LA CORTE SUPREMA podría aplazar la elección de Fiscal General si se repite el acoso violento contra ese Alto Tribunal. Así lo indicó el nuevo presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes.

En entrevista con este Diario, el jurista indicó que se debe respetar a toda costa la autonomía de la rama judicial y que cualquier presión a los jueces afecta no solo la independencia de poderes, sino la democracia.

ENS: ¿Está en peligro la autonomía de la rama judicial, luego de lo ocurrido la semana pasada con el asedio a la Corte Suprema de Justicia?

JOSÉ FERNANDO REYES: El llamado es a que definitivamente las movilizaciones y en general las manifestaciones públicas, que son absolutamente legítimas, además de necesarias, se sigan garantizando. Pero que quienes emprendan actividades de este tipo entiendan que la violencia está proscrita y que los tribunales tienen derecho a deliberar con tranquilidad.

Toda forma de querer constreñir una decisión en algún sentido limita su independencia y hace que la justicia sea simplemente un remedo de eso y no lo que debería ser al final.

ENS: ¿Considera que se debe llegar al punto de que la Corte Suprema deba suspender la elección del Fiscal hasta que se recupere el diálogo y la confianza institucional?

JFR: Creo que, si hay un momento extremo de la deliberación en que se repita algo tan tensionante como lo de la semana pasada en la Corte, sí debería pasar. Pero, por supuesto, eso está en su fuero, y en su libre discurrir y serán los magistrados quienes decidan cómo deberían deliberar. Pero opino como ciudadano, más que como magistrado, que la Corte debería, frente a un acoso violento como ese, reconsiderar la agenda de esos días.

ENS: ¿Cómo salvaguardar la capacidad y facultad deliberativa de las cortes?

JFR: Creo que el querer de los jueces es actuar sin presiones y el deber ético de los ciudadanos −todos− es respetar las decisiones de los jueces, de los tribunales, acatarlas y entender que es una función absolutamente trascendental para la vida en paz de las democracias. Lo que parte de la base de que los jueces puedan decidir con tranquilidad y absoluta independencia. Además, de que los demás poderes públicos actúen con estricto apego a esa necesidad de respetar la independencia y autonomía de los jueces.

Reforma a la justicia

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué tan urgente es una reforma a la justicia en Colombia?

JFR: Siempre ha sido urgente tocar temas que están en la agenda pública del acceso a la justicia, sobre todo en territorios alejados donde el juzgado está lejos de los centros, donde no hay abogados en ejercicio. Digamos, en donde los campesinos y la gente pobre que necesita resolver sus problemas legales deberían tener posibilidades de acceder a un juzgado de forma gratuita, que no tuvieran que pagar tantos abogados.

El acceso a la justicia en el nivel de la gente más necesitada. Esa es la urgencia que una reforma a la justicia tendría que resolver, al igual que la congestión judicial. Hay espacios atiborrados de expedientes que están tramitados por procedimientos tediosos que no dejan que la justicia funcione a un ritmo siquiera aceptable.

Pero, además, la cantidad de jueces y funcionarios resulta insuficiente. Los problemas auténticos de la justicia, como la congestión, lejanía y el letargo, son los que debe resolver una reforma, más allá de quién elige a un magistrado o quién lo postula, y cosas de ese tamaño.

ENS: Treinta y tres años después de entrar en vigencia, ¿qué aspectos de la Carta del 91 todavía están a medio camino?

JFR: Hay cosas que están muy incipientes. Es decir, sobre todo en el ordenamiento territorial y en lo relacionado con los territorios indígenas; lo que tiene que ver con relaciones de coordinación, por ejemplo, con la justicia indígena es incipiente.

En general, sobre temas que tienen que ver con participación política. Siempre hay una propuesta cada año sobre cómo debería enfrentarse el tema de los partidos, cómo garantizar una auténtica y real equidad de género. También el tema de los campesinos que pareciera que no estuvieran en la Constitución.

Todos ellos han sido temas aplazados, y no digamos desarrollados incipientemente, no. Son temas atrasados y sin respuestas. Hay que tomarse en serio la equidad de género, como hay que tomarse en serio las actitudes públicas en contra de violencia basada en género.

Estas cuestiones todavía están en veremos y creo que es hora de irlas poniendo en la discusión y la agenda.

‘Tutelitis’

ENS: ¿Colombia sigue sufriendo de la ‘tutelitis aguda’?

