Esta semana vence el plazo de 90 días que tiene la Fiscalía para definir qué curso tomará la investigación al expresidente Álvaro Uribe, quien fue imputado por fraude procesal y soborno a testigos: si lo llama a juicio o, por tercera vez, pide precluirla. Es uno de los procesos más importantes en las últimas décadas, porque por vez primera un ex jefe de Estado podría ser enjuiciado.

En octubre anterior, el Tribunal Superior de Bogotá negó la apelación de la defensa contra la decisión de un juez en mayo pasado, que rechazó la solicitud que por segunda vez presentó la Fiscalía para precluir la investigación, ya que no encontró pruebas de que el exmandatario hubiese intervenido para que su entonces abogado, Diego Cadena, supuestamente hiciera ofrecimientos a exparamilitares en prisión para que cambiaran su declaración en la que señalaban presuntos vínculos suyos  con grupos de autodefensa.

Tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá la investigación cambió de fiscal, reasignándola a Andrés Palencia Fajardo, delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien en estos meses ha valorado el material probatorio recolectado en los casi seis años que lleva este sonado caso. Sin embargo, no realizó más pruebas.
La investigación a Uribe comenzó en el 2018 en la Corte Suprema, pero después pasó a manos de la Fiscalía debido a que el exmandatario renunció a la curul que en aquel tiempo ocupaba en el Senado.

En dos oportunidades la Fiscalía había hecho solicitudes a distintos jueces  para archivar esta investigación por falta de pruebas: sin embargo, fueron negadas.

“Me niegan la preclusión y ordenan llevarme a juicio”, señaló el expresidente en su cuenta en la red social X en octubre pasado, cuando reiteró que no cometió ningún delito. “Ninguno de los testigos ha podido desvirtuar mi afirmación de que nunca tomé la decisión de ir a buscar presos, solo pedí que se verificara la información que me llegó. A pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio”, dijo.

¿Por qué negaron la preclusión?

El juez 41 en mayo pasado justificó su decisión de no precluir la investigación, porque considera que hay elementos probatorios de que Álvaro Uribe incurrió en los delitos de manipulación de testigos y soborno.

“Contrario a lo aseverado por el señor fiscal, sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva, descrita en al artículo 444A de soborno en actuación penal, sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”, dijo entonces la jueza 41 penal del circuito, Laura Barrera.

Señaló también la operadora judicial que “la Fiscalía no acreditó la atipicidad del comportamiento y por tanto el despacho negará la solicitud de preclusión. Esta valoración que hace el despacho no es un prejuzgamiento, no es una determinación de responsabilidad ni es una valoración de prueba que tenga incidencia en el juicio”.

En abril del 2022, la jueza 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, Carmen Ortiz, negó la petición de la Fiscalía de preclusión de la investigación, al concluir que el ente no logró demostrar la tesis de que el expresidente de la República no cometió delito y cuestionó al organismo por no realizar "una investigación rigurosa" porque, entre otras, el entonces fiscal a cargo, Gabriel Jaimes, omitió llamar a declarar a varios testigos, considerados pertinentes y que habían podido aportar más elementos para esclarecer la verdad sobre los supuestos sobornos.

El 24 de julio de 2018, la Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema abrió proceso formal contra los entonces congresistas Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada; al primero por su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, y al segundo por el delito de soborno en calidad de cómplice.

La causa contra el exmandatario fue abierta después de que la Corte archivara una denuncia que éste formuló contra el senador Iván Cepeda, acusándolo de manipular testigos en las cárceles en su contra para que lo vincularan con el paramilitarismo.

El de Juan Guillermo Monsalve, quien paga 40 años de prisión,  fue uno de los testimonios de exparamilitares que se usaron en un debate que en el año 2014 realizó Iván Cepeda en el Congreso contra Uribe, por los supuestos vínculos de este con grupos de autodefensa.

Posteriormente, Monsalve en un escrito a la Corte se retractó de lo dicho contra Uribe, pero luego rectificó asegurando que lo hizo presionado por el entonces abogado del exmandatario, Diego Cadena, quien supuestamente le habría hecho ofrecimiento de beneficios penales y económicos.