La noticia hace una semana sobre la muerte en combate de alias Alfonso Cano en el Cauca, eclipsó muchas informaciones que se produjeron ese viernes (4 de noviembre) y el largo fin de semana, que tuvo puente festivo. Por ejemplo, la Procuraduría estuvo muy activa al cierre de la semana pasada en materia de decisiones frente al Consejo de Estado, a tal punto que, según ex magistrado del alto tribunal y que hoy funge como abogado de un ex parlamentario, nunca se había visto que en un mismo día el Ministerio Público emitiera tantas decisiones sobre congresistas investigados por el contencioso administrativo.

Racha en Procuraduría (II)

Ese viernes el Ministerio Público solicitó al Consejo de Estado que por duda razonable no eliminable, no accediera a la pretensión de pérdida de investidura que se sigue en contra de la representante a la Cámara Mónica del Carmen Anaya Anaya. La congresista, elegida para el período 2010 - 2014 por la circunscripción electoral del Magdalena, fue demandada por supuesta violación al régimen de inhabilidades por tener en el momento de la elección vínculo de parentesco, en primer grado civil, con el alcalde del municipio de Tenerife, Adolfo Guzmán del Portillo.

Racha en Procuraduría (III)

Y el mismo viernes de la semana pasada la Procuraduría solicitó al máximo tribunal de lo contencioso-administrativo negar la demanda de pérdida de investidura del representante a la Cámara Ángel Custodio Cabrera Báez por supuestamente incurrir en conflicto de interés, al haber participado y votado en la sesión del 1 de septiembre de 2009, en la que omitió informar que había sido sancionado por el Partido Cambio Radical por desconocer el régimen de bancadas. El Ministerio Público explicó que no se configuraba causal de pérdida de investidura porque la Secretaría de la Cámara certificó que el congresista no participó en la discusión y votación del recurso de apelación.

Racha en Procuraduría (IV)

Pero la racha de solicitudes de la Procuraduría no terminó allí. Ese mismo día la Procuraduría solicitó al Consejo de Estado negar también la demanda de pérdida de investidura en contra del representante a la Cámara por Magdalena, Eduardo Agatón Diazgranados Abadía, acusado de supuestamente vulnerar la causa señalada en los numerales 2 y 3 del artículo 179 y 183 de la Constitución, por considerar que en su condición de delegado de la Presidencia de la República en el Consejo Directivo de Cormagdalena pudo intervenir en decisiones que le beneficiaron.

Racha en Procuraduría (V)

Y como si fuera poco, el mismo viernes 4 de noviembre el Ministerio Público pidió a la Sala Penal proferir condena en contra del ex representante a la Cámara por Bogotá, Héctor José Ospina Avilés, por el delito de concusión, ya que fue procesado por haber exigido el 30 % del salario a algunos de los empleados recomendados en las Unidades Técnicas Legislativas, durante 13 meses. Como se ve, el procurador Alejandro Ordóñez tiene a todos sus delegados ante las altas cortes judiciales trabajando a todo ritmo, a tal punto que, como lo prueba este recuento, en un mismo día se pronunciaron sobre cuatro casos distintos de ex parlamentarios.