¿Es viable prohibir las coaliciones partidistas en Colombia? Esa es una de las preguntas que un grupo de senadores tratará de dilucidar en la próxima semana con el fin de  ahondar la controversia generada alrededor de los resultados  de los comicios regionales y locales del pasado domingo.  Incluso un parlamentario del Polo indicó que el espíritu de la norma que abrió paso a las alianzas multipartidistas era inicialmente que dicho mecanismo solo debía funcionar para las  colectividades más pequeñas y minorías políticas, con el ánimo de equilibrar la balanza de participación política con respecto a las grandes colectividades.  “… Sin embargo lo que inició como un mecanismo de apertura democrática para minorías terminó convertido en todo lo contrario, pues si revisa el mapa de quienes ganaron las gobernaciones y alcaldías este fin de semana se evidencia que la mayoría de las alianzas multipartidistas se hicieron entre los partidos más grandes o a ellas se sumaron a última hora algunas de las colectividades pequeñas”, dijo el parlamentario del Polo que pidió mantener su nombre en reserva.

Candidatos por firmas

De otro lado también hay congresistas que consideran que debe reformarse la normatividad electoral para depurar las candidaturas de los movimientos significativos de ciudadanos, es decir, las que van respaldadas con firmas. Esto con el fin de asegurar que se trata efectivamente de alternativas políticas y no de una simple maniobra de dirigentes que de un día para otro renuncian a la colectividad en la que venían militando con el único propósito de lanzarse por cuenta propia o a nombre de otra facción política. Para ello, según conoció EL NUEVO SIGLO, se está estudiando la posibilidad de un filtro adicional a esta clase de candidaturas que consistiría en ampliar la inhabilidad para que un candidato pueda lanzarse por uno de estos movientes por firmas o trastearse de partido. El plazo, que hoy está en un año de antelación para poder cambiarse de partido, se ampliaría a dos. Es decir, que si un dirigente que ocupa una cargo directivo en un partido o fue electo a nombre de esa colectividad tendría que renunciar a la misma con dos años de antelación a la fecha de inscripción de una nueva candidatura por un movimiento por firmas o en otro partido.

Cirugía al censo

Y para terminar con las propuestas de reforma política que ya se escuchan, se sabe que se propondrá al Congreso reformar las fechas para consolidar el llamado censo electoral previo a una cita en las urnas. Según conoció EL NUEVO SIGLO, la idea  es que el censo electoral se cierre cuatro meses antes de las fecha de los comicios y se dé un mes más para el estudio de la inscripción de cédulas y, finalizado este plazo, quince días máximo para resolver las apelaciones de los ciudadanos cuya inscripción haya sido cuestionada por presunta trashumancia electoral.  De esta forma, obligatoria y taxativamente a un mes y medio de los comicios  el censo electoral estaría consolidado y se evitaría el vergonzante espectáculo que se dio en las elecciones regionales en donde a ultima hora todavía se estaban ‘reviviendo’ casi 300 mil inscripciones de cédulas que habían sido erróneamente anuladas.