El exsenador Álvaro ‘El Gordo’ García pasará las festividades de Navidad y Año Nuevo en la cárcel La Picota, en Bogotá, luego de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negara su solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento.
La decisión, con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, concluyó que “en el presente caso no resulta procedente la suspensión de la privación de la libertad”, considerando la gravedad del delito imputado. García Romero está acusado como autor mediato del delito de desplazamiento forzado, relacionado con la masacre de Macayepo, perpetrada entre el 9 y el 17 de octubre del año 2000 por el “Bloque Héroes de los Montes de María” de las Autodefensas Unidas de Colombia.
La masacre de Macayepo dejó un saldo devastador, afectando a unas 4.000 personas de comunidades rurales de El Carmen de Bolívar (Bolívar) y San Onofre (Sucre). Según las investigaciones, García Romero facilitó la incursión armada al presionar, desde su posición como senador, para que las autoridades militares omitieran actuar frente al ataque paramilitar que devastó veredas como El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo y El Floral.
Fundamentos de la decisión
Aunque García Romero, de 71 años, argumentó su avanzada edad y buen comportamiento en prisión como razones para solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento, la Sala concluyó que estos elementos no eran suficientes para contrarrestar la gravedad del delito. La Corte enfatizó que el desplazamiento forzado constituye una grave violación de derechos humanos, por lo que se requiere mantener la medida privativa de libertad para garantizar la protección de la comunidad y la justicia.
Asimismo, la Corte recordó que el impacto de los hechos atribuidos a García Romero afectó a miles de personas y destacó que la gravedad del caso exige que continúe privado de la libertad, siguiendo lo estipulado en el artículo 362 de la Ley 600 de 2000.
Contexto del proceso
La defensa del exsenador ha interpuesto múltiples recursos en los últimos años para buscar su liberación provisional. En julio de 2023, la Corte rechazó varias solicitudes probatorias y advirtió a la defensa sobre la presentación de peticiones “impertinentes y repetitivas”. Más recientemente, en junio y julio de 2024, se negó una nueva solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento, decisión que también fue apelada y ratificada.
La Sala subrayó que la naturaleza del delito, su impacto en la comunidad y las responsabilidades imputadas a García Romero justifican plenamente la continuidad de la medida de aseguramiento.