Una de las mayores causas de conflictividad en la capital del país es, sin duda, la imposición de fotomultas. No solo porque este tipo de comparendos automatizados por la violación de normas de tránsito se ha disparado de forma sustancial en los últimos años, sino porque la ciudadanía constantemente denuncia que la proliferación de estas cámaras de fotodetección no ha logrado cumplir su objetivo prioritario: disminuir los índices de accidentalidad vial en la capital del país.

No es un tema fácil de dilucidar. De hecho, hay una constante polémica de orden jurídico, económico, social e institucional al respecto en todo el país. Las leyes aprobadas por parte del Congreso, las reglamentaciones del Ministerio de Transporte y entidades del orden nacional anexas, así como las medidas que adoptan al respecto de manera autónoma las administraciones departamentales y municipales, sobre todo en cuanto a los contratos de concesión de este servicio, la ubicación de las cámaras y la fiabilidad de la tecnología de las mismas, han llevado a un pleito recurrente en el que, incluso, han intervenido jueces, entes de control y hasta la propia Corte Constitucional. Sin embargo, las controversias continúan a la orden del día a lo largo y ancho del territorio, mediando hasta denuncias de actos de corrupción y trampas.

Frente a todo ello, resulta positivo el proyecto de acuerdo que aprobó el Concejo de Bogotá con el fin de enfrentar esta problemática. La autora de la iniciativa que pasó a sanción del alcalde mayor, la cabildante Diana Diago, sostiene que con la iniciativa se acaba lo que denomina el “negocio de las fotomultas” en la capital. Una vez entre en vigencia la norma, será obligatorio que las autoridades informen de manera clara y pública en dónde están instaladas estas cámaras, lo que permitirá que los conductores transiten con más precaución, que es la meta principal del sistema, no el incremento de los comparendos y el ingreso económico a las arcas distritales.

De hecho, la concejala denunció que mientras en los últimos tres años aumentó en 900% este tipo de comparendos, la siniestralidad vial no disminuyó.

Aparte de informar dónde están funcionando las cámaras, se ordena divulgar de forma pertinente la clase de tecnología y sistema de detección que usan los dispositivos de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito. Igualmente, la Secretaría de Movilidad Distrital debe llevar a cabo campañas sobre respeto a las normas de tránsito. Un ‘tatequieto’ muy necesario.