Cerca de un billón de pesos anuales provenientes de las regalías se están destinando para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, una cifra nada despreciable para los corruptos que tendrían en la mira este sistema. Hay quienes consideran que por esta vía podría producirse un nuevo megaescándalo.

El primer gobierno del presidente Santos promovió en 2011 una reforma al Sistema General de Regalías (SGR), de tal forma que los millonarios recursos que se obtienen por las industrias extractivas fueran distribuidos en toda Colombia, en cambio de que apenas se beneficiaran las regiones productoras, que era lo que sucedía.

No obstante, esta reforma constitucional quiso que una parte de estos recursos fueran para impulsar los sectores de ciencia, tecnología e innovación, campo en el cual el país mostraba una inversión muy inferior a la de otras naciones de la región.

Para tal fin fue creado el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCT), uno de los cinco fondos establecidos por la reforma al SGR, el cual recibe 10 por ciento de los recursos.

En el año 2013 este Fondo obtuvo 864.000 millones de pesos y en el 2014 logró 811.000 millones de pesos. Entre 2012 y 2016 le fueron asignados 3,8 billones de pesos.

Otro de los objetivos de la reforma al SGR fue combatir la corrupción, pues anteriormente los dineros eran entregados de forma directa a las regiones, pero son muchos los casos en que buena parte se perdieron en los vericuetos de la contratación o se utilizaron en obras que se quedaron sin terminar o no se necesitaba, como un velódromo en los Llanos que fue comido por la maleza sin ser utilizado.

En este sentido la Ley estableció en las regiones los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del SGR, así como de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos.

Sin embargo se han presentado varias denuncias por supuestas irregularidades en el manejo de los dineros del FCT. El más reciente de estos casos fue señalado esta semana por la Contraloría General, que encontró que en el departamento de Córdoba se habrían dilapidado 29.153 millones de pesos que fueron aprobados para diferentes proyectos.

“Se evaluaron 160.000 millones de pesos en diez proyectos y de estos 160.000 millones, se hallaron fiscales por 29.000 millones, esto equivale al 18 por ciento; sin embargo, como hay algunos proyectos en ejecución vemos que la tendencia puede llegar hasta un 28 por ciento de los recursos que terminen en hallazgos fiscales”, dijo el contralor delegado Intersectorial de Regalías de la Contraloría, Juan Carlos Rendón.

El organismo de control tiene la lupa puesta sobre varios convenios especiales de cooperación contratados por seis entidades, como la Universidad del Sinú, que en su mayoría fueron subcontratados con la Corporación de Centros de Investigación y Enseñanza Agroecológica (Ceniagroecológico), entidad fundada seis meses antes de iniciar algunos de los proyectos y liquidada siete meses después.

Baja ejecución

Los recursos de regalías se han convertido en la fuente más importante para la financiación de la inversión en ciencia, tecnología e innovación en Colombia. Es por ello que este sector se ha posicionado como el tercero de mayor inversión de los proyectos del Sistema con 2,8 billones de pesos aprobados a 304 proyectos, de los cuales 270 fueron aprobados por el OCAD del FCT al 31 de diciembre de 2015, señaló el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Sin embargo, agregó, las aprobaciones se han disminuido de forma considerable durante el bienio 2015-2016, por lo cual el FCT aún cuenta con 1,6 billones de pesos de saldo disponible para nuevos proyectos de inversión.

De acuerdo con la información reportada en los aplicativos del SGR a 31 de diciembre de 2015, el 84 por ciento de los proyectos aprobados se encuentra contratado y en ejecución, el 3 por ciento terminados y ninguno cerrado. Asimismo, cerca del 90 por ciento de los proyectos son ejecutados por los departamentos y las universidades, y el 70 por ciento de los recursos se ha contratado de forma directa (las Leyes 1150 de 2007 y 1286 de 2009 permiten la contratación directa de actividades de ciencia, tecnología e innovación, así como el régimen privado de universidades).

Luego de las 106 visitas efectuadas por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a los proyectos aprobados con recursos del FCT, “se identificaron 13 proyectos críticos a 31 de diciembre de 2015 por valor total de 245.000 millones de pesos, que presentan deficiencias técnicas, falta de sostenibilidad y/o suspensiones indefinidas, abandono o retrasos injustificados”, explica el DNP.

Otro de los problemas identificados es la baja ejecución de los recursos del FCT, como quedó plasmado en noviembre pasado en un debate de control político sobre el tema que adelantó la Comisión Cuarta de la Cámara.

En esa ocasión el representante por Casanare, Jorge Camilo Abril, del Partido Liberal, dijo que es preocupante que lo corrido en 2016, cuando solo se ejecutó el 2,2 por ciento del 3,8 billones de pesos asignados, lo que equivale al 58 por ciento del presupuesto. Así mismo, que de 10.037 proyectos aprobados de todas las fuentes del SGR, solo se han ejecutado 271 proyectos correspondientes al 2,7 por ciento de ciencia tecnología e innovación.

De igual forma, en noviembre de 2015  la Contraloría se quejó por la baja efectividad del FCT y el hecho de que “los proyectos en este campo no están siendo ejecutados por personas jurídicas y naturales idóneas y acreditadas (investigadores y grupos de investigación reconocidos por Colciencias)”.

Además los gobernadores se han quejado por la baja ejecución en este fondo, lo que en gran medida achacan a trabas en Colciencias y en las dificultades que ha habido en los OCAD para la viabilización de los proyectos, como es el requisito que los pares académicos conceptúen, y a veces esto se demora una eternidad.

Ajustes en la norma

A juicio de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC) es necesario hacer ajustes en lo que concierne a este sector a la Ley 1530, que regula el manejo de los recursos de regalías.

La directora ejecutiva de ACAC, María Piedad Villaveces, señaló, por ejemplo, que “usan la misma metodología para los proyectos de ciencia y tecnología que para los proyectos de desarrollo regional, como la infraestructura”, a pesar de las particularidades propias de los primeros.

Por ello, dijo que “tenemos a muchos investigadores con dificultades para entregar los reportes como lo quiere la Contraloría, como lo quiere el DNP porque estamos tratando temas diferentes”.

Villaveces también le salió al paso a las afirmaciones de Colciencias sobre que hay mucha plata en el Fondo, pero pocas investigaciones. “La comunidad científica no estaba acostumbrada a negociar, digamos, con las regiones. Entonces esos han sido unos pasos en donde la comunidad científica ha tenido que aprender quiénes son los actores a nivel regional, cómo son sus dinámicas, cómo son sus tiempos para presentar esos proyectos”.

La directora dijo que desde la ACAC “estamos proponiendo una modificación en la Ley 1530 para que el Congreso establezca unas normas específicas para la ejecución de proyectos de ciencia y tecnología con recursos de regalías”.

Explicó que ya presentaron al actual Gobierno una propuesta en este sentido, pero que “con las dinámicas del Congreso dice que no hay ambiente, y la tenemos ya lista para que cuando tengamos un nuevo presidente, pues lo hagamos en la primera parte de su mandato”.