No cesa el accidentado trámite del polémico segundo proyecto de reforma al sistema de salud. Pese a ser una de las prioridades del gobierno Petro el avance de la iniciativa se encuentra, una vez más, trabado.

Por un lado, se interpuso días atrás una acción de tutela que busca obligar a que el trámite del proyecto se haga por las comisiones primeras del Senado y Cámara, esto bajo la tesis de que la reforma está impactando el derecho fundamental a la salud y, por lo tanto, el conocimiento de la misma corresponde a las células que se especializan en los temas constitucionales y no a las comisiones séptimas.

Por otra parte, la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido (Cambio Radical), insistió ayer en que hubo anomalías en la convocatoria a las sesiones extras en las que se retomó en la plenaria, hace dos semanas, el debate al articulado.

Según explicó Garrido, el respectivo decreto de convocatoria a extras fue firmado por Gustavo García, cuyo nombramiento como ministro del Interior encargado aún no estaba oficializado. Es decir, que se vició el proceso y ello podría llevar a la nulidad de todo lo actuado.

Y como si lo anterior fuera poco, la reanudación del debate a la reforma, que ayer se intentó fallidamente por parte de las toldas gobiernistas, se encuentra en vilo también porque el Ministerio de Salud no ha cumplido a cabalidad con los autos de la Corte Constitucional que ordenaron a esa cartera ponerse al día con los giros a las EPS de los dineros producto de los llamados “presupuestos máximos” y la actualización del monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Finalmente, se acusa al Gobierno de acudir a prácticas politiqueras para romper la disciplina de las bancadas parlamentarias y allanar de forma irregular apoyos a la reforma.