JFR: Sí, lastimosamente la gente siente que las puertas de los edificios no se les abren, aún hay muchas demandas que son ignoradas, no son respondidas a tiempo. Por eso solo les queda un juez que les resuelva o que, por lo menos, los escuche.

Muchas cuestiones que deberían resolverse con simples derechos de petición. La simple actitud de las EPS de entregarle medicamentos o la negación de los mismos genera que haya que resolverse el conflicto ante un juez.

Los jueces no deberían tener tantas tutelas y tantos trabajos si hubiera responsables públicos más empoderados de su función, más empáticos, más decididamente entendidos a ser servidores públicos, servidores de los ciudadanos y no personas con una autoridad que, en realidad, no existe, ya que estamos para servir a la gente.

ENS: ¿Hasta dónde la figura de “Estado de Cosas Inconstitucionales” se ha ido desgastando, visto que sigue, por ejemplo, el desplazamiento forzado y la crisis carcelaria…?

JFR: Estamos profiriendo tantos “Estados de Cosas Inconstitucionales” que la figura puede ir desprestigiándose. Porque, a pesar de que sea muy potente, el incumplimiento y el no acatamiento hace que la figura se desprestigie.

Estamos pensando en la Corte este año, con mi presidencia, mirar qué mecanismo de seguimiento, que realmente tenga dientes y sea efectivo, deberíamos ahora asumir para que esto no sea letra en papel mojado, ya que, como estamos viendo, el asunto de las cárceles, por ejemplo, es francamente es entristecedor.

ENS: ¿Ya quedaron atrás los llamados choques institucionales entre las más altas Cortes y su rol de tribunales de cierre?

JFR: Nunca ha habido choques en el sentido de que no nos podamos ver los unos con los otros. Hay ocasiones en que alguna decisión de la Corte Constitucional no le guste a otro tribunal de cierre, pero eso es natural y no es solo de aquí.

La Constitución del 78 de España empoderó a un Tribunal Constitucional, que empezó a tener alguna clase de desencuentro con el Tribunal Supremo Español, lo que dio pie para hablar de las peleas de las cortes. Aquí lo llamamos “choque de trenes”, pero, en general, es algo consustancial a los modelos de administración de justicia donde hay una Tribunal Constitucional de cierre, que tiene la posibilidad de revertir decisiones, inclusive de un Tribunal Supremo, al entender que se han violado derechos fundamentales o la Constitución.

No hablemos de “choque de trenes”, ya que siempre hemos tenido relaciones armoniosas y buenas, pero algún día que haya un desencuentro, eso pasa rápido y simplemente por la vía del diálogo encontramos una solución a posteriori.

ENS: Una de las últimas jurisprudencias de la Corte Constitucional se basa en la posibilidad de suspender la aplicación de las leyes mientras se toma una decisión de fondo sobre su exequibilidad ¿Cómo explicar esta facultad al ciudadano de a pie?

JFR: El problema con ciertos trámites legislativos es que elude el rol de la Corte Constitucional. Por ejemplo, cuando se exige que los procedimientos sean por medio de la ley estatutaria; sin embargo, lo hacen a través de una ley ordinaria, que se sustenta de una manera más fácil y más dúctil. Pero se elude que la Corte se ocupe de estos temas antes de la vigencia de las leyes.

Eso lo veníamos observando de manera reiterada. Esa elusión deliberada del trámite necesario en la Corte Constitucional generó como una especie de medida cautelar −que advertimos que no hemos usado todavía− con la que decimos que “cuando sea absolutamente evidente que hay una elusión constitucional en el trámite de la ley, la Corte podrá suspender la vigencia de la misma como una medida cautelar, mientras se tramita el proceso constitucional de inconstitucionalidad”.

Esas son medidas tomadas en casos donde fue ignorada la Constitución de una manera deliberada.

ENS: ¿Qué está esperando el ciudadano del común de la justicia y la Corte Constitucional?

JFR: Está esperando decisiones justas, decisiones ponderadas, decisiones que respeten la jurisprudencia y la Constitución, por supuesto; decisiones honestas. Creo que una de las preocupaciones más puntuales de estos últimos tiempos, a propósito de los escándalos judiciales, es que no se resuelvan temas de corrupción, sobre todo de los altos niveles.

La gente quiere jueces trabajando y jueces honestos.