Los partidos se empezaron a mover para lo que será el proceso de elección del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, como se sabe, fue anulada en la tercera semana de octubre por el Consejo de Estado debido a que en la escogencia de los nueve magistrados no se utilizó el voto público y nominal de los parlamentarios sino que éste fue secreto, lo que violó flagrantemente el régimen de bancadas e hizo imposible establecer si los congresistas cumplieron disciplinadamente con la directriz de su respectivo partido.
Puja por CNE (II)
Aunque algunos parlamentarios consideran que debe llevarse a cabo una nueva escogencia de magistrados, y que éstos deben ser distintos a los que fueron elegidos en la votación del 30 de agosto de 2010, otros consideran que el “mapa político” es el mismo que regía hace un año, pues la elección del CNE de entonces reflejaba no sólo las mayorías partidistas en Senado y Cámara sino también la integración de la coalición de Unidad Nacional que había conformado el recién posesionado presidente Juan Manuel Santos. En ese orden de ideas, lo que debería hacerse es volver a votar por los mismos nueve magistrados que, según la sentencia del Consejo de Estado, sólo estarán en sus cargos hasta el 15 de diciembre.
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Sin embargo, los parlamentarios que consideran que debe barajarse y volver a repartir en materia de candidaturas a los nueve escaños sostienen que la Unidad Nacional cambió, puesto que hace un año el Partido Verde no hacía parte de la misma y, por ende, ello cambia el “mapa político” tanto en lo que tiene que ver con las mayorías gobiernistas y los partidos que se pueden considerar como “independientes” o “en la oposición”.
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En la bancada del Polo también empiezan a analizar qué puede pasar con la votación de ese partido para escoger a los magistrados. El panorama entre los senadores y representantes a la Cámara en la toldas amarillas es muy distinto al que se registraba en agosto del año pasado. Hoy la bancada está dividida, pues si bien el partido es el único que se ha declarado oficialmente en la oposición al gobierno Santos, cuatro senadores (Camilo Romero, Mauricio Ospina, Luis Carlos Avellaneda y Jorge Eliécer Guevara) declararon una especie de disidencia interna e integraron lo que han denominado como “Oposición alternativa”. Es claro que como prima en la escogencia del CNE el régimen de bancadas, pues por más dividida que esté la bancada todos los integrantes de la misma deberían votar en el mismo sentido, o los indisciplinados se expondrían a ser suspendidos o incluso a perder la curul.
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De igual manera, en el proceso de elección que está arrancando se debe establecer cuáles parlamentarios tienen investigaciones pendientes en el CNE, pues si alguno de éstos llega a participar en la escogencia de los magistrados podría incurrir en una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades del congresista. En ese caso, los investigados tendrían que declararse obligatoriamente impedidos y apartarse de todo el proceso. Además, al ser el voto público y nominal, es apenas obvio que se puede identificar claramente si alguno de los parlamentarios investigados participó en la elección pese a estar inhabilitado.