El ejercicio del periodismo, que durante décadas fue considerado un oficio de alto riesgo pero durante el gobierno de Álvaro Uribe pasó a ser una actividad “normal”, continúa, según lo demuestran las frías cifras, estando en la mira de los violentos.

 

No por algo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, Colombia, el tercer país más mortífero para los periodistas en el continente americano, se encuentra en el lugar 128, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015.

 

Aunque durante 2014 no se registraron homicidios por razón del trabajo periodístico, en lo que va corrido de este año van tres, en Huila, Caquetá y Antioquia, y una reportera de una emisora en Valledupar, cuyos móviles no han sido determinados.

 

El hecho más reciente tuvo lugar en horas de la tarde del lunes, en el municipio de Caucasia, en donde Dorancé Herrera, quien se encontraba en la vivienda de su hermana con su compañero de estudios Marlon Quiroz fue baleado por sicarios.

 

Herrera, comunicador de la Universidad de Antioquia, realizaba publicaciones ocasionales en el periódico regional “Día” del Bajo Cauca Antioqueño.

 

Pero no son solo los asesinatos, sino las amenazas, el desplazamiento forzado, las detenciones ilegales, la estigmatización o la obstrucción al trabajo, los que están atentando contra el ejercicio del periodismo y, por ende, la libertad de expresión.

 

Por ello, tanto la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, como la Defensoría del Pueblo, hacen llamados continuamente para la protección de los comunicadores.

 

La amenaza más reciente se dio en contra de Edinson Bolaños, luego de publicar un informe sobre minería ilegal en Buenos Aires, Cauca, en El Espectador, por lo que la Policía debió disponer de medidas preventivas para salvaguardar su vida e integridad.

 

Según las cifras de La Defensoría, durante 2015, la Unidad Nacional de Protección ha tramitado 123 solicitudes de comunicadores por amenazas contra su vida, 77 de las cuales han sido catalogadas con nivel de riesgo extraordinario, frente a 108 del año pasado, cuando en total fueron tramitadas 164 solicitudes de los comunicadores.

 

La FLIP, a su vez, registra 121 hechos violentos contra la libertad de expresión con 190 víctimas, incluidas las tres mortales por hechos relacionados con el ejercicio del periodismo y el de la comunicadora cuyos móviles no han sido determinados.

 

Desde 1997 a la fecha, según la FLIP, 145 comunicadores han sido asesinados en el país

 

Zonas más riesgosas

 

Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son las zonas del país en las que se han registrado más ataques a la libertad de prensa desde el 3 de mayo de 2013. En este periodo, la FLIP  ha registrado 39 ataques a la libertad de prensa en Bogotá, que representan el 13,5% de los registrados a nivel nacional. En Antioquia fueron 33 ataques, equivalentes al 11,5% del total nacional y en Valle del Cauca 22, equivalentes al 7,6%. En los tres casos, los ataques más recurrentes fueron obstrucciones al trabajo periodístico, amenazas y agresiones físicas.

 

Estos datos, sin embargo, no muestran un panorama completo de la situación, pues cada tipo de ataque representa un nivel de riesgo diferente y en cada lugar son más recurrentes diferentes tipos de agresión. Antioquia, por ejemplo, es el departamento en el que se registraron más amenazas a periodistas (17,6% de las registradas en el país), mientras Bogotá fue el lugar en el que se registraron más obstrucciones al trabajo periodístico (19%) y agresiones físicas (16,3%).

 

Con estas cifras, la FLIP hace un llamado a las autoridades de cada una de las zonas para que tomen las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de la prensa. Este llamado es especialmente importante si se tiene en cuenta que en Bogotá y Valle del Cauca la Fuerza Pública es  el principal autor de los ataques a la libertad de prensa.

 

Escenario más peligroso

 

Desde el 3 de mayo de 2013 la FLIP ha registrado 53 agresiones a periodistas durante el cubrimiento de protestas en el país, en las que resultaron afectados 89 periodistas. Estas cifras posicionan las protestas como el contexto más peligroso para el cubrimiento periodístico y evidencian la falta de garantías para realizar este trabajo.

 

El 37% de las protestas en las que se registró ataques a la libertad de prensa eran protestas campesinas, lo que se relaciona con los dos grandes paros campesinos ocurridos en agosto de 2013 y abril de 2014. Sin embargo, la FLIP ha registrado ataques a periodistas en protestas de todo tipo. Desde los grandes paros agrarios hasta las protestas ciudadanas por problemas locales, como el acceso al agua o el pago de subsidio, son situaciones de alto riesgo para los periodistas en Colombia.

 

Los ataques más reiterativos son las agresiones físicas, obstrucción al trabajo y detención ilegal. Golpes con piedras y palos, destrucción de material y de equipos son las situaciones más recurrentes en el cubrimiento de protestas.

 

“Lo más preocupante es que más del 50% de estas agresiones fueron perpetradas por miembros de la Fuerza Pública. La FLIP recuerda a las autoridades que en el contexto de las manifestaciones es su deber proteger a los periodistas y garantizar que no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados de cualquier forma para ejercer su profesión. Por supuesto, la FLIP también recuerda a los manifestantes que no deben agredir de ninguna forma a la prensa y que son ellos quienes pueden transmitir sus demandas al resto de la ciudadanía”, indicó la FLIP.