Al cumplirse tres años del fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, que cercenó a Colombia más de 78 mil kilómetros cuadrados de mar territorial en los alrededores del archipiélago de San Andrés y Providencia, varios sectores de la población de la isla se preguntaban al cierre de la semana si no ha faltado una mayor vigilancia de la Casa de Nariño sobre el nivel de cumplimiento del plan de choque de inversión social lanzado por el Gobierno tras la lesiva sentencia.
Esa fue la pregunta que se hacían ayer en los pasillos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia alrededor de la revisión, en Sala de Casación, de la sentencia que condenó al coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por casos de desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Todo hacía indicar que el fallo que revocaría la sentencia condenatoria y absolvería, en consecuencia, al alto oficial estaba casi listo y que sólo faltaban algunas puntadas finales.
“Cuál, el de la Registraduría o el real”. Esa fue la respuesta que un veterano congresista le dio a un periodista de EL NUEVO SIGLO cuando le consultó en torno de si la polémica por presuntos roces entre el Presidente y el Vicepresidente era un coletazo por el nuevo mapa político derivado de los pasados comicios regionales y locales.
Cada vez toma más fuerza en los mercados financieros la posibilidad de un alza de las tasas de interés por parte del Banco de la República, en su reunión del próximo 27 de noviembre. Aunque varios analistas consideran que ese incremento solo se daría a finales de diciembre, otros indican que será en la última semana de este mes cuando la Junta Directiva del Emisor procederá a otro incremento de 0,25 por ciento. Con ello las tasas de intervención quedarían en 5,50 por ciento.
En el Senado cada día son más las voces que consideran que en la bancada uribista se están notando cada día más que hay bloques o corrientes ideológicas, unas más radicales y otras de tono y argumentos más moderados. Si bien el expresidente y senador Álvaro Uribe mantiene un dominio sobre los criterios de sus copartidarios, hay momentos en que las discusiones internas lo desesperan a tal punto que ‘tira la toalla’ y les da cierto margen de libertad para votar o pronunciarse cada quien por su lado.
En los pasillos de la Corte Constitucional se asegura que las reacciones contra el fallo que autorizó la adopción por parte de parejas compuestas por personas del mismo sexo se están desbordando, como se ha evidenciado en las redes sociales en donde las críticas, insultos y acusaciones infundadas a los magistrados son bastantes agresivas.
Una de las principales metas gubernamentales este año tiene que ver con el nivel de ejecución presupuestal. El propio presidente Santos dijo días atrás que a octubre la ejecución ya iba en el 69% y que 14 de los 24 sectores oficiales estaban ya superando sus mejores porcentajes de los últimos 15 años.
La salud de la coalición de Unidad Nacional está “a medias”. Al menos esa fue la respuesta que dio uno de los senadores más influyentes de La U al ser consultado sobre cómo estaba la alianza parlamentaria pasado ya un poco el ‘guayabo’ dejado por los resultados electorales del 25 de octubre.
¿Por qué La U no acompañó en bloque la elección la semana pasada por parte de la plenaria del Senado del magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares. Hay tres teorías según se dice en los corrillos políticos parlamentarios.
Pese a las diferencias entre los gobiernos Maduro y Santos, hay coincidencias paradójicas en sus respectivos programas de gobierno. Por ejemplo, mientras que en Colombia se espera entregar en menos de dos semanas la casa gratis número 100 mil, precisamente en el corregimiento El Salado (Bolívar), en Venezuela la urgencia del presidente Maduro es llegar al millón de casas subsidiadas entregadas. Ya va en 800 mil y el jueves pasado dijo que si a diciembre 31 no ha completado el millón de estas viviendas, se quita el bigote.
A la decisión de la Contraloría General de investigar el destino que les dieron las termoeléctricas a los 14 billones de pesos girados en la última década por concepto de “cargo de confiabilidad”, le están surgiendo muchos interrogantes.
A la decisión de la Contraloría General de investigar el destino que les dieron las termoeléctricas a los 14 billones de pesos girados en la última década por concepto de “cargo de confiabilidad”, le están surgiendo muchos interrogantes.