La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible, es decir, declarar inconstitucional el texto que contiene de la totalidad de la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024), sancionada por el presidente de la República Gustavo Petro en julio pasado durante un evento público en Bogotá, al considerar que en la plenaria de la Cámara de Representantes se eludió el debate sobre la iniciativa al adoptarse, sin deliberación, y acoger lo aprobado previamente por el Senado de la República.
Por medio de un concepto jurídico enviado al alto tribunal, la jefe del Ministerio Público advirtió que, en la sesión del 14 de junio pasado, ante una proposición presentada de manera repentina por la bancada de Gobierno, la Plenaria de la Cámara suspendió la discusión detallada que venía adelantando y tramitó apresuradamente la propuesta de acoger el texto del Senado adoptado en segundo debate.
Según la Procuradora, aunque se habían introducido más de 60 modificaciones respecto al texto original del Senado y existían más de 500 propuestas de ajuste presentadas por las distintas bancadas, la Mesa Directiva de la Cámara dispuso que los congresistas votaran la reforma en bloque, sin la posibilidad de debatir individualmente cada uno de los 95 artículos. Este proceder, “cercenó la posibilidad de sus miembros de discutir sobre el contenido de los 95 artículos de la iniciativa”.
Además, destacó que la intempestiva presentación de la proposición para adoptar el texto del Senado impidió que los congresistas tuvieran el tiempo suficiente para consultar y analizar de forma racional las disposiciones que serían objeto de deliberación, lo que comprometió la seriedad y transparencia del proceso legislativo. La Procuradora también subrayó que las limitaciones de tiempo para intervenir (dos minutos por vocero de cada partido político), sumadas a la presión para votar rápidamente, impidieron una deliberación adecuada, especialmente en un tema tan complejo y técnico como el sistema pensional, que afecta directamente los derechos fundamentales de la población.
Asimismo, cuestionó la negativa de la Mesa Directiva de ampliar el tiempo para la deliberación y la falta de disposición para escuchar a la oposición. Aunque varios congresistas solicitaron un mayor espacio para discutir la reforma, se desestimaron esas solicitudes y se cerró el debate de manera prematura, afectando el principio democrático, que exige una discusión abierta y plural. La Procuradora destacó que, aunque en la propuesta de acoger el texto aprobado por el Senado se incluyeron una serie de afirmaciones dirigidas a justificar la rápida deliberación, “en la práctica no existieron las condiciones mínimas para adelantar una discusión rigurosa, meditada y democrática de la iniciativa en la plenaria de la Cámara de Representantes”.
En ese contexto, recalcó que los debates realizados tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes tienen el mismo peso en el proceso de aprobación de los proyectos de ley, por lo que ninguno de ellos puede ser eludido. En efecto, cada uno debe llevarse a cabo, ya que ello asegura el cumplimiento de la ‘consecutividad’ que ordena nuestra Carta Política (artículo 157). Por lo anterior, la jefe del Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la ley en su totalidad, porque se configuró un vicio que la jurisprudencia constitucional ha considerado insubsanable, al afectar un elemento estructural del trámite legislativo, que es la deliberación en cada cámara.
Cabe señalar que la misma Corte Constitucional confirmó que hasta el pasado mes de septiembre se habían admitido 11 demandas en contra de esta iniciativa gubernamental. Frente al alud de actuaciones judiciales presentadas, los magistrados de la Corte aceptaron estudiar al menos 11 de las solicitudes, que fueron clasificadas de manera que estuvieran relacionados con casos y argumentos similares sobre los cuales se fundamenta la demanda.
Como se sabe, cinco de las demandas contra la reforma fueron presentadas por congresistas de diferentes bancadas tanto independientes como de oposición. En su mayoría del Centro Democrático como Carlos Edward Osorio, Andrés Forero, Óscar Villamizar, Hernán Cadavid, entre otros parlamentarios que desde esa colectividad vienen advirtiendo principalmente que la reforma debía tener cuatro debates y se aprobó únicamente con tres discusiones, dos en Senado y una en Cámara frente a lo cual se violaron los principios de consecutividad y publicidad. Así las cosas, el alto tribunal señaló que “los reproches formulados son claros, porque los argumentos expuestos permiten comprender como la aprobación del proyecto infringió los principales principios legislativos que deben incorporarse en la discusión de este proyecto de ley, así como también la elusión del debate”.