En un plazo máximo de 10 días, el Tribunal Superior de Medellín ordenó al Consejo Nacional Electoral que se pronuncie sobre la certificación de las cuentas de uno de los movimientos promotores de la revocatoria del alcalde Daniel Quintero.

La determinación se da en respuesta a una de las 40 tutelas que se instauraron contra el organismo electoral, al igual que la Registraduría, en la que los accionantes de la demanda aseguraron que se está entorpeciendo el avance del proceso, con tal de no realizar las consultas en la capital antioqueña.

Precisamente, Andrés Rodríguez, vocero del comité promotor “Pacto por Medellín”, declaró que “las cuentas están bien, estamos seguros de que la revocatoria no está muerta; por el contrario, sigue más viva que nunca”.

Vale mencionar que Quintero en días anteriores había afirmado que este proceso en su contra no había prosperado con total éxito, por lo que señaló que era “una revocatoria muerta”.

De otro lado, la magistrada Martha Cecilia Lema Villada se declaró impedida para resolver una serie de tutelas contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional frente a la revocatoria del Alcalde de Medellín, justamente en este caso de aprobar los estados contables y convocar a elecciones.

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Hay que recalcar que la Magistrada, en su condición de ciudadana, había diligenciado una de las planillas con las que buscan revocar a Daniel Quintero del cargo que actualmente ostenta, tras ser elegido en 2019. Por ende, el Tribunal Superior local acató la decisión de Lema Villada y designó a la magistrada Martha Cecilia Ospina, integrante de la Sala Tercera, para que fuera la responsable de llevar el caso.

Dentro de las acciones de tutelas interpuestas por el comité revocatorio, manifestaron que la Registraduría avaló más de 132 mil firmas para impulsar una consulta popular en la que le preguntarán a los medellinenses si continúa o no Daniel Quintero en la Administración local.

Cabe señalar que, a inicios de este mes, el CNE decidió no archivar la investigación que adelanta sobre presuntas irregularidades en la financiación de la actividad ciudadana, ya que destacó que la Corte Constitucional ha insistido que la extensión en el tiempo de la investigación no constituye una violación del debido proceso.

Por su parte, el alcalde Quintero continúa con sus líos judiciales, ya que la Fiscalía compulsó copias para que lo investiguen por presunto abuso de autoridad.