo seguiremos haciendo”.

“Una muestra más de esto son los anuncios y decisiones que adoptó el presidente Iván Duque hoy para la transformación integral de la Policía, el fortalecimiento de la política de derechos humanos y elevar los estándares en el servicio al ciudadano”, sostuvo, agregando que desde que el presidente Duque “se reunió con el Comité, hemos estado en absoluta disposición de oírlos y, sobre todo, para trabajar respecto de los puntos que nos fueron planteados en el pliego de emergencia para llegar a acuerdos. Muestra de ello es que ya tenemos propuesta de metodología”.

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Negociación

En su comunicado, el Comité precisó que “sigue a la espera de que el Gobierno nacional acoja el preacuerdo del 24 de mayo y derogue el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social. Debe explicarse que el Gobierno nacional también dilata la negociación del pliego de emergencia. No quiere negociarlo. Hacerlo implicaría negociar peticiones que conllevan obligaciones sociales para beneficiar a millones de colombianos, que el Gobierno no quiere atender”.

El Comité dijo que se reafirma en “su condena a la violencia, su apego a la movilización pacífica y su decisión de exigir que cese el daño a la propiedad pública y privada y las acciones vandálicas de la Fuerza Pública y los particulares. Hemos sido claros, frente a los cortes o cierres de vías y así lo expresamos en el comunicado del 26 de mayo”.

Cabe resaltar que este fin de semana llegó a Colombia el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de empezar  la visita oficial a Bogotá y Cali que culminará el jueves.

En sus redes sociales, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), informó que el miércoles, a las 3 de la tarde, el Comité le entregará a la CIDH “las denuncias sobre cómo el Gobierno se ha negado a firmar el preacuerdo de garantías para la protesta social”.

Archila explicó que “lo primero que no tiene ese documento es que estén las garantías que se les deben dar a todos los colombianos de que no vamos a sufrir los bloqueos. Es decir, este documento no contemplaba todavía este punto. Si cometiéramos la equivocación, que no va a suceder, de firmar ese borrador simplemente desatenderíamos las voces de los colombianos que nos están pidiendo que no haya bloqueos. No hay ninguna razón de que eso se justifique”.

Archila anotó que en el pliego de emergencia hay siete puntos “que el Gobierno quiere trabajar: juventudes, mujeres, cómo apoyar a los más afectados por la pandemia”.

El equipo de la CIDH está liderado por su presidenta Antonia Urrejola y los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón. Con ellos están la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum; la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido; el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; y personas del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva.

El jueves, la senadora María Fernanda Cabal y los representantes Margarita Restrepo, José Jaime Uzcátegui y Juan Manuel Daza, todos del Centro Democrático, se reunieron en Washington con Reneaum y Pulido para entregar un informe sobre la violación a los derechos humanos por parte de grupos organizados que están delinquiendo en el marco del paro nacional. 

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Derechos humanos

La llegada de la CIDH coincide con el anuncio de un plan del Gobierno para reformar la Policía y su política de derechos humanos.

Duque, acompañado del ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, dieron a conocer las bases del proceso de transformación integral de la Policía, que hace énfasis en la aplicación estricta de todos los principios y protocolos de derechos humanos, la certificación de los procesos, un cambio en la imagen institucional y la modernización de la entidad, para lograr una mayor sintonía con los ciudadanos, en particular con los jóvenes.

Maltés dijo que la doctrina de la Policía hoy consiste en reprimir antes que en dialogar y que por eso cualquier reforma debe tener en cuenta principalmente la doctrina de la institución.

“La Policía debe pasar al Ministerio del Interior. No debe seguir permaneciendo en el Ministerio de Defensa. Debe quedar claro en este proceso que los policías no pueden portar armas letales durante las protestas sociales y que cualquier discusión sobre la doctrina de la Policía Nacional debe incluir al conjunto de la sociedad y no pequeños núcleos”, le dijo ayer a Blu Radio.

Por cierto que ayer mismo, durante la ceremonia de ascenso de 135 nuevos oficiales al grado de subteniente del Ejército Nacional, llevada a cabo en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, el presidente Duque exhortó a los colombianos a que al igual que como se invoca la protección de los derechos humanos, “qué importante que también se reclame de la sociedad los deberes humanos”